TOLEDO.- Castilla-La Mancha volverá a contar el próximo año con un órgano de fiscalización propio, ante el que rendirá cuentas de su actividad económica, financiera y contable todo el sector público regional. Se resucita así un órgano que había estado funcionando durante 20 años, la Sindicatura de Cuentas, y que el Gobierno del Partido Popular de María Dolores de Cospedal decidió suprimir en 2014.
Con un cambio de denominación, puesto que ahora será la Cámara de Cuentas, se recupera este órgano de control técnico, con plena independencia en el ejercicio de sus funciones tanto organizativas como presupuestarias.
Así lo ha destacado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Blanca Fernández, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo para dar cuenta de los acuerdos adoptados esta semana por el Consejo de Gobierno.
Acuerdos entre los que se encuentra la aprobación del proyecto de ley la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, con la que desde el Ejecutivo se recupera este órgano de control, cumpliendo con el compromiso adquirido por el presidente regional, Emiliano García-Page, en el último Debate sobre el Estado de la Región, celebrado en octubre de 2020.
Fernández ha destacado como principal característica y fortaleza de este órgano que tendrá "plena independencia" en el ejercicio de sus funciones, tanto en su organización como en presupuesto, "para que pueda actuar sin ningún tipo de interferencias, con absoluta objetividad, eficacia y transparencia, en su función de fiscalización".
Labores que tras la desaparición de la Sindicatura de Cuentas fueron asumidas por el Tribunal de Cuentas, y que ahora Castilla-La Mancha va a recuperar ofreciendo si cabe, "mayor tranquilidad a la ciudadanía".
En este sentido, la portavoz regional ha señalado que "el dinero público hay que mimarlo" y es con ese objetivo con el que se ha apostado por recuperar este control autonómico que desapareció en la época de Cospedal.
De este modo, Castilla-La Mancha se convertirá en la decimotercera comunidad autónoma en contar con un órgano de estas características, sumándose así a Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Baleares, Madrid, Castilla y León, Asturias y Aragón.
OBLIGACIÓN "AUTOIEMPUESTA"
La nueva Cámara de Cuentas dependerá de las Cortes de Castilla-La Mancha, respondiendo a la obligación que se ha "autoimpuesto" el Gobierno regional con el objetivo de que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que "el dinero público se gasta bien, cumpliendo siempre los criterios y principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia".
Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno el proyecto de ley, este ya ha sido remitido al Parlamento regional para su aprobación. Desde el Ejecutivo confían en que se aprobará y entrará en vigor antes de que finalice el año, de modo que el órgano se recuperará de cara a 2022.
A partir de ese momento, deberá someterse a la fiscalización de este órgano todo el sector público de la región, desde las propias Cortes a la Administración regional, pasando por todos sus organismos autónomos, así como todas las sociedades integrantes del sector público regional, que van desde las entidades locales al Consejo Consultivo o la propia Universidad de Castilla-La Mancha, ha detallado Fernández.
Pero además, también podrá estar sometida a la fiscalización de este órgano de control cualquier persona física o jurídica que pueda recibir una subvención o una ayuda pública emanante del presupuesto de la Junta; las empresas adjudicatarias de contratos o los partidos políticos en la parte correspondiente a las subvenciones o asignaciones por gastos electorales que proceden de dicho presupuesto.
Se trata, ha subrayado la portavoz regional, de "recuperar un órgano de fiscalización no solo para las cuentas autonómicas, sino para el conjunto de la Administración" de Castilla-La Mancha.
Pero entre las funciones de la Cámara de Cuentas no solo estará la fiscalización, sino que también se contempla el asesoramiento a las Cortes en materia económico-financiera y contable, e incluso al propio Gobierno por conducto parlamentario. Además, ha detallado Blanca Fernández, podrá instruir procedimientos por delegación del Tribunal de Cuentas y promover la transparencia, haciendo propuestas de mejora para que esta sea cada vez mayor en la Comunidad Autónoma y que la integridad de la gestión de los recursos públicos no se encuentre en ningún momento en peligro. Todo ello, ha precisado la portavoz, "en coordinación y colaboración con el Tribunal de Cuentas".
Respecto a la organización interna de la Cámara de Cuentas, el proyecto de ley prevé que cuente con una Presidencia, cuya persona titular será elegida por el Pleno de las Cortes, en primera votación por tres quintos y en segunda por mayoría absoluta. De este modo, se pretende "forjar el consenso" en la Cámara autonómica, para "garantizar esa autonomía e independencia".
Para este cargo se deberá cumplir el requisito de contar con titulación académica superior, tener reconocida competencia y más de seis años de experiencia profesional. El mandato será de seis años, renovable una única vez por otros seis.
Además del presidente o presidenta, la Cámara de Cuentas dispondrá de un máximo de cuatro auditores o auditoras, que serán nombrados por la Presidencia, entre profesionales de titulación académica superior, a los que también se exigirá como requisito una experiencia profesional de seis años, y con criterios de paridad.
Respecto al presupuesto que tendrá este órgano que ahora se recupera, Fernández ha señalado que será "muy austero", al contar únicamente con cuatro auditores más la Presidencia, a los que sumará personal de refuerzo de la Administración regional para contribuir a las labores administrativas.
