TOLEDO.- Los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha han encontrado en su nómina del mes de octubre el incremento retributivo del 1,75 por ciento correspondiente al ejercicio 2018.
Se trata del máximo autorizado en materia de retribuciones por los Presupuestos Generales del Estado, que entraron en vigor el pasado mes de julio, del cual el 1,5 por ciento es con efecto desde el 1 de enero, mientras que el restante 0,25 por ciento se suma con efecto desde el 1 de julio.
Incremento de las retribuciones que también se realizaba en los ejercicios 2016 y 2017, cuando los empleados públicos percibieron el máximo incremento retributivo permitido por la legislación en estatal.
Una subida que se suma a la que desde el pasado mes de enero están percibiendo los más de 70.000 empleados públicos de la Junta de Comunidades, correspondiente a la recuperación de las retribuciones que les fueron suprimidas en 2012, cuando Castilla-La Mancha fue la única comunidad autónoma en aplicar ese recorte bajo el gobierno de la popular María Dolores de Cospedal.
Un 1,5 por ciento con el que, recuerdan desde la Junta en un comunicado, los empleados públicos recuperaban la totalidad de la merma retributiva aplicada durante la anterior legislatura, y que ascendía a un 3 por ciento, habiendo recuperado el otro 1,5 por ciento unos meses antes, recibiéndolo en sus nóminas a partir de octubre de 2017.
Junto a ello, tal y como se acordó con los sindicatos en el pacto suscrito en febrero de 2016, los empleados públicos recibirá medio punto adicional en 2019.
MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN
En este sentido, desde el Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page, subrayan las numerosas medidas adoptadas desde julio de 2015 para recuperar las condiciones laborales y retributivas que les fueron arrebatadas a los empleados públicos durante la pasada legislatura. Medidas entre las que se encontraba la devolución de la totalidad de la paga extraordinaria que les fue suprimida en 2012.
Paga extraordinaria, cabe recordar, que también han intentado recuperar vía tribunales distintos altos cargos del Gobierno del Partido Popular, a pesar de ser ellos mismos quienes la suprimieron para todos los empleados públicos de la Junta de Comunidades. Un intento fallido no obstante, puesto que la justicia les ha aclarado que no tienen derecho a reclamarlo.
Y es que tanto la recuperación de las retribuciones que les fueron suprimidas en 2012 como la de la paga extraordinaria que dejaron de percibir ese mismo año, eran dos de los puntos incluidos en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno regional y los sindicatos para recuperar los derechos perdidos.
Desde la Junta de Comunidades destacan el importante esfuerzo presupuestario que ha sido necesario para poner en marcha estas actuaciones, ya que el capítulo dedicado a gastos de personal se ha incrementado en 362 millones en lo que va de legislatura, casi un 13 por ciento.
A pesar de los avances ya hechos, desde el Ejecutivo castellano-manchego se comprometen a seguir aprobando otras mejoras en el ámbito de la Función Pública, como la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los empleados públicos, que será efectiva a partir del 1 de enero de 2019.
