TOLEDO.- Ser mujer en el mundo rural implica tener más posibilidades de acabar siendo asesinada a manos de tu pareja o expareja. Es lo que se desprende los datos publicados por el Ministerio de Igualdad relativos a las víctimas mortales de violencia machista, que este año ascienden a 37 fallecidas hasta el 8 de noviembre.
Pues bien, en 2021 han sido asesinadas 15 mujeres en municipios menores de 20.000 habitantes, algo más del 40 por ciento de las víctimas totales, cuando la proporción de españoles que residen en estas localidades no alcanza ni el 30 por ciento de la población nacional.
Según los datos del último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística (INE), unas 7.122.107 millones de mujeres viven en pueblos frente a las 17.073.098 mujeres que viven en ciudades con más de 20.000 habitantes. Sin embargo, el índice de víctimas mortales de violencia machista en el entorno rural es un 30 por ciento superior al existente en las localidades de mayor tamaño.
"Proporcionalmente, el machismo mata a más mujeres en pueblos que en ciudades", asegura la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), Teresa López, quien recuerda que los asesinatos son sólo "la punta del iceberg" de la violencia de género.
La asociación ha reclamado este jueves más recursos asistenciales para atender a las víctimas del entorno rural, insistiendo en que "la ruralidad es un factor que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia machista y sus consecuencias".
Consideran que el incremento de los recursos es una vía indispensable para acabar con el "desequilibrio" existente en el mundo rural, pudiendo ayudar a que las mujeres residentes en los pueblos pierdan el miedo a la hora de denunciar a sus agresores.
La diferencia también se aprecia en el número de mujeres asesinadas por cada millón de habitantes, que asciende a 1,83 en las áreas de la España rural frente a las 1,41 fallecidas en núcleos urbanos.
Por otro lado, resultan significativos los casos de violencia vicaria, aquella que se ejerce a los hijos de la víctima para causarle un mayor daño emocional. De los cinco menores asesinados en 2021, dos fallecieron en municipios inferiores a los 20.000 habitantes (un 40 por ciento).
"Todo esto nos indica que tenemos que enfocar la lucha de otra manera con toda la singularidad del mundo rural", ha exigido López, mediante un enfoque dirigido a involucrar a toda la sociedad con campañas de sensibilización efectivas.
Por su parte, la psicóloga María Benítez ha recordado en una ponencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha que "todavía existen estigmas en torno a las víctimas que sufren violencia", señalando que "se les culpa" de esta situación.
La experta, que cuenta con una amplia experiencia en los municipios pequeños, considera necesario que los profesionales del derecho "afronten los casos de violencia de género con empatía, aunque sin perder la objetividad".
En su ponencia, organizada por la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), también ha indicado que "faltan recursos psicológicos donde pueda acudir una víctima con discreción, sin vergüenza ni miedo a sentirse incomprendida o a que el agresor o sus familiares se enteren".
La presidenta de Afammer, Carmen Quitanilla, ha explicado que ninguna de las mujeres que han sido asesinadas este año en el mundo rural a manos de sus parejas o ex parejas había denunciado su maltrato, porque "todavía en esos pueblos de España, importa el qué dirán, la vergüenza y el miedo a que te señalen con el dedo".
Ante el envejecimiento de la población, organizaciones como la Federación de la Mujer Rural (Femur) han puesto el foco en el otro extremo: las mujeres mayores, y su presidenta, Juana Borrego, insiste en la idea de que "se necesitan programas de sensibilización y recursos especializados hacia estas víctimas de mayor edad".
Para ello, están realizando talleres enfocados especialmente a recuperar el valor de la persona, porque las mujeres de edad avanzada padecen esta violencia de una manera "aún menos visible", "no salen en medios de comunicación y nunca se han preocupado las instituciones de ellas".
La falta de visibilidad y de recursos es una constante en las tareas pendientes que reclaman organizaciones como la Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar); según su presidenta, Lola Merino, "las dificultades se agravan conforme disminuye la población del municipio en el que residen, ya que los recursos son más escasos, incluso inexistentes".
En Amfar recuerdan que las denuncias o la búsqueda de ayuda formal o informal ante un caso de violencia decrece desde el 83 por ciento de las mujeres que viven en municipios de más de 10.000 habitantes, pasando por el 78 por ciento entre las mujeres que viven en localidades de entre 2.000 y 10.000, hasta llegar al 66 por ciento entre las mujeres que viven en municipios de hasta 2.000 habitantes.
Por eso, desde la Confederación de Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (Ceres) apuntan al factor rural como un motivo más de peligro para las mujeres para ser víctimas de violencia, pues la falta de servicios, el aislamiento geográfico, la cultura de normalización de situaciones violentas y discriminatorias hacia las mujeres, son "caldo de cultivo para la violencia machista".
