TOLEDO.- El Gobierno andaluz sigue aprobando nombramientos para completar su estructura y esta semana han correspondido en materia sanitaria, poniendo al frente del Servicio Andaluz de Salud a un antiguo conocido de los castellano‑manchegos, Miguel Moreno Verdugo, quien fuera director general de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) con María Dolores de Cospedal, y mano ejecutora del despido de 3.000 sanitarios ‑una mitad formaba parte de la plantilla orgánica y la otra eran eventuales‑ durante el Ejecutivo regional del Partido Popular.
Recortes de personal que habrían continuado de haber seguido el Partido Popular en la Junta, puesto que Moreno Verdugo tenía planeadas otras 3.000 salidas más. Así se desprende de su polémica estrategia denominada como 'plantillas horizonte', con la que se pretendía volver a situar al servicio público de salud en niveles del año 2005, con 5.752 plazas menos que cuando los conservadores llegaron al Palacio de Fuensalida.
Un sector para el que no hubo oferta de empleo público alguna, ni siquiera la de 48 plazas que se anunció para 2014 y que nunca se llegó a convocar. Como tampoco se convocaron concursos de traslados en Atención Primaria, y en el último año y medio de legislatura tampoco se autorizó ninguna sustitución de larga duración, ofertándose únicamente contratos precarios con los que se venían a cubrir necesidades estructurales.
El ahora responsable de la Sanidad andaluza llegó a la Junta castellano‑manchega de la mano del consejero José Ignacio Echániz, avalado principalmente por el sector privado, al haber estado vinculado a la aseguradora DKV Salud, y tras ocupar algunos cargos de dirección económica en hospitales malagueños.
Un perfil el de este técnico administrativo ‑es licenciado en Económicas y Empresariales‑ en el que se fijó el Gobierno del PP de Castilla-La Mancha para llevar a cabo sus planes de 'adelgazamiento' del sistema sanitario regional, que además de la reducción de plantillas implicó la paralización de diversas infraestructuras y proyectos.
Imagen de archivo de Miguel Moreno Verdugo
Pero la polémica llegaba incluso desde el mismo momento de su nombramiento, a finales de marzo de 2013. El contrato de alta dirección a un directivo del sector privado de los seguros, y en concreto procedente de una empresa que había aparecido en varios medios como una de las interesadas por la privatización de los cuatro hospitales públicos que el Ejecutivo de Cospedal pretendía transferir a manos privadas ‑el de Tomelloso, Villarrobledo, Almansa y Manzanares‑, hacía saltar las alarmas.
Lo apuntaban entonces desde el PSOE regional, señalando que no había sido éste el único nombramiento con este tipo de relaciones. De ahí que desde el grupo parlamentario socialista en las Cortes se solicitaran todos los contratos de alta dirección y de obra y servicio realizados por Echániz, al considerar que "todos" respondían a ese perfil y que incluso ‑señalaba entonces el diputado Fernando Mora‑ se estaban contratando a directivos ajenos a la Administración para desempeñar responsabilidades que podían llevar a cabo funcionarios del Sescam, a los cuales se estaba apartando de esos mismos trabajos.
Coincidencias "más que sospechosas" a las que también se refería días después la portavoz y vicesecretaria regional del PSOE castellano-manchego, Cristina Maestre, quien denunciaba la "absoluta opacidad" del proceso de privatización de los hospitales públicos pretendida por Cospedal así como en los nombramientos de altos cargos relacionados con empresas interesadas en esas privatizaciones.
Los sindicatos en la región tampoco guardan buen recuerdo de Moreno Verdugo, al que acusaron de "reiterada deslealtad institucional" por "ocultar información en la negociación colectiva, faltando a los principios de buena fe y voluntad negociadora". Era agosto de 2013 y los despidos en el Sescam estaban en marcha; entonces desde la dirección general de Recursos Humanos se justificaba la eliminación de categorías profesionales y ceses de personal atendiendo a "razones de eficiencia", pero sin aportar los oportunos informes de necesidades.
Despidos y amenaza de privatización que seguían un año después, aún con Moreno Verdugo al frente de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam, cuando los profesionales de la Sanidad pública salían a la calle para tratar de "frenar los recortes" puestos en marcha por el Partido Popular.
Un currículum que a más de uno hace pensar que en Andalucía el Gobierno del PP podría estar planteando llevar a cabo lo que ya puso en práctica en territorio castellano‑manchego con Cospedal.
Así, del nombramiento del nuevo gerente del Servicio Andaluz de Salud se ha hecho eco el actual portavoz del Ejecutivo de Emiliano García-Page y secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, quien a través de sus redes sociales ha recordado que Moreno Verdugo fue el que, siendo director de Recursos Humanos del Sescam con el Gobierno de Cospedal, "despidió a 3.000 profesionales sanitarios" y tenía previsto despedir otros tantos.
⚠️Confirmado:⚠️
Nombran en Andalucía al director de RRHH de la Sanidad con Cospedal que despidió a 3000 profesionales sanitarios y tenía previsto despedir otros 3090. Se apellida Verdugo... https://t.co/Ko9zVp2vwc
— Nacho Hernando (@Nacho_Hernando) 5 de febrero de 2019
Hernando aprovechaba para recordar que el bienestar "no es automático ni permanente" y como se pudo comprobar durante la legislatura pasada en Castilla-La Mancha, incluso "puede ser reversible".
Por ello, y "después de una legislatura reconstruyendo lo destruido", insistía en que "de nosotros depende que esto no vuelva a suceder en Castilla-La Mancha a partir de mayo".
Cabe recordar que la Sanidad fue uno de los servicios públicos que más notó los recortes de Cospedal y su Gobierno. Junto a la reducción de personal, el PP castellano-manchego paralizó la construcción de cuatro hospitales cuyas obras ya estaban en marcha, así como varios centros de salud, además de no realizarse ninguna adquisición de alta tecnología.
Durante aquella legislatura también se dejaron bajo mínimos los centros de especialidades, diagnóstico y tratamiento, y se cerraron 668 camas, al tiempo que se impuso el copago sanitario para uno de los colectivos más vulnerables como el de los pensionistas.
