Los votos en contra de la bancada ‘popular’ no han sido suficientes para detener la propuesta que han presentado conjuntamente PSOE y Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha. Pues bien, cabe destacar que la aprobación de dicha resolución conlleva instar al Gobierno de García-Page a desarrollar a lo largo de 2016 una renta garantizada, cuyo importe mínimo tendrá que alcanzar el Salario Mínimo Interprofesional.
Asimismo, instan al Gobierno de Rajoy a impulsar un pacto de estado que permita garantizar por ley una renta dirigida a personas que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza y que han agotado cualquier tipo de prestación o carecen de ingresos, con el fin de que puedan afrontar sus necesidades básicas.
Además, ambas formaciones políticas demandan que, dentro del proceso de reforma de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, se contemple esta renta garantizada como un derecho social básico.
Los socialistas quieren que la renta garantizada sea un derecho básico
En este sentido, el encargado de defender esta propuesta de resolución por parte del Grupo Parlamentario Socialista ha sido el parlamentario José Luis Escudero, que ha abogado por abrir un proceso de participación para que los ciudadanos realicen sus aportaciones.
Asimismo, ha afirmado que "no es baladí" que esta propuesta de resolución recoja la renta garantizada como un derecho social básico y ha lamentado la "foto fija" de la región, que refleja "una situación muy difícil" con un "recorte de un 80% en la protección de familias o un 30% de recortes de ayuda para personas con discapacidad".
Podemos aboga por el derecho a trabajar de una manera digna
De su lado, el diputado de Podemos José García Molina ha defendido esta propuesta de resolución tras criticar el salario mínimo de inserción de Castilla-La Mancha, puesto que actualmente es el "más bajo de toda España".
Por esta razón, el líder de la formación morada ha alentado a los parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha a trabajar en esta legislatura para que "todos los hogares con ingresos mínimos por debajo del umbral de la pobreza" dispongan de esta renta garantizada.
"Lo ideal es un marco estatal en el sistema de rentas garantizadas", ha manifestado Molina, quien ha abogado por un "derecho al trabajo" pero de una manera "digna y en condiciones" pues, a su juicio, "no podemos defender un empleo de baja calidad y de baja productividad".
El PP lamenta “el pasteleo” entre PSOE y Podemos
Sobre este asunto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha lamentado "el pasteleo" en los socialistas y Podemos y que "vengan a hablar sin contenido ni propuestas" cuando tienen "el boletín de la Junta" para llevar a cabo la normativa correspondiente en este ámbito.
El conservador ha reprochado también que ambos grupos hayan "hecho desaparecer" del pacto de investidura la renta mínima, al tiempo que ha arremetido contra el presidente regional, Emiliano García-Page, "un presidente que se dedica al anuncio y no a la gestión".
El Gobierno de García-Page califica la medida como “necesaria”
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha señalado que el Gobierno de Castilla-la Mancha "estima necesario" revisar el sistema de rentas mínimas garantizadas que con "un nombre u otro" se incluye en las políticas sociales de las diferentes regiones "para integrarlas en un sistema único", más "homogéneo, justo y seguro".
"Proponemos trabajar con un sistema de protección en el que busquemos una denominación oportuna", ha asegurado la consejera, quien ha especificado que esta medida se dirigiría a familia sin ingresos que no tengan cubiertas "las necesidades más básicas" y que sirva para luchar "contra la pobreza más severa".
Sánchez ha descrito que en Castilla-La Mancha un beneficiario de Ingreso Mínimo de Solidaridad percibe 372,76 euros que se incrementa en un 0,6% por cada hijo menor que viva en la unidad familia, sin cuantía máxima a percibir, cada 6 meses.
Las características de los perceptores del Ingreso Mínimo de Solidaridad en la región es el aumento de personas que lo perciben, la femenización de personas perceptoras, familias en la mayoría con niños y niñas y otras personas dependientes o monomarentales. El rango de edad de los adultos es de entre los 35 y 44 años de edad,
Asimismo, otro de los rasgos de estos perceptores es que el 58 por ciento viven en una vivienda familiar, y el 11 por ciento condiciones muy precarias o "sinhogarismo".
