Hacinados en una nave sin las condiciones mínimas de salubridad: investigan a un empresario por explotar a 25 temporeros

La Guardia Civil le ha imputado un presunto delito contra los derechos de los trabajadores tras inspeccionar las instalaciones en Santa Cruz de la Zarza.

TOLEDO.- Hacinados en una nave insalubre que no reunía las mínimas condiciones de habitabilidad. Así ha encontrado la Guardia Civil de Santa Cruz de la Zarza (Toledo) a veinticinco temporeros que habían sido contratados para trabajar en distintas explotaciones agrarias de la Comunidad de Madrid.

Según ha informado el instituto armado en una nota de prensa, se ha investigado por los hechos a un empresario agrícola de 52 años de edad, al cual se le imputa un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

Desde hace varios años, es habitual que en la localidad toledana se hospeden jornaleros de nacionalidad rumana durante las campañas del ajo y la cebolla en la Vega del Tajo, siendo empleados en los municipios madrileños de Villamanrique del Tajo, Fuentidueña del Tajo, Estremera y Colmenar de Oreja.

El pasado mes de mayo, la Benemérita se percató de la llegada de estas personas, unos 15 hombres y unas 10 mujeres. Tras solicitarles la documentación pertinente sobre pruebas covid, los agentes se interesaron por el lugar en el que se encontraban alojados, siendo informados de que vivían en una nave de la población toledana y de que trabajaban para una empresa con sede administrativa en Las Pedroñeras, provincia de Cuenca.

Cuando los agentes comprobaron las pésimas condiciones de habitabilidad del lugar, abrieron una investigación, a la que denominaron operación Ustoroi -ajo en rumano-. Comenzaron realizando las gestiones pertinentes para localizar al dueño de la nave, quien les informó de que se la había alquilado al administrador de la empresa conquense para un uso exclusivo de acopio de maquinaria o almacenaje.

El nueve de julio, emprendieron una inspección conjunta con el personal de la Inspección de Trabajo de Toledo, levantando acta de la situación en la que se encontraban los veinticinco trabajadores.

A finales del mes de agosto, la Guardia Civil puso a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Ocaña las diligencias instruidas con el fin de citar judicialmente como investigado al propietario de la empresa pedroñera, responsable de la contratación de estas personas, por un delito contra los derechos de los trabajadores.