TOLEDO.- La tramitación de la proposición de ley sobre Minería de Tierras Raras sigue encontrando obstáculos en su camino y ahora, después de que la Mesa de las Cortes reconsiderase su decisión inicial de asumir el veto del Gobierno a la iniciativa, es el Ejecutivo autonómico el que anuncia su intención de solicitar la reconsideración de dicho acuerdo.

Así lo señalaba este jueves el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, que anunciaba este nuevo giro de tuerca en este proceso, al considera que la Mesa tomó la decisión -con la oposición de los representantes socialistas- en contra del criterio de los servicios jurídicos de la Cámara.

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Un anuncio que se producía solo unos días después de que desde el propio grupo parlamentario socialista, su portavoz Blanca Fernández, apuntara que sus diputados votarían en el Pleno a favor de la toma en consideración de la iniciativa, para después realizar ”un trabajo serio” con las enmiendas.

Sin embargo desde el Gobierno regional se ha preferido optar por otra vía antes, como es la presentación de un recurso de reconsideración a la propia decisión de la Mesa de las Cortes y así, de paso, ganar tiempo en una legislatura que está a punto de tocar a su fin.

Durante su intervención en las Cortes, el vicepresidente primero recordó que el Consejo de Gobierno rechazó la tramitación de este proyecto de ley, presentado por Podemos, al tener ”implicaciones presupuestarias”.

Por ello consideran que en la reunión de la Mesa de las Cortes del pasado viernes 15 de febrero, ”se actuó de manera irresponsable, tomando una decisión en contra de los servicios jurídicos de las Cortes”. Insisten así en que el Gobierno regional tiene ”derechos” cuando ”cree que una ley no puede ser tramitada” porque tiene implicaciones presupuestarias.

Un veto del Ejecutivo autonómico que llevó al portavoz del grupo parlamentario Podemos, David Llorente, a ausentarse de la Comisión de Empleo y del Pleno como medida de protesta contra lo que consideraba una decisión ”injusta” y sin argumentos, demostrando así a los socialistas que no podían dar por descontado el apoyo mayoritario de la Cámara.

Un tira y afloja que llevaba por su parte al Gobierno de Emiliano García-Page a plantarse y anunciar que no remitiría a las Cortes más proyectos de ley hasta que el diputado de Podemos volviese a la disciplina de su partido. Una decisión del propio presidente del Ejecutivo, al parecer con efecto sorpresa, que el portavoz del Gobierno anunciaba tan solo unos minutos después de que los dos miembros de la formación morada en el Consejo de Gobierno, José García Molina e Inmaculada Herranz, ofrecieran una rueda de prensa para informar sobre la aprobación de la ley de Garantías -proyecto 'estrella' de Podemos- y su envío al Parlamento.

Este jueves Martínez Guijarro se mostraba confiado en que esta decisión de no remitir proyectos de ley a las Cortes sea ”coyuntural”, asegurando que con esta medida el Ejecutivo persigue ”defender el prestigio de las instituciones”.

Según el vicepresidente primero, esta decisión responde a los principios de responsabilidad, respeto y transparencia. Responsabilidad porque los diputados representan la voluntad de los ciudadanos y que el reparto de escaños dio como resultado la elección de un presidente de Castilla-La Mancha, de forma que mientras que el Gobierno regional no tenga garantías con ”una mínima seguridad” de que se aprobarán las iniciativas legislativas, no remitirá proyectos de ley a las Cortes.

Es por transparencia porque, explicaba Martínez Guijarro, ”es bueno que los ciudadanos sepan lo que pasa” y se ha preguntado si el PP pretende ”poder tervigersar, manipular o desnaturalizar” los proyectos de ley que lleguen a las Cortes, como a su juicio ocurría este mismo jueves, con la aprobación de la ley que regula el Consejo de Formación Profesional en la que se incorporaron las enmiendas del PP por la ausencia de Llorente en la votación.

Así, el vicepresidente primero denunciaba que en Castilla-La Mancha se está produciendo una ”pinza” entre el PP y la izquierda anticapitalista, pues señalaba que Llorente pertenece a esta corriente y acusaba al diputado de Podemos de ”querer agarrarse al PP para satisfacer su estrategia personal”, mientras que el PP se ”deja utilizar”.

Acusaciones en las que Martínez Guijarro dejaba al margen a la presidenta de la formación morada, María Díaz, a pesar de que un par de días antes ésta denunciara la paralización de la tramitación legislativa por parte del PSOE únicamente con fines electoralistas.

No obstante, el vicepresidente primero aseguraba que el Gobierno regional no está dispuesto a colaborar en esa estrategia, puesto que las leyes que están pendientes ”son muy importantes”.

Se refería así a una de ellas, la de Garantías Ciudadanas, una propuesta de ley ”muy equilibrada, que reconoce derechos y no puede quedar al albur de lo que piense en el último momento y un diputado, y de que un grupo quiera desnaturalizar la ley”.

Un proyecto de ley para el que David Llorente ha garantizado absolutamente su apoyo, al igual que a todas aquellas iniciativas legislativas que sean buenas para los ciudadanos de Castilla-La Mancha, aunque desde el Ejecutivo regional parecen no fiarse.

Por otra parte, reivindicaba que aunque el PP hubiera acusado al Gobierno regional de haber tramitado la mitad de leyes en esta legislatura que en la pasada, éstas han llegado a las Cortes tras hablar con ”los colectivos y con los agentes sociales y económicos”, ya que el Ejecutivo regional apuesta por que los proyectos ”vengan consensuados con los sectores a los que afecta, aunque sea a costa de retrasar los proyectos”.

Aprovechaba así para reprochar que una decena de leyes aprobadas por el Ejecutvio de María Dolores de Cospedal fueron para acometer recortes en sanidad, educación o servicios sociales, que -ha denunciado- no fueron negociadas con los colectivos, por lo que ”no es lo mismo legislar recortes, sobre todo cuando no se habla con nadie, que recuperar derechos hablándolo con los colectivos”.

”El impulso legislativo no puede quedar en manos del criterio personal de un diputado y las ansias que ustedes (el PP) tienen de pactar con ese diputado. De ustedes depende, si cambia, cambiaremos la decisión”, apostillaba Martínez Guijarro.