Uno de los seis milanos reales, especie en peligro de extinción, que murió envenenado en el coto de Gerindote.—WWF ESPAÑA

TOLEDO.- El Juzgado de lo Penal nº1 de Toledo ha suspendido el juicio previsto este martes por el caso de envenenamiento de aves rapaces más grave de Castilla-La Mancha, ocurrido hace algo más de una década en un coto de caza situado en la localidad de Gerindote.

En aquel momento, varios agentes medioambientes y guardiaciviles del Seprona encontraron cerca de 60 cadáveres tiroteados y envenedados, entre ellos y águila real ibérica y seis milanos reales, catalogadas como especies en peligro de extinción.

También se hallaron en el coto toledano los cuerpos sin vida de otras especies protegidas, entre ellas 23 milanos negros, cinco aguiluchos laguneros y varios córvidos, además de varios perros y un zorro.

El motivo que ha llevado a la suspensión ha sido la incomparecencia de dos testigos de suma importancia, cuya declaración había sido solicitada por la acusación particular del proceso, ejercida por WWF España, SEO/BirdLife y Ecologistas en Acción.

Concretamente, han faltado a la cita los dos peritos del Instituto de Recursos Cinegéticos de Ciudad Real, quienes realizaron los análisis toxicológicos de los ejemplares muertos. Dada la importancia de sus testimonios, la magistrada ha aplazado el juicio al próximo 25 de mayo.

El representante de la acusación, Carlos Cano, ha explicado ante los medios que inicialmente no habían solicitado la comparecencia de dichos testigos debido a que el informe toxicológico se incluía en el expediente, pero como lo había impugnado la defensa, pidieron que se ratificara dicha información.

A esto se suma el hecho de que la defensa ha pedido como cuestión previa que las tres asociaciones conservacionistas no ejercieran como acusación particular, al considerar que debían ser acusación popular, algo que han rechazado tanto la jueza como la Fiscalía.

Las ONG exigen que el único acusado del proceso -inicialmente había otros dos, pero han fallecido- sea condenado a dos años y medio de prisión, así como su inhabilitación durante un año en actividades profesionales que impliquen al sector de la caza. Por su parte, el Ministerio Público ha pedido el archivo de la causa.