TOLEDO.- La empresa adjudicataria del servicio de recogida y gestión de los residuos animales de Castilla-La Mancha, investigada por el Seprona de la Guardia Civil por presuntas irregularidades biosanitarias y medioambientales, tiene dos expedientes sancionadores abiertos por parte del Gobierno regional y en suspenso la autorización.
Así lo ha señalado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, al ser preguntada respecto a la apertura de diligencias por parte del Seprona contra los responsables de Animal By Products Solutions S.L. a los que se considera autores de delitos de riesgo catastrófico, contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental, a raíz de la gestión realizada en la planta de Puertollano.
La consejera ha señalado que son dos los expedientes sancionadores abiertos a la empresa, así como decretada la suspensión cautelar de su autorización ambiental integrada "desde hace tiempo", por lo que se encuentra sometida también a la disciplina de la normativa ambiental de Castilla-La Mancha.
Unos problemas que comenzaron en agosto de 2023, cuando se constató que esta fábrica, dedicada a la transformación de restos animales y ubicada en la antigua explotación minera de Encasur, era el origen de los malos olores que se habían extendido por la localidad ciudadrealeña.
Un mes después, y a petición del Ayuntamiento, la factoría paralizaba su actividad durante 45 días, para tratar de dar solución a los problemas de malos olores, surgidos a principios del verano tras un incendio en las instalaciones.
Una parada técnica a la que siguió otra en octubre a propuesta del Gobierno regional, la cual debía durar "el tiempo que tuviera que durar" para que se solucionaran "todos y cada uno de los problemas" que pudieran estar produciendo los insoportables olores que afectaban ya no solo a Puertollano sino a otras localidades limítrofes.
Entonces, desde el Gobierno regional se advertía que de no llegar la solución se actuaría "con todas las de la ley" en el marco de su responsabilidad.
A mediados de diciembre ABP Solutions SL retomaba su actividad a modo de pruebas para poder tomar mediciones y llevar a cabo el estudio para minimizar los olores que se le había requerido por parte de la Junta, el cual se llevaría a cabo a lo largo del mes de enero.
Sin embargo, apenas unas semanas después, ya en marzo, se presentaba ante la Guardia Civil una denuncia por parte del representante de una mercantil dedicada al transporte de este tipo de residuos a raíz de unos impagos por los servicios que había prestado. Denuncia junto a la que también informó sobre la situación en la que se encontraban las instalaciones, donde se acumulaban remolques cargados de cadáveres de animales, se almacenaban de manera irregular las grasas y los gases a los que estaban expuestos sus trabajadores.
Toda una serie de irregularidades que fueron comprobadas por el Seprona, lo que llevó a solicitar la paralización de la actividad. Una orden dictada por la Consejería de Desarrollo Sostenible y que, sin embargo, los responsables de la empresa "omitieron" durante varias semanas.
Situaciones todas ellas que han llevado a poner a disposición del Juzgado de Instrucción de Puertollano los atestados policiales instruidos al efecto, en base a los cuales se han abierto diligencias previas.
Desde el Gobierno regional han subrayado su disposición a colaborar con la Guardia Civil y con la Fiscalía de Medio Ambiente en todo lo que requieran en relación con este asunto.
