TOLEDO.- La tramitación del segundo proyecto de presupuestos para este año del Gobierno de Emiliano García-Page da sus primeros pasos. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha registrado hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha las nuevas cuentas y confía que estén aprobadas para el 31 de agosto. Un plazo en el que también se ha contemplado la posibilidad de que el PP enmiende el proyecto en su totalidad.
Un nuevo proyecto de presupuestos cuantitativamente "muy similar" al presentado hace unos meses y que fue rechazado por Podemos y PP el pasado 7 de abril, aunque con un montante total "ligeramente superior" ‑8.941 millones‑, como consecuencia de tener mayor información en materia de ingresos propios y finalistas respecto al momento de presentación del proyecto inicial.
Una segunda tentativa de contar con presupuestos para este 2017 que se materializa tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Page y la formación morada, que por sorpresa se 'reencontraban' hace una semana tras meses de insultos, reproches y acusaciones desde un lado y otro, tras el voto en contra sin previo aviso a las cuentas regionales ya pactadas.
Un momento al que se llegaba entonces también con un acercamiento, pero al que había precedido también el desencanto, el "desenamoramiento", como reconocía el propio secretario regional de Podemos, José García Molina, quien daba meses antes por muerto y enterrado el pacto de investidura que facilitó la llegada de Emiliano García-Page al Gobierno. Un "enamoramiento" que, como ya apuntaba el líder de Podemos en junio de 2015, tenía "vocación de permanencia"; y aunque con sus altos y sus bajos, les ha llevado ahora a reencontrarse.
Entonces, para esa "boda civil" firmada ante notario no se habló "ni de sillones ni de reparto de poder", como declaró García Molina, algo que sí ha sido necesario dos años después para que ambas partes se hayan decidido a olvidar el pasado y no mirar atrás ‑a pesar de todo lo que se han dicho y echado en cara‑.
Estos nuevos presupuestos crecen así respecto a los de 2016 un 6,2% (tres décimas más que los planteados hace unos meses), con una variación total de 21 millones, y con los que se confía cumplir no sólo con el objetivo de déficit, fijado en el 0,6%, sino con el de deuda, marcado en el 35%, sino también con la regla de gasto.
Un proyecto en el que se actualizan las cifras de previsión de crecimiento para éste y para el próximo ejercicio, situándolas en el 3% para 2017 y en el 2,6% para 2018, manteniendo la prudencia respecto a previsiones aún superiores realizadas por otros organismos.
Unos presupuestos que deben permitir "seguir avanzando en la recuperación", aprovechando los "vientos favorables" de la economía, consolidando los resultados que ya se están produciendo.
Ruiz Molina ha detallado que este proyecto de presupuestos contempla un ahorro neto positivo de más de 70 millones, unos ingresos corrientes superiores al gasto, que permitirán hacer inversiones sin necesidad de acudir al endeudamiento.
5.020 MILLONES PARA GASTO SOCIAL
Un presupuesto que "consolida el gasto social", al que se destinará el 70% del gasto no financiero, en su conjunto 5.020 millones, lo que supone un incremento del 4,3% respecto al presupuesto de 2016 incluyendo las modificaciones realizadas; 205 millones más que dan "un plus" al gasto social respecto a las cuentas inicialmente planteadas.
De este modo, ha detallado el consejero, en estos dos años de Gobierno, con los ajustes planteados con este presupuesto de 2017, diariamente se habrán destinado 13,7 millones al estado del bienestar, en su conjunto 520 millones más para recuperarlo, lo que supone un 11,7% más respecto a lo presupuestado en 2015.
En este sentido, Ruiz Molina ha destacado la novedad que supone el Plan Integral de Garantías, por importe de 120 millones, que representa "la unificación de muchas políticas que venía desarrollando el Gobierno", y que permitirá garantizar una renta "a través de los planes de empleo o de ayudas sectoriales".
Dentro del gasto social, el consejero ha querido subrayar el "esfuerzo" que se va a realizar en materia de infraestructuras de carácter social, relacionadas con la educación, la sanidad y los servicios sociales, destinando 88 millones para ellos, lo que supone un incremento del 35% respecto a 2016, contando con 22 millones adicionales dirigidos a dotar de las infraestructuras necesarias a los servicios públicos.
En relación a quienes prestan directamente dichos servicios, los empleados públicos, Ruiz Molina ha recordado que este segundo presupuesto de 2017 contempla el 1,5% de recuperación de la 'tasa Cospedal' ‑que espera poder hacer efectiva "de forma más o menos inmediata una vez aprobados los presupuestos"‑, así como los atrasos del 1% desde el mes de enero que se abonarán con la nómina de julio.
La aprobación de este nuevo proyecto de presupuestos posibilitará también la aprobación de ofertas públicas de empleo, con 8.400 plazas para Educación y Sanidad, y un plan de choque en materia de personal en servicios sociales, que permitirá agilizar la tramitación de los expedientes de Dependencia.
Los otros 2.000 millones de gasto no financiero se dedicarán al desarrollo de políticas destinadas al crecimiento económico y la generación de riqueza, con un gasto diario de 5,5 millones, ha precisado el consejero. "Cuanto más riqueza seamos capaces de generar", mayor será la parte que "se podrá redistribuir".
59 MILLONES DE MODIFICACIONES
Y aunque desde el Ejecutivo se mantiene básicamente el presupuesto presentado inicialmente para 2017, han sido necesarias algunas modificaciones técnicas y otras "producto de la negociación". Modificaciones que por valor de 59 millones, que si bien no son relevantes "en lo cuantitativo, sí lo son en lo cualitativo", ha apostillado.
En este sentido Ruiz Molina ha desgranado que, fruto de esa negociación, se han incrementado las partidas de agricultura ecológica en 18 millones; se ha introducido una partida específica de compensación para los agricultores afectados por ZEPA de 6,3 millones; y se dota una partida de 2,5 millones para el sellado del amianto en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia.
Asimismo se incorpora al texto, aunque no tiene reflejo en cifras en este presupuesto, la contratación de los interinos de Educación por años completos, del 1 de septiembre al 31 de agosto, garantizando así que a partir del próximo año no serán despedidos durante los meses de verano. Esto supondrá, ya en el presupuesto de 2018, una partida de 24 millones.
En materia económica el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado la creación de una partida para la recuperación de poblaciones en situación de declive económico, como por ejemplo Talavera de la Reina, dotada con 2 millones; y otra partida de 3 millones para zonas afectadas por el despoblamiento.
Otra de las novedades que incorpora este segundo proyecto de presupuestos de 2017 es una partida de 9 millones, procedentes del 0,7% del impuesto de la renta de las personas físicas que, a partir de ahora y tras una sentencia del Tribunal Constitucional, deben ocuparse de gestionar las comunidades autónomas.
Asimismo, ha apuntado Ruiz Molina, las partidas de cooperación al desarrollo se incrementan hasta los 2,8 millones.
300.000 EUROS MÁS PARA LA FUNDACIÓN IMPULSA
En materia de Cultura, el titular de Hacienda ha destacado la incorporación a estos presupuestos partidas para trabajos en el Parque Arqueológico de Carranque y para el Conservatorio de Mota del Cuervo; pero también una partida de 300.000 euros para la Fundación Impulsa ‑organismo que fue objeto de intensa polémica durante la tramitación anterior del presupuesto‑, la cual mantendrá "sin alterar" su presupuesto.
Esta partida se destinará a iniciar los trabajos para la futura instalación en Castilla-La Mancha de la colección de Roberto Polo, "con independencia de la posterior constitución de la fundación" que se ocupará de su gestión.
Por otra parte, Juan Alfonso Ruiz Molina ha subrayado que este proyecto de presupuestos tiene "exactamente el mismo testo legal" que el presentado inicialmente, y que por tanto no precisa un nuevo informe del Consejo Consultivo. Del mismo modo ha asegurado que, como tampoco hacía el anterior, este proyecto "no incluye ninguna modificación tributaria".
