TOLEDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este miércoles las siete propuestas de resolución presentadas por el grupo parlamentario socialista al debate sobre el estado de la región, que un año más ha hecho valer su mayoría absoluta para sacar adelante sus iniciativas, una de las cuales ha contado también con el respaldo de los diputados de Ciudadanos.
Medidas entre las que se encuentran un conjunto de desgravaciones fiscales y deducciones en el IRPF para paliar los efectos de la inflación y favorecer a familias y empresas, con las que se prevé llegar al 87 por ciento de la población castellanomanchega. Deducciones extraordinarias, de entre 100 y 200 euros para las rentas inferiores a los 30.000, que se suman a otras como aquellas por las cantidades satisfechas por custodia de hijos menores de 3 años en centros de Educación Infantil, que pasan a duplicar la actual hasta un tope de 500 euros; o la ampliación de las deducciones por enseñanza de idiomas a otras actividades de aprendizaje.
Tras casi catorce horas de debate, desarrolladas entre el martes y el miércoles, solo han salido adelante las propuestas de resolución socialistas, mientras que tanto que las siete de los populares y otras tantas de la formación naranja han sido rechazadas, al votar en contra los diecinueve parlamentarios del PSOE.
En concreto, la resolución socialista sobre impuestos, armonización fiscal y administraciones públicas incluye nuevas deducciones en el IRPF, mantener congelada la presión fiscal, aprobar una oferta de empleo público en 2023 que permita superar las 22.000 plazas desde 2015, plantear un nuevo modelo de financiación autonómica que sea debatido "lo más pronto posible" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y reclamar al Gobierno una reforma fiscal para adaptar el sistema impositivo a la realidad actual y evite situaciones de desigualdad entre comunidades autónomas en política tributaria.
En la resolución sobre economía, empresas y empleo, el PSOE propone elaborar una estrategia regional por y para el empleo, con horizonte 2025, centrado en los colectivos más vulnerables, reclamar al Gobierno de España más ayudas para contratar a personas con discapacidad en centros especiales de empleo, desarrollar el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha 2022-2026 y la Estrategia de Economía Social e instar al Gobierno central a compensar a las empresas del sector industrial especialmente afectadas por el incremento de los precios de la energía.
Infraestructuras, educación, sanidad e igualdad han sido otras materias en las que el grupo socialista ha presentado propuestas de resolución que han sido aprobadas, en algunos casos con la abstención de Cs y otras con el voto en contra, si bien el PP ha rechazado todas las iniciativas del PSOE.
La fiscalidad también ha sido el eje central de las iniciativas del grupo popular, que han sido todas descartadas con el voto en contra del PSOE aunque Cs se ha abstenido en algunas y ha apoyado otras.
Propuesta fiscal que salía a presentar, a falta de un pleno específico sobre la materia y en el papel de candidato a la Presidencia de la Junta, el presidente de los populares, Paco Núñez, quien comprometía sus medidas para dentro de ocho meses, en caso de que ganara las elecciones del 28M.
Medidas con las que ha defendido que se devolverían a los castellanomanchegos los 500 millones que ya han pagado "de más" por la inflación, los cuales irían "directamente al consumo".
Hoy sí -durante la intervención en la primera sesión del debate no mencionó nada al respecto, tal y como subrayaron desde el PSOE- Núñez planteaba la que ha sido en días previos al debate la medida 'estrella' de los populares, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, elevando al 99 por ciento la bonificación hasta los 225.000 euros de base liquidable.
Por su parte en el área económica, los populares han propuesto moratorias y ayudas para los autónomos y pymes que tienen un préstamo ICO y no pueden hacer frente a los plazos, así como ayudas de 3.000 euros a los autónomos que trasladen su actividad económica a Castilla-La Mancha, mayor en municipios de menos de 5.000 habitantes.
En el ámbito de la vivienda, han instado a que de forma urgente el Gobierno regional pida al nacional una normativa que contemple el desalojo inmediato de los okupas y la reforma del Código Penal para imponer a las personas que, con violencia o intimidación okupen un inmueble, penas de uno a tres años de prisión.
Además, el grupo popular ha planteado un nuevo modelo de Sanidad y Servicios Sociales "basado en la excelencia, las necesidades de las personas y el reconocimiento de los profesionales" y pide a la Junta de Comunidades elaborar de forma urgente un plan específico para disminuir las listas de espera en la sanidad, entre otras iniciativas que también han versado sobre educación.
También exige recuperar la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha en todos sus grados para que sea reconocida y abonada desde enero de 2023.
Tampoco han prosperado las propuestas de resolución de Ciudadanos, que han sugerido alcanzar con el resto de fuerzas políticas un pacto contra los efectos de la inflación en Castilla-La Mancha que aglutine medidas como un pacto de rentas o la deflactación del IRPF, así como desarrollar una estrategia de dinamización de la economía castellanomanchega con reducciones fiscales, la creación de un plan de reducción de la carga fiscal para las familias jóvenes y defender una posición política común y uniforme en la reforma del sistema de financiación autonómica.
