Este martes, la Audiencia Nacional comenzará el juicio contra el que fuera presidente de Caja Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE en dicha región, Juan Pedro Hernández Moltó, y su ex director general, Ildefonso Ortega, por una presunta maniobra contable con las que ocultaron las millonarias pérdidas de la entidad del ejercicio 2008.
Ambos se enfrentan a una condena de dos años y medio de prisión y a su inhabilitación durante ese tiempo, después de que la Fiscalía Anticorrupción viera indicios de un delito societario en una operación que les ayudó a anunciar un beneficio de 29,86 millones de euros en lugar de unas pérdidas de 182,2 millones que arrastraba la antigua caja. Sin embargo, Anticorrupción no consideró los indicios de administración desleal que sí señaló en su auto el juez Pablo Ruz.
Primera entidad intervenida: El rescate costó 9000 millones
Caja Castilla-La Mancha fue la primera caja de ahorros española en ser intervenida y nacionalizada, en marzo de 2009, después de que se aprobara un rescate que alcanzó los 9.000 millones de euros. El Banco de España cuantificó en 253,8 millones de euros las operaciones y los perjuicios económicos que los gestores causaron en la entidad.
Anticorrupción señala que el 10 de febrero de 2009, con la "aquiescencia" de Hernández Moltó, Ortega envió al Banco de España unos estados financieros y consolidados públicos de la entidad que ignoraron los requerimientos que el supervisor había venido haciendo desde 2004 y no reflejaban su "situación financiera real".
En concreto, los gestores de CCM registraron el deterioro de las participaciones en tres sociedades inmobiliarias -Afirma, Colonial y Parquesol- como "ajustes de valoración dentro del patrimonio neto en lugar de incluirlo en la cuenta de resultados", que presentaba un saldo antes de impuestos de 93 millones de euros.
"Teniendo en cuenta que esas minusvalías alcanzaban a 31 de diciembre los 212,1 millones de euros, el resultado del ejercicio debía haberse aminorado en ese importe", señala el escrito de acusación antes de apuntar que también habrían resultado negativos los estados consolidados de CCM a la misma fecha, que reflejaban "un ficticio beneficio antes de impuestos 29,86 millones de euros".
En relación con la calificación de créditos, el fiscal apunta que existía "un déficit de provisiones específicas de 57 millones de euros sobre los 245 millones exigidos".
De esta forma, los gestores de la caja castellano-manchega sortearon las obligaciones impuestas por el Banco de España y lograron evitar que la caja presentara pérdidas de 119 millones en los estados individuales y de al menos 182,2 millones en los consolidados.
Préstamos sin cumplir las reglas y tratos de favor
Según el juez instructor, CCM concedió préstamos "sin observar las reglas de la práctica habitual y de la propia normativa interna de la entidad respecto de las garantías exigibles para autorizar dichas operaciones, lo que se tradujo en un trato de favor hacia la parte deudora".
De ello ya había advertido el Banco de España en su informe pericial, en el que encontró "actuaciones contrarias a la normativa bancaria y mercantil".
Todo ello "supuso un claro perjuicio económico a CCM, ya que los préstamos fueron total o parcialmente impagados y las garantías resultaron insuficientes para su recuperación", siendo además "muy significativo" que muchos se concedieron cuando la caja "atravesaba una situación de grandes problemas de liquidez".
La investigación sobre las supuestas irregularidades en la caja se inició en 2010 a raíz de una querella presentada por seis representantes del PP que formaban parte de la asamblea general de CCM antes de que la entidad fuera intervenida y posteriormente absorbida por Cajastur, hoy integrada en Liberbank.
Para finalizar, cabe destacar que, en enero de 2015, Ruz procedió al embargo de los bienes de Hernández Moltó y Ortega, tras no abonar la fianza civil de 138,2 millones de euros por el agujero causado en la entidad.
