TOLEDO.- El Consejo de Gobierno ha tomado en conocimiento el proyecto de ley de microempresas cooperativas y economía social, con la que se pretende dar respuesta a la realidad existente en Castilla-La Mancha, de su tejido empresarial en general y del sector de la economía social en particular. Un documento sobre el que ha informado en rueda de prensa la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, quien ha destacado la importancia de este sector en la región.
Un sector que cuenta con más de 2.000 empresas que emplean en Castilla-La Mancha a 16.400 personas. De estas empresas el 62% son cooperativas, las cuales generan el 76% del empleo.
Con esta nueva ley, el Ejecutivo castellano-manchego quiere dar un impulso al sector, desarrollando dos fórmulas cooperativas: la microempresa cooperativa y la cooperativa rural. Ambas planteadas por la ley de cooperativas regional en 2010 -surgida entonces para adaptar el modelo de economía social y cooperativas a la normativa europea, sustituyendo a la de 2002-, pero hasta ahora no desarrolladas. Y es que, aunque en 2011 se dejó sobre la mesa un borrador de nueva ley, el anterior Ejecutivo no fue capaz de desarrollarlo en consenso con el sector.
Así, en lo que se refiere a la microempresa cooperativa, la nueva ley flexibiliza el número de socios o el de contrataciones, simplifica el funcionamiento y facilita la constitución de la sociedad, con solo un 50% de aportación de capital, ha detallado la consejera. Medidas orientadas a dar mayores facilidades a este tipo de empresas de trabajo asociado y que generan empleo de calidad.
Por otra parte, Castilla-La Mancha es pionera en lo que a la figura de la cooperativa rural respecta. Recordaba la consejera que en la región hay localidades en las que la cooperativa su "pulmón" y en torno a ellas se articula la economía del municipio. Por ello, desde el Ejecutivo regional se plantea en este proyecto de ley darles un nuevo impulso, permitiéndoles que aglutinen más sectores de actividad, dotándoles así de un mayor dinamismo.
Asimismo, la nueva ley permitirá seguir avanzando en la simplificación administrativa modificando en este aspecto la ley de cooperativas.
VUELVEN LAS AYUDAS DEROGADAS POR COSPEDAL
Esta normativa, unida a la recuperación de las ayudas a la economía social, derogadas por el Gobierno de María Dolores de Cospedal en 2012, confirman el apoyo del Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page a este modelo.
Unas ayudas, a desarrollar en el marco del Plan Adelante, para las que se contemplan cuatro líneas de apoyo, con once tipos previstos, y que están dirigidas a cooperativas, sociedades laborales, organizaciones representativas y agrupaciones de empresas. Ayudas de concesión directa a las que el Gobierno castellano-manchego destinará 850.000 euros, con la intención de llegar a más de un centenar de empresas.
Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma del país en número de empresas de economía social, por detrás de Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Un crecimiento que no consiguió frenar la crisis, ya que aunque en esos años la región perdió músculo empresarial en el sector, el 2016 se cerraba con un crecimiento tanto en el número de cooperativas, como en el de empleo que generado.
En este sentido, la propia consejera señalaba hace unos días, tras participar en el primer Consejo Rector de la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado, que el objetivo es que el "el sector de la economía social pueda recuperar la dimensión que llegó a tener en Castilla-La Mancha en 2008, año récord en número de empresas, con más de 3.200 así como el empleo que mantenían, con más de 25.000 trabajadores".
