TOLEDO.- Castilla-La Mancha está un paso más cerca de tener su ley de Ciencia, que regulará por primera vez, de forma "global y sistemática", la actuación de los poderes públicos en materia de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación, al tiempo que fijará el compromiso para incrementar la inversión en I+D+i de forma progresiva a lo largo de los próximos años. Una ley del Fomento y Coordinación del Sistema de I+D+i de Castilla-La Mancha cuyo proyecto de ley ha recibido este martes luz verde del Consejo de Gobierno para su tramitación parlamentaria.
Así lo señalaba la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, quien ha informado al respecto durante la rueda de prensa que ofrecía en el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo autonómico.
Una norma entre cuyos objetivos se encuentra también fomentar la carrera de los investigadores, incentivar y promocionar la investigación científica, así como fomentar la cultura científica para todas las etapas educativas.
Este proyecto de ley que ahora pasa a las Cortes, se encuentra articulado en torno a cinco líneas de actuación.
La primera de ellas plantea la creación de una estructura institucional, dependiente de la Junta, encargada de la organización, coordinación, gobernanza y planificación en materia de investigación científica y técnica, desarrollo tecnológico e innovación.
En este sentido Rodríguez explicaba que además de la estructura con la que ya cuenta la Junta, como son las consejerías con competencias en I+D+i y la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología, como novedades la ley plantea la creación del Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Castilla-La Mancha, que será el órgano asesor de la Comisión Regional y tendrá su sede en Puertollano (Ciudad Real); así como de la Agencia de Investigación e Innovación, planteado como el instrumento para la modernización de la gestión pública de las políticas de I+D+i, encargándose de la financiación, evaluación, concesión y seguimiento de las actuaciones de investigación científica y técnica.
Una segunda línea de actuación que persigue la futura ley es el desarrollo de una serie de medidas sistemáticas dirigidas a promocionar e incentivar la investigación científica y técnica, así como el desarrollo tecnológico y la innovación.
Por otra parte, con el objetivo de dotar de una planificación y previsibilidad a las actuaciones que se promuevan desde el Gobierno regional, la futura ley recoge la elaboración del Plan Regional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.
La cuarta línea de actuación que plantea la futura ley tendrá como objetivo fomentar la carrera investigadora, "entendida ésta como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y de conformidad con la normativa vigente en la materia".
Por último, la quinta línea de actuación hace referencia al fomento de la cultura científica para todas las etapas educativas. En este sentido, Rodríguez subrayaba la relevancia de la presencia de las mujeres en el avance científico. Así, la implantación del enfoque de género "será un tema transversal presente en todos los documentos estratégicos y de gestión sobre I+D+i".
DOTACIÓN ECONÓMICA
Una nueva ley de Ciencia que llega al Parlamento autonómico sin una dotación económica precisa, puesto que la inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico corresponde a la Junta de Comunidades a través de sus líneas de subvención, a las universidades que destinan una partida de su presupuesto y también a las empresas privadas, tal y como precisaba la consejera.
No obstante, Rosa Ana Rodríguez recordaba que Castilla-La Mancha partía de un desarrollo "cero" en materia de investigación, después de que en la legislatura 2011-2015, bajo el Gobierno del Partido Popular, no se convocaran las ayudas. Algo que ha supuesto un esfuerzo importante para el Ejecutivo autonómico, para tratar de superar esa situación.
En este sentido, la consejera explicaba que en los últimos cinco años el Ejecutivo regional ha puesto en marchas numerosas líneas de subvenciones por valor de 20 millones de euros y se ha contribuido indirectamente con el aumento del presupuesto para universidades, el cual se había visto mermado un 40 por ciento en aquella legislatura.
Según subrayaba Rodríguez, este proyecto normativo nace con el "consenso" de todas las entidades y agentes, tanto del sector público como privado, relacionados con la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Un proyecto de ley que ya puede iniciar su tramitación en las Cortes castellanomanchegas.
