El retoque de las medidas anticovid en las residencias de Castilla-La Mancha cuenta con el visto bueno de la Justicia

El TSJCLM considera que la última resolución del Gobierno regional no afecta a derechos fundamentales.
Entrada del Palacio de la Justicia de Albacete, sede del Tribunal autonómico. ARCHIVO
photo_camera Entrada del Palacio de la Justicia de Albacete, sede del Tribunal autonómico. ARCHIVO

TOLEDO.- Los jueces ponen fin a la disputa por las restricciones en las residencias de Castilla-La Mancha, al menos durante las próximas semanas. El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma (TSJCLM) ha dado el visto bueno a las nuevas normas dictadas por el Gobierno regional, que han pasado de obligar a realizar test periódicos a solo aconsejarlo.

Así se desprende de la resolución publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), donde la Consejería de Bienestar Social informa del auto dictado por el Tribunal, en el que declaran que no es precisa la ratificación de las medidas adoptadas el 20 de agosto al no afectar a derechos fundamentales.

Las dos restricciones que tumbaron los jueces fueron la realización de pruebas periódicas a los trabajadores de las residencias durante períodos de siete o catorce días y el aislamiento de las personas con un cuadro clínico sospechoso de covid hasta la realización de los test pertinentes.

El fallo del TSJCLM llegó cuando los datos oficiales mostraban un incremento del número de positivos en los centros sociosanitarios, produciéndose brotes en residencias como las de Alamillo o la de Orgaz, que acabó siendo intervenida por la Junta de Castilla-La Mancha.

Tras el rechazo en primera instancia del Tribunal castellanomanchego, la Junta siguió aplicando las medidas denegadas y presentó un recurso ante el Supremo, que abrió la puerta a la posibilidad de que se pudieran establecer como una recomendación.

Finalmente, la Consejería de Bienestar Social publicó un nuevo texto en línea con el pronunciamiento del Supremo, eliminando la obligatoriedad de las pruebas periódicas al personal sociosanitario y el asilamiento de los cuadros sospechosos, pero aconsejando su aplicación en las residencias.

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