Protesta a favor de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la ciudad de Toledo. ARCHIVO

TOLEDO.- Sin opción al aborto dentro de la Sanidad pública de Castilla-La Mancha. Ningún centro público de la comunidad autónoma notificó la realización de interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) durante el año 2019, realizándose todas ellas en clínicas de titularidad privada.

Así consta en el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad, donde se indica que solo se practicaron abortos en dos centros privados de Castilla-La Mancha. En concreto, en la Clínica Iris Médica de Albacete y en Clínica Cire, situada en la localidad ciudadrealeña de Miguelturra.

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Una situación que comparte con Madrid, Murcia, Extremadura y Aragón, pero que es poco habitual en la mayoría de comunidades autónomas del país, donde las mujeres pueden interrumpir su embarazo en centros de ambas titularidades. En el caso de Cataluña o Navarra, la mayoría de los abortos se producen en centros y hospitales públicos.

En total, se realizaron unos 3.189 abortos en Castilla-La Mancha. La provincia de Toledo encabeza la lista con 1.129 interrupciones, seguida de Ciudad Real (746), Albacete (593), Guadalajara (452) y Cuenca (266). A nivel nacional, la cifra asciende a 99.149.

En cuanto a la edad, unos 2.546 los han realizado mujeres de entre los 20 y los 39 años. La mayoría de castellanomanchegas que han abortado cuentan con estudios de secundaria o formación profesional, no tienen hijos o solo cuentan con uno y no se han realizado ninguna interrupción con anterioridad.

En más de la mitad de los casos (unos 1.770) no se habían empleado métodos anticonceptivos para evitar la fecundación, o bien fallaron las soluciones de barrera como los preservativos (785) o las hormonales (424).

La práctica totalidad de los abortos, unos 2.835, se realizaron por petición propia de la mujer, mientras que el resto se hicieron por riesgo grave para la vida o salud de la mujer (221), anomalías en el feto (123) o por anomalías fetales incompatibles con la vida (7).

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

El hecho de que la opción sea una rareza no implica que la gran parte de las mujeres de la región que interrumpen su embarazo acudan para informarse a un centro sanitario de titularidad pública. Es allí donde se producen las derivaciones al sistema privado.

Según ha explicado la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, esta situación se debe al "buen número" de profesionales del Sescam que se han acogido a su derecho a la objeción de conciencia, contemplado en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva aprobada en el año 2010.

"Con carácter general, las interrupciones programadas se derivan a clínicas privadas" ha reconocido la también portavoz de la Junta, quien ha añadido que solo se interviene directamente en los hospitales públicos "cuando hay una situación de peligro para la madre o el feto".

En definitiva, el sistema de derivación sirve para garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en condiciones de calidad al tiempo que se respeta la objeción de conciencia de los profesionales del Sescam que, en palabras de Fernández, no deberían ser "demonizados".

Un criterio que no comparte la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien considera imprescindible reformar la ley vigente para "regular la objeción de conciencia de los médicos". En ese sentido, ha declarado que las mujeres deben tener garantizado acudir "a un hospital público y cercano a su domicilio", además de poder elegir el método para interrumpir el embarazo.