TOLEDO.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a defender hoy una "mesa común" a la hora de abordar el nuevo modelo de financiación autonómica, a la que se debe sentar junto al resto Cataluña y en la que las únicas excepciones sean las previstas en la Constitución. "No puede haber mesas aparte", puesto que ello supondría que "lo que se llevan unos lo obtienen a costa de otros".
Así de rotundo se ha mostrado durante una entrevista que ha concedido a CMM al cumplirse un mes de su toma de posesión como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que subrayado que si la negociación no es multilateral, "estaríamos entrando en un conflicto constitucional", ya de partida.
Y así, a quienes como el presidente catalán Pere Aragonès, defienden una negociación bilateral y a Page le sitúan al mismo nivel que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al hablar de financiación autonómica, García-Page recuerda que es algo en sí mismo "contradictorio", puesto que Madrid y Castilla-La Mancha "estamos en dos modelos diferentes de financiación": mientras que a la primera le corresponde una por su situación singular y ser capital de España, Castilla-La Mancha "es una comunidad infrafinanciada en el modelo actual".
En este sentido, García-Page ha recalcado que con el actual modelo, pendiente de reforma desde hace ya casi una década, las tres comunidades autónomas que mayor retroceso desde el punto de vista financiero han experimentado han sido Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha.
Asimismo, el presidente castellanomanchego ha subrayado que, tras nueve años de retraso, "todos queremos un nuevo modelo", en el que salvo las excepciones constitucionales establecidas para el País Vasco y Navarra, y las fijadas como consecuencia de las políticas europeas para Canarias, el resto "tienen que responder a una mesa común", a la que Cataluña también tiene que sentarse, "como ha sido desde que hay Constitución".
Y aunque en el nuevo mapa político salido de las elecciones del 28 de mayo pudiera parecer complicado ponerse de acuerdo, García-Page ha insistido en que "la primera cuestión es si hay una mesa o varias", y "si hay una, que es la que debe haber", no deben existir negociaciones bilaterales o paralelas "porque rompería el principio de suficiencia financiera y de equidad en el reparto competencial y financiero".
Tras ello, ha explicado, hay unas comunidades que quieren que el principal peso en la financiación autonómica lo tenga la población, y "otras, desde el principio, defendemos que tiene que ser la población y dónde vive la población".
García-Page, que en noviembre de 2021 firmaba junto a los presidentes de otras siete comunidades autónomas (Galicia, Cantabria, Principado de Asturias, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Extremadura) una declaración institucional abogando por un modelo de financiación más justo para todos los españoles, con independencia del lugar en el que vivan, ha recordado que "no es lo mismo administrar una comunidad autónoma que es la mitad de la provincia de Cuenca, como es el caso de Madrid; que cinco provincias en las que caben Bélgica, Holanda y Luxemburgo y sobran 2.000 kilómetros cuadrados, todo ello para 2.100.000 habitantes", los cuales -ha recalcado- "tienen el mismo derecho que el que vive en la Castellana a tener sanidad y educación, a la misma distancia y con los mismos costes".
De este modo, el jefe del Ejecutivo castellanomanchego ha insistido en que el debate sobre el nuevo modelo financiero "no es netamente ideológico, sino un modelo territorial", en el que se debe "reflejar la suficiencia, la garantía en la prestación de los servicios básicos del Estado: la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y la dependencia". Un sistema de financiación autonómico que se debe hacer "no pensando en los territorios, sino en los beneficiarios, los ciudadanos", ha sentenciado.
De no ser así, ha precisado, y en España se estableciera el criterio de que el Estado devolviera a cada comunidad autónoma en la misma proporción que lo que aporta, "nunca habría reparto de riqueza", y "se condenaría siempre a los más pobres a ser los más pobres y a los ricos los más ricos". Una balanza cero que haría que el Estado dejara de ser "el equilibrador, el guardia de tráfico de la financiación".
