ALBACETE.- La Policía Nacional de Albacete, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha desarticulado una organización dedicada a la contratación irregular de trabajadores del campo para su explotación laboral en las campañas agrícolas.
Una operación que se ha saldado con la detención de dos personas, vecinos de la ciudad de Albacete, que tras captar a ciudadanos en situación irregular a través de anuncios de solicitud de empleo en internet, les explotaban laboralmente en varias fincas agrícolas ubicadas en las provincias de Albacete y Cuenca.
La investigación que ha conducido a estas detenciones se iniciaba el pasado mes de junio, tras las denuncias presentadas por varios ciudadanos extranjeros en la comisaría albaceteña. En ellas relataban cómo habían estado realizando trabajos agrícolas en fincas de la provincia, consistentes en amontonar ajos, y que no habían recibido pago alguno por ello ni se había formalizado contrato laboral.
Los agentes pudieron constatar que los presuntos autores simulaban ser los responsables de una empresa de intermediación de servicios para realizar trabajos agrícolas, contactando con empresarios del campo, a los cuales ofrecían mano de obra para la recogida de ajos y poda.
Estas personas aportaban documentación falsa sobre su empresa, actividad laboral y situación administrativa de los trabajadores en España, y aunque los empresarios abonaban el importe del trabajo realizado a la supuesta empresa de intermediación, los acusados no entregan el dinero a los temporeros, abusando de la situación administrativa irregular y de su estado de necesidad de empleo de, al menos, 18 víctimas.
La operación ha concluido tras el análisis de los diversos informes aportados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Albacete, el de las denuncias interpuestas por las víctimas, junto con las averiguaciones realizadas, que dieron como resultado la detención de los dos presuntos autores de esta contratación irregular.
Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente junto con la abundante documentación aportada y se les atribuye los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, estafa, apropiación indebida y falsedad documental.
