TOLEDO.- Menos de cuatro semanas y será el momento de que los ciudadanos hablemos en las urnas y elijamos a quienes dirigirán los próximos cuatro años los gobiernos autonómicos y municipales, el modelo de gestión y cuáles han de ser las prioridades en ellos.
Toca así ahora a su fin una legislatura para los gobiernos de doce comunidades autónomas, sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre el que ha sido -con permiso de la crisis sanitaria derivada de la pandemia y la económica propiciada por la guerra en Ucrania- uno de los caballos de batalla de algunos de estos ejecutivos: la financiación autonómica.
Gobiernos entre los que se ha encontrado el de Castilla-La Mancha, desde el que se viene reclamando desde hace años una financiación justa que permita dar cumplimiento de forma efectiva a la igualdad de oportunidades que establece el artículo 14 de la Constitución española, particularmente en lo referido al acceso a servicios públicos como la sanidad o la educación.
Y es que no es lo mismo gestionar la sanidad en grandes urbes con centenares de miles de habitantes, que hacerlo en zonas apenas habitadas, a cuyos ciudadanos también hay que garantizar el acceso, lo cual supone un coste mucho más alto.
Por ejemplo, no es lo mismo gestionar la prestación de los servicios públicos en una región como Castilla-La Mancha, con una población de 2.058.049 habitantes (según los últimos datos publicados por el INE, a fecha de julio de 2022), que residen en 919 municipios dispersos en un territorio de 79.461 km2; que hacerlo en la vecina Comunidad de Madrid, cuya población (6.825.005 habitantes) triplica la castellanomanchega, aunque se concentra en una superficie casi 10 veces menor (8.028 km2), en 179 municipios.
Así, mientras que en la primera la densidad de población apenas roza los 26 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo junto a Extremadura y Castilla y León las que menor dato presentan; la segunda cuenta con la mayor densidad de población de todo el territorio nacional, con 850 habitantes por kilómetro cuadrado.
Diferencias que se traducen en mayor gasto en el mantenimiento de centros o contratación de personal para atenderlos, por ejemplo.
De ahí que una de las reclamaciones de territorios como el castellanomanchego, caracterizado por la amplia dispersión de sus habitantes, sea la inclusión de criterios de despoblación a la hora de repartir los fondos con los que garantizar estos servicios básicos, sin que hacerlo tenga su suponer un sobresfuerzo para las arcas autonómicas.
Una asignatura pendiente de solución a nivel estatal, pero a cuyas desigualdades siguen teniendo que hacer frente las autonomías, cuyas características condicionan el gasto necesario para prestar estos servicios.
Así, por ejemplo, mientras que en la Comunidad de Madrid, que este año tiene prorrogados los presupuestos de 2022, sobre el total de 23.032 millones de euros, el gasto previsto para sanidad no llega a los 8.784 millones (aproximadamente el 38 por ciento), en el caso de Castilla-La Mancha el 36 por ciento del gasto no financiero de su presupuesto se destina a sanidad, lo que supone algo más de 3.620 millones (900 millones más que en el año 2015), del total de 12.438 millones presupuestados para este año.
Gasto en porcentaje similar, que sin embargo no representa el mismo esfuerzo para un territorio y otro, puesto que si se atiende al porcentaje sobre el PIB y el gasto por habitante, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, en relación al gasto sanitario público en el ejercicio económico 2021, la Comunidad de Madrid destinó 10.353 millones de euros, lo que representaba el 4,4 por ciento de su PIB, con un gasto por habitante de 1.536 euros; mientras que Castilla-La Mancha con 3.670 millones, que suponía el 8,7 por ciento del PIB, tuvo un gasto de 1.793 euros por habitante.
En lo que respecta al número de centros, según los últimos datos publicados por el Ministerio relativos también a 2021, mientras que en Castilla-La Mancha había 1.314 centros, de los cuales 1.111 consultorios locales y 203 centros de salud, en la Comunidad de Madrid para atender a una población mayor el número total de centros públicos era de 424, de los cuales 262 centros de salud y 162 consultorios locales.
Atención primaria a la que el pasado año se destinó en Castilla-La Mancha el 28 por ciento del presupuesto total de sanidad, más del doble que en 2015, cuando era de apenas el 13 por ciento.
Datos de un sector público que contrastan con el peso que en cada una de las comunidades tiene el sector sanitario privado, el cual en la Comunidad de Madrid representa la mitad del total.
Así, por ejemplo, mientras que en esta comunidad autónoma el número de hospitales públicos en 2021 era de 37, los de titularidad privada ascendían a 48 (33 con concierto parcial), con 14.519 y 6.701 camas, respectivamente. Por su parte en el caso de Castilla-La Mancha, con 18 hospitales públicos, eran 7 los centros privados (seis de ellos con concierto parcial), con 5.256 y 334 camas, respectivamente.
Diferencias en materia acceso a la sanidad pública que en Castilla-La Mancha desde ese mismo año también han quedado marcadas por otra ley, la de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, al garantizar que en las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación haya recursos sanitarios a menos de 30 minutos.
GARANTÍAS POR LEY
Una ley de lucha contra la despoblación que también garantiza la prestación de otro tipo de servicios en el medio rural, como la educación, garantizando la apertura de colegios rurales con al menos cuatro alumnos.
Algo bien distinto a lo que ocurrió entre los años 2011 y 2015, cuando bajo el gobierno del PP de María Dolores de Cospedal se cerraron en Castilla-La Mancha 70 escuelas rurales. Sin embargo, en este curso, en la región hay 256 núcleos de población con escuela rural, de los cuales 74 tienen once o menos alumnos.
Partida presupuestaria la de educación, a la que esta región dedica en sus presupuestos de 2023 alrededor de 2.300 millones de euros, acercándose el gasto al 5,5 por ciento del PIB regional. Un ejercicio en el que el gasto previsto por alumno supera los 7.200 euros, mientras que los gastos destinados a personal en su conjunto son de 1.586 millones.
Una partida que supera en 400 millones a la que la vecina Comunidad de Madrid destinará este año a la educación concertada (1.164.550.095 euros), frente a los 810 millones de euros acordados por el Gobierno de Castilla-La Mancha para seis cursos académicos.
La diferencia, el peso que tiene el peso de la educación concertada en una comunidad autónoma y otra. Mientras que en Castilla-La Mancha son alrededor de 140 los centros de titularidad privada con concierto educativo (incluidos los de educación especial), en la región vecina esta cifra supera los 500, frente a los 812 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y 358 institutos existentes en la Comunidad de Madrid. En Castilla-La Mancha los centros de titularidad pública en estas etapas educativas supera los 1.200.
Dos modelos de abordar la prestación de los servicios sanitario y educativo a los que separa una frontera administrativa, en cuyas prioridades y presupuestos también influyen los condicionantes demográficos y el territorio.
