Águila imperial abatida en un coto.— ARCHIVO

TOLEDO.- Hace algo más de una década, se localizaron cerca 60 cadáveres de animales, entre los que se encontraban ejemplares de especies en peligro de extinción, dentro de un coto de caza. Once años después, el único de los tres implicados que sigue con vida se sienta en el banquillo de los acusados.

La provincia de Toledo acoge el próximo martes la celebración del juicio de este caso de envenenamiento masivo de aves rapaces, considerado como el más grave que ha acontecido en Castilla-La Mancha. Las organizaciones Ecologistas en Acción, SEO/Birdlife y WWF forman parte de la acusación popular.

Los hechos ocurrieron a lo largo de varias semanas de 2011 en la finca 'La Casa Nueva', un coto de caza dedicado al aprovechamiento de liebres con galgo que se encuentra en el término municipal de Gerindote, un pueblo toledano de unos 2.300 habitantes.

Allí, un grupo de agentes medioambientales y guardiaciviles del Seprona hallaron al menos unos 55 cadáveres de animales que habían sido envenenados y tiroteados, la mayoría correspondientes a aves rapaces.

Entre ellas, había seis milanos reales y un águila imperial ibérica, catalogadas como especies peligro de extinción. También se encontraron los cuerpos de otras especies protegidas, como 23 milanos negros, cinco aguiluchos laguneros y varios córvidos, además de un zorro y varios perros.

El suceso dio lugar a la suspensión de la actividad cinegética en el coto por parte de la administración provincial. Sin embargo, los ecologistas recuerdan que la medida cautelar "se mantuvo apenas unos días", permitiéndose poco después la celebración de una competición de caza con galgos, "suponiendo un riesgo para la recuperación de la población de aves en la zona".

Después de los años transcurridos, dos de los tres imputados en la causa han fallecido. El único que se podrá juzgar ahora -el guardia del coto- había sido acusado anteriormente de por un caso de envenenamiento y caza de rapaces con búho en la misma finca.

La acusación popular explica que ha conseguido mantener vivo el procedimiento en este tiempo "pese a las dificultades y retrasos que se han producido en su tramitación", como los recursos presentados por los acusados o la petición de archivo por parte de la Fiscalía de Toledo.

El juzgados, a petición de la acusación de las ONG, decidió imponer una fianza solidaria de 168.000 euros a los tres imputados por la responsabilidad civil por los daños causados a los ejemplares.

Según los datos de WWF y SEO/BirdLife, Toledo es la provincia que encabeza el número de envenenamientos de águila imperial ibérica (Aquila adalberti) en la última década y la cuarta en número de envenenamientos en el caso del buitre negro (Aegypius monachus).

Para esta última especie, el ránking lo encabeza Ciudad Real, que además es la segunda en intoxicaciones de águila imperial, según las mismas fuentes, que subrayan que esto evidencia que "Castilla-La Mancha sigue siendo una comunidad en la que la disposición de medios y aplicación de medidas contra el uso ilegal de veneno es clave para la conservación de estas especies, dada la afección que sufren por la utilización de este método ilegal de caza masivo y no selectivo".

Por ello, para estas ONG, "es urgente que la Consejería competente preste una atención mucho mayor a la erradicación del problema" y solicitan la aprobación de la revisión del plan regional sobre esta materia, la creación de una patrulla canina especializada en la detección de veneno en la provincia de Toledo y la consolidación de una Unidad de Investigación de Veneno (Unive) en toda la comunidad autónoma.