TOLEDO.- No habrá presupuestos para 2019 en Castilla-La Mancha hasta que se resuelvan las dudas sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo ejercicio, y si estos se prorrogan, también lo harán los regionales. Una situación que hace peligrar la aplicación de la medida estrella de Podemos dentro del Gobierno regional.
Así lo ha asegurado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien en una entrevista en la radio pública castellano-manchega ha explicado que no se podrá presentar proyecto de presupuestos para el próximo año hasta que se tenga claro qué va a suceder con los de Pedro Sánchez.
Cuentas que de prorrogarse, también llevarán a una prórroga en las de Castilla-La Mancha, algo que según Ruiz Molina "tampoco es grave", puesto que ya se ha funcionado con presupuestos prorrogados en 2016 y 2017.
Contar con los PGE permitiría resolver dudas, para las que es preciso tener respuesta, antes de diseñar las nuevas cuentas regionales. Y es que, ha advertido Ruiz Molina, de no hacerlo así "podemos quedarnos cortos o pasarnos de frenada", puesto que las cuentas del Estado deben dictaminar si se incrementa la capacidad de endeudamiento para las comunidades autónomas tras la última negociación con Europa o si se liquidará menos por una menor recaudación del IVA en 2019.
De esta forma, la elaboración de un nuevo presupuesto para la región está "condicionada" a los presupuestos de Sánchez. Esta es la razón, según el consejero de Hacienda, por lo que no ha llevado aún al Parlamento regional el techo de gasto, "porque desconozco cuál puede ser".
No obstante, Ruiz Molina ha recordado que en caso de que fuera necesario prorrogar el presupuesto de 2018, se mantendrían los compromisos contractuales plurianuales, como los relativos a infraestructuras.
Uno de los elementos que hacen depender la elaboración o no de nuevos presupuestos autonómicos es la expectativa que se había creado respecto a los 2.500 millones más que desde el Gobierno se había anunciado que se destinarían a las autonomías, tras haber conseguido en la negociación con Europa poder aumentar el déficit, lo cual tras el veto de la Mesa del Congreso de este lunes al planteamiento del Ejecutivo de Sánchez, parece complicado.
Una financiación de las autonomías que será, precisamente, una de las cuestiones que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lleve a la reunión que el próximo 15 de octubre mantendrá en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Materia sobre la que para esta semana se ha convocado una reunión de cara a formar un grupo de trabajo de altos cargos de las comunidades autónomas, con el objetivo de empezar a evaluar las necesidades y déficit del actual modelo de financiación autonómica, tal y como ha explicado el consejero.
Servirá para poner sobre la mesa la distribución de los ingresos entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, algo sobre lo que Ruiz Molina ha pedido que el Estado se quede con menos y las comunidades reciban más puesto que son las que tienen las competencias en sanidad, educación y dependencia.
DUDAS SOBRE LA LEY DE PODEMOS
Precisamente una de las cuestiones que podrían verse afectadas en caso de prórroga presupuestaria en Castilla-La Mancha, es la aplicación del proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas impulsado por Podemos desde el Ejecutivo autonómico.
Y es que, según los cálculos del consejero Ruiz Molina, esta aplicación tendría un coste superior a los entre 12 y 18 millones estimados desde la formación morada. Una cantidad que de ser ésta, sí tendría cabida en el presupuesto regional de 2019, aseguraba el consejero, aunque ha precisado que, según los estudios previos con los que cuenta el borrador del proyecto de ley realmente las cuantías serían "más importantes".
Un proyecto de ley sobre el que este mismo lunes informaban en rueda de prensa los miembros de Podemos en el Ejecutivo, el vicepresidente segundo, José García Molina, y la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, quienes señalaron que el impacto presupuestario de la nueva inversión para la garantía de ingresos en 2019 estaría alrededor de un 0,15 a un 0,20 por ciento del presupuesto de Castilla-La Mancha, entre 12 y 18 millones de euros, al quedar contemplado el resto en otras medidas y el plan de garantías.
No obstante, Ruiz Molina no ha cerrado la puerta a que pudiera ser abordado, puesto que si el proyecto de ley se aprueba en las Cortes, se trataría de amoldar su aplicación a las disponibilidades presupuestarias.
