CUENCA.- El Gobierno de Castilla-La Mancha está decidido a combatir de forma "decidida, programada y sistematizada" la ocupación ilegal de viviendas y hacer frente a las "mafias" que la sustentan.
Para ello este martes el Consejo de Gobierno tomará en consideración un proyecto ley con el que se pretende actuar con mayor "determinación" y dureza contra la ocupación ilegal de viviendas.
Un fenómeno que en algunas zonas está siendo "masivo", conduciendo a "un callejón sin salida" a miles de personas con necesidades y problemas. Y es que son "miles y miles los domicilios que se encuentran ocupados ilegalmente", un delito que además tiene "consecuencias de convivencia social" y se presenta como un "macroproblema" del mañana, por lo que "entre todos nos lo tenemos que tomar en serio".
Así lo ha señalado el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, en la localidad conquense de Chillarón de Cuenca, donde ha participado en la inauguración del Centro Deportivo de Espeleolología y Montaña levantado en un antiguo silo.
Allí ha subrayado la apuesta de su Gobierno por emprender un combate decidido contra estas prácticas, ya que en esta región "los okupas nos ocupan".
En este sentido ha reconocido que aunque "no es competencia de las autonomías" y que tal y como apuntan el Gobierno de España y la Fiscalía contra este problema se podría actuar "aplicando mejor las normas actuales", García-Page considera que dicha normativa "se puede mejorar".
Para ello se requiere de mayor "determinación y precisión", dar "volumen" a un problema que "lo es de verdad".
Una situación ante la que Castilla-La Mancha ha decidido no mirar hacia otro lado, sino poner sobre la mesa una propuesta, que elevará al Estado, para "combatir con claridad y determinación las enormes mafias de ocupación ilegal que hay en España".
Planteamiento que hace en un marco de "lealtad constitucional", con el ánimo de "contribuir a un debate" que tiene que conducir a una normativa y una acción por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "determinante y programada".
Entre las medidas que se plantean desde Castilla-La Mancha se encuentra la modificación de la normativa en torno a los empadronamientos, a fin de proteger a los ayuntamientos ante estas irregularidades, pero también "más ayudas" desde el ámbito social y una mayor colaboración entre instituciones, unido a su vez a una mayor rapidez en los trámites judiciales.
En este sentido García-Page ha explicado que se requieren decisiones "rápidas" en el ámbito judicial, pero también se plantea que sea incluso "una obligación" para quienes tienen grandes propiedades "no quedarse de brazos cruzados", sino que "ejerzan la opción de denuncia", para lo cual podrían habilitarse "a los ayuntamientos, los vecinos u otras administraciones".
Así, con esta legislación, se va a pedir que "se arbitren medios específicos" en la Fiscalía General del Estado para luchar contra la ocupación ilegal, abogando así por "juicios muy rápidos".
ENDURECIMIENTO DE PENAS
Una propuesta que también contempla un endurecimiento de las penas, elevando hasta 3 años de privación de libertad en caso de uso de la violencia o intimidación y una multa de hasta 12 meses en caso de ocupación pacífica no consentida.
Asimismo, el texto normativo recoge una ampliación del plazo de prescripción del delito, de 1 a 5 años, para de este modo evitar que quede sin castigo.
