La moratoria vigente en Castilla-La Mancha hasta el 31 de diciembre de 2024 prohíbe la instalación de granjas de más de 2.000 cabezas.

TOLEDO.- El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, se ha mostrado partidario definir la dimensión y el concepto de qué es una macrogranja, ya que, a su juicio, "considerar una explotación de 2.000 cabezas de animales como una macrogranja no es real, sino que es una explotación familiar, me atrevería a decir", ha precisado.

El consejero, antes de presidir este jueves en Toledo la constitución de la Comisión de Seguimiento del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC), ha respondido a preguntas de los periodistas sobre la moratoria del Gobierno de Castilla-La Mancha que prohíbe la instalación de macrogranjas de cerdos con más de 2.000 cabezas en toda la región hasta el 31 de diciembre de 2024.

Martínez Lizán ha dicho que este es un asunto al que "hay que darle solución" y "trabajar para conseguir el mejor objetivo de gestión de purines que, a la postre, es lo que entiendo que perjudica o molesta a la sociedad".

Ha indicado que ya se viene trabajando desde hace tiempo para hacer una gestión adecuada y correcta de los residuos que se generan en las explotaciones, para que de alguna manera sostenible no afecten al medio en el que se implanten.

"En ese sentido es en el que hay que trabajar, teniendo claro la dimensión y el concepto de lo que es una macrogranja" porque se considera una explotación de 2.000 cabezas como tal y "no es real", puesto que, para el consejero, es "una explotación familiar".

"En cualquier caso -ha asegurado-, lo importante es trasladar el mensaje de que la gestión de los residuos que se puedan producir en las explotaciones van a ser tratados adecuadamente para que no supongan molestias ni perjuicios al medio en el que se implanten y a la ciudadanía que hay a su alrededor", ha afirmado.

Gestión de purines que todavía en muchos casos sigue ocasionando importantes problemas y denuncias, como la más reciente realizada por la asociación Pueblos Vivos Cuenca, alertando sobre los vertidos realizados de manera incontrolada e ilegal en una parcela de la localidad conquense de Carboneras de Guadazaón, llegando a comprometer el consumo de agua al haber llegado los residuos a corrientes y superficies de agua.

Vertidos que siguen produciéndose tanto aquellos permitidos como los que se llevan a cabo sin respetar lo establecido en la normativa, que hacen que los niveles de nitratos presentes en las aguas subterráneas vayan en aumento, y ya más del 63 por ciento de estas masas de agua presenten contaminación.

Todo ello en un contexto en el que sigue vigente la moratoria para la instalación de nuevas macrogranjas porcinas en la región, aprobada en enero de 2022 por las Cortes de Castilla-La Mancha, que establecía tres años de paréntesis (está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2024) en los que no se autorizarían nuevos proyectos de ganadería extensiva que superaran las 2.000 cabezas.

Una cifra que, sin embargo, ha dado pie a que, según han denunciado de forma reiterada colectivos y vecinos de las localidades afectadas, se hayan presentado proyectos fraccionados, sorteando así los controles y la prohibición de la moratoria.

Protestas como las que protagonizaban en noviembre de 2022 en la provincia de Cuenca, para denunciar el "coladero" en el que se ha convertido esta moratoria, con el único objetivo de "querer confundir a la población".

Mientras tanto, desde el Gobierno regional se dirige la posible solución a la problemática de las macrogranjas a la gestión de los purines. Así, tal y como apuntaba el pasado mes de octubre la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, para el primer trimestre de 2024 se espera poder tener en funcionamiento un decreto que permitirá valorizar los residuos procedentes de las macrogranjas, un nuevo modelo con el que poder "cerrar el círculo" y "evitar esa sensación en general de la ciudadanía" de que este tipo de explotaciones no deben estar en Castilla-La Mancha.