Las últimas declaraciones públicas y actuaciones por parte de destacados cargos del PP en la región dan pistas de por donde se van a situar las intenciones de los conservadores con respecto al Plan de Empleo que el Gobierno de García-Page quiere aprobar este martes.
Hace unos días podíamos ver como el presidente de la Diputación de Cuenca, el ‘popular’ Bejamín Prieto, llegó a increpar hasta en tres ocasiones al portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, cuando este se disponía a explicar la importancia del Plan de Empleo que se va a implantar en la región.
Pero eso era solamente un anticipo, puesto que esta mañana el espectáculo venía de la mano del portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, cuando ha asegurado que lo que va a hacer el Ejecutivo regional con este Plan de Empleo es “poner en riesgo que se creen 100.000 empleos".
El ‘popular’ ha criticado el hecho de que la Junta esté pidiendo que las diputaciones se impliquen económicamente en este proyecto que creará –según estimaciones del Gobierno- 60.000 puestos de trabajo. "Han enviado un documento a las diputaciones para pedirles 50 millones de euros para el Plan de Empleo".
Pero los intentos de los conservadores por crear un alto nivel de crispación no han acabado ahí, puesto que el portavoz de los ‘populares’ ha llegado a manifestar que el Gobierno de García-Page "lo único que va a poner es la cara".
Sobre este asunto ha tenido incluso que intervenir el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha hecho un llamamiento a la corresponsabilidad, por lo que ha pedido a todas las instituciones, “sean del color político que sean”, que no pongan trabas al Plan y que se sumen al mismo.
“Me gustaría reclamar a todas las instituciones que no se dejen llevar por el sectarismo. Si hay presidentes de las diputaciones que no se suman deben saber que condenan a sus ayuntamientos y a sus desempleados a una mayor dificultad”, ha indicado. Y es que una diferencia en la aportación de fondos que le corresponde a cada Diputación, que no se hace a cinco partes iguales sino en función de la tasa de desempleo que tiene cada provincia, supondría una mayor aportación de los ayuntamientos, e impediría una implementación similar y justa en todos los territorios como pretende este Plan.
