La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, ha informado en rueda de prensa de los acuerdos adoptados. | FOTO: JCCM

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha vuelve a reclamar al Ejecutivo central la continuidad del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya vigencia finaliza el próximo año, y que además debe ser implementado económicamente.

Así lo ha señalado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, quien ha recordado la importancia de este Pacto y la necesidad de prorrogarlo, habida cuenta de que el propio Ministerio va a reconocer la violencia sexual como violencia de género, estableciendo nuevos servicios y recursos en la ley.

Algo, considera Fernández, que es "lógico que así se haga", como también es "lógico y razonable que se financie".

En este sentido la consejera de Igualdad ha señalado que si esos fondos no se articulan a través de la financiación autonómica, al menos se debe "garantizar" a través del Pacto de Estado, incrementando para ello su presupuesto.

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Y es que, ha recalcado Fernández, se trata de "un gasto necesario", con el que se mejora la protección a las víctimas, "rehabilitamos mejor su situación personal" y sirve para que tengan "esa oportunidad fuera del círculo de la violencia" que es, ha apostillado, "a lo que nos dedicamos las comunidades autónomas".

Así ha recordado que el Pacto de Estado y su financiación ha dotado a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, aunque especialmente a las primeras, de presupuesto "a veces no suficiente, pero sí un añadido" -ha reconocido-, que ha permitido mejorar los sistemas de atención a las víctimas, su protección, su rehabilitación y esa oportunidad vital.

Políticas que están siendo muy importantes en una comunidad como Castilla-La Mancha que ejecuta "prácticamente el cien por cien" de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "porque nos creemos estas políticas y porque vemos verdaderamente su eficacia".

Por ello para la consejera de Igualdad castellanomanchega este Pacto "dejaría de tener sentido si se finaliza en el año 2022", y habría sido "un parche en un momento temporal determinado".

ACUSACIÓN POPULAR ASESINATO NICOLETA CLARA

Una reflexión que ha realizado Fernández tras informar de la autorización dada ayer por el Consejo de Gobierno a los servicios jurídicos de la Junta para personarse como acusación popular en el caso del asesinato de Nicoleta Clara, ocurrido el pasado 29 de mayo en la localidad guadalajareña de Alovera.

Un asesinato machista en cuyo proceso judicial se personará la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras haber realizado los trámites preceptivos, como ya ha hecho hasta la fecha en 40 ocasiones.

En este sentido, Fernández ha señalado que desde que en 2001 se aprobara en Castilla-La Mancha la primera ley de toda España contra los malos tratos, la ley 5/2001 de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección de las Mujeres Maltratadas, la Junta de Comunidades ha ejercido la acusación popular en 40 ocasiones, 34 de ellas por asesinato de la víctima y otras 6 por lesiones graves.

Asimismo ha recordado algunos datos, detrás de los cuales "hay personas" -ha subrayado la consejera-, como es el hecho de que desde el año 2003 en España han sido asesinadas como consecuencia de la violencia machista 1.111 mujeres, 33 este año, y en Castilla-La Mancha un total de 48 desde que hay registros, de las cuales una en este 2021.

Por otra parte se ha referido también a los menores que han sido asesinados como consecuencia de esta violencia machista, 41 desde el años 2013 en todo el país, y en este año 4, que sumaría un caso más al confirmarse como tal el asesinato del niño de 2 años ocurrido en Barcelona.

Violencia machista que también ha dejado 16 huérfanos en España en este 2021, y 320 desde el año 2013, de ellos 18 en Castilla-La Mancha, ha precisado la consejera.