ALBACETE.- Una redada llevada a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha puesto al descubierto riegos ilegales en más de 200 hectáreas de cultivo en las provincias de Albacete y Cuenca. Extracciones de agua que pueden suponer daños al dominio público hidráulico de más de 80.000 euros y que podrían acarrear a sus responsables sanciones que alcanzarían el medio millón de euros.
Una operación que ha dado a conocer la por la propia CHJ, desde la que recuerdan que entre sus funciones se encuentra la inspección y control tanto del dominio público hidráulico como de las explotaciones de todos los aprovechamientos de aguas públicas, cualquiera que sea su titularidad y el régimen jurídico al que estén acogidos.
Así, se ponía en marcha este operativo consistente en localizar aquellas superficies que estarían en regadío sin contar con título concesional para ello. De este modo, una decena de agentes medioambientales del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos, junto al comisario de Aguas y el comisario adjunto, abriendo trapas, configurando válvulas y poniendo en marcha diversos pozos situados en las explotaciones agrarias, conseguísn descubrir varios regadíos ilegales.
Concretamente en la localidad albaceteña de Mahora se localizaban 60 hectáreas de pistacho, que estaban siendo regadas de forma ilegal; así como otras 40 de almendro y viñedo en La Gineta. Por su parte en El Peral (Cuenca), se descubrían otras 120 hectáreas de viñedo que presuntamente se estarían regando de manera irregular.
Pero además de estas parcelas, según detallan desde la Confederación, se descubrían varias plantaciones de cítricos sin concesión en los términos de Algar de Palancia, Soneja y Alfara de la Baronía, todos ellos en Castellón, que supondrían unos daños al dominio público hidráulico que rondarían los 20.000 euros.
CONTADORES MANIPULADOS
Por otra parte, en un operativo desarrollado de forma paralela, en los municipios conquenses de Villanueva de la Jara e Iniesta, se detectaban también varios contadores que presuntamente habrían sido manipulados, motivo por el cual sus titulares podrían ser acusados de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.
En este caso las sanciones serán tipificadas como graves, con multas de entre 50.000 y 500.000 euros, pudiendo además conllevar la tramitación de las extinciones de los derechos al uso del agua para estos aprovechamientos.
Y es que, recuerdan desde la Confederación, según recoge la Ley de Aguas, los titulares de las concesiones administrativas de aguas, tanto superficiales como subterráneas, así como todo el que por cualquier título tenga derecho al uso privativo de las aguas, está obligado a instalar y mantener los correspondientes sistemas de medición, que garanticen información precisa sobre los caudales de agua en efecto consumidos o utilizados y, en su caso, retornados.
Por ello la CHJ hace un llamamiento a la responsabilidad de los usuarios en su correcto uso, ya que este tipo de comportamientos fraudulentos "redundan en el perjuicio de todos", comprometiendo además la sostenibilidad y el mantenimiento de las masas de aguas subterráneas y superficiales, así como de los ecosistemas asociados a las mismas.
