Embalse de Entrepeñas (Guadalajara), cabecera del río Tajo, en 2017, con la política trasvasista del Partido Popular, antes del establecimiento de los caudales ecológicos de la presente legislatura. - ARCHIVO

TOLEDO.- En un contexto de sequía que afecta a todo el país, con alarmantes informes sobre pérdidas de cosechas y anuncios de ayudas sobre la mesa, la nueva 'guerra del agua' se asoma también a esta campaña electoral envuelta aún en la polvareda levantada tras la aprobación el pasado mes de enero del plan de cuenca del Tajo y los recursos en los tribunales que se han ido planteando al respecto. Posiciones distintas y distantes incluso bajo unas mismas siglas políticas aunque es el territorio y los intereses propios los que marcan en estos casos las metas.

Y es que en esta legislatura que termina se ha producido un cambio significativo en materia de políticas de agua y trasvases, puesto que por primera vez la cuenca cedente ha entrado en la ecuación de las derivaciones de agua.

Un primer paso al respecto se daba en julio de 2021, cuando se aprobaban las nuevas reglas de explotación, modificando así el límite de 38 hectómetros cúbicos que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se había obcecado en mantener para las situaciones de nivel 2 pese a las recomendaciones de los técnicos, algo para lo que había contado con el beneplácito del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido entonces por María Dolores de Cospedal, convertida en valedora del Memorándum del Tajo.

Cambio de reglas que ha supuesto que el desembalse automático (sin necesidad de aprobación por parte del Ministerio) de agua desde la cabecera del Tajo hacia el Levante pase a ser de 27 hectómetros cúbicos, lo que ya ha supuesto en este tiempo el ahorro de decenas de hectómetros cúbicos.

Primer movimiento que ya generó críticas y polémica en la cuenca receptora, la del Segura, pero que desde hace unos meses se han reavivado tras la aprobación el pasado mes de enero del plan hidrológico del Tajo en el que, por primera vez, se fija el caudal ecológico del río y como derivada recortes al trasvase.

Pasos dados en cuya valoración no coinciden las distintas formaciones políticas que aspiran el próximo 28 de mayo a obtener el respaldo de los ciudadanos para llegar al Gobierno de Castilla-La Mancha -o al menos tener capacidad de influir en él-, con planteamientos que van desde la defensa de la reducción de los trasvases para regadío y la apuesta por el uso 'local' del agua, a quienes reclaman un desarrollo del regadío no condicionado por el factor medioambiental y aquellos para los que la solución a los males del agua en la región pasa por la construcción de embalses.

Entre los primeros el Partido Socialista de Castilla-La Mancha que desde el Gobierno regional ha encabezado la batalla contra el trasvase en los últimos ocho años, reclamando más agua para el Tajo primero con recursos ante el Supremo trasvase tras trasvase y ahora teniendo que personarse por los planteados desde la cuenca receptora, tras la aprobación del nuevo plan que se ve como una victoria.

Así, desde el partido cuya candidatura encabeza el actual presidente, Emiliano García-Page, la reducción de los trasvases no solo se considera desde el punto de vista de la conservación medioambiental del maltratado Tajo, sino que también la mirada está puesta en el uso prioritario de estos recursos para la cuenca cedente. Usos en los que va por delante el consumo humano, entendido este no solo como el abastecimiento a los hogares, sino también el necesario para el desarrollo económico en aquellos lugares en los que hasta ahora únicamente veían pasar de largo el agua a través del canal del trasvase.

Junto a ello, desde las filas socialistas se viene reclamando desde hace meses un consenso nacional sobre el agua, que sume los intereses y modelos de gestión, de modo que no sea una guerra de un partido contra otro ni de unas regiones enfrentadas a las otras. Eso sí, que se busque "antes de que sea el clima el que lo deje claro".

Cambio climático que se niega desde Vox, formación desde la que tienen claro cuál debe ser el modelo a seguir en materia de agua -además de en otras muchas cuestiones- en Castilla-La Mancha, y que no es otro que el de la vecina Castilla y León, donde se está levantando la única presa en construcción actualmente en España.

Un modelo que es el que quieren para Castilla-La Mancha, tal y como ha señalado abiertamente el candidato autonómico de la formación de ultraderecha, David Moreno, quien considera que hasta ahora lo que se ha hecho es limitar el uso del agua, especialmente para el regadío.

Vox abre la puerta a los trasvases, sin distinción, y promete llevar "a todos los puntos de Castilla-La Mancha" el agua que actualmente se les está negando. Para ello, la solución que ofrecen es la construcción de embalses para poder facilitar el acceso a agricultores y ganaderos al agua necesaria.

Desde la formación de ultraderecha abogan así por un Plan Nacional del Agua que evite el enfrentamiento de unas regiones con otras que, según Moreno, es lo que se habría conseguido con las decisiones adoptadas desde el Gobierno regional.

Aseguran que "España tiene agua para todos" y que lo único que falta para que ese recurso llegue a todas partes son "proyectos, inversiones, voluntad política y un Plan Nacional del Agua".

Planteamiento este último en el que coinciden con el realizado desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, en el que lo consideran la única forma de garantizar agua de calidad y en cantidad para todos los territorios.

Sin embargo en su caso el modelo a seguir no es el castellanoleonés, sino el andaluz y la apuesta por la regularización de pozos ilegales emprendida en el entorno de Doñana por el presidente Moreno Bonilla.

Así lo señalaba hace unas semanas el candidato de los populares a presidir la Junta de Comunidades, Paco Núñez, quien señalaba que ese modelo, el de regularizar pozos, es el que quiere para Castilla-La Mancha: "Ese es el camino", aseguraba.

Por su parte respecto al trasvase y los recortes que conlleva la aprobación del plan de cuenca del Tajo, Núñez critica que no incluya un plan de futuro sobre el uso de los recursos hídricos en Castilla-La Mancha y que no garantice el abastecimiento para agricultores y ganaderos.

Y aunque el candidato del PP dice ver bien que se cumplan las sentencias, "echa en falta" dinero para inversiones hídricas, y no cierra la puerta a mantener las actuales aportaciones de agua al Levante.

Una posición que le critican desde el PSOE, donde están convencidos de que Núñez "prefería el memorándum de la vergüenza firmado por Cospedal". Y es que, han recordado, cuando gobernaba en la región su entonces jefa de filas, no fue capaz de defender los intereses de Castilla-La Mancha, como tampoco lo ha hecho ahora.

Desde Ciudadanos, sin embargo, el planteamiento varía e introduce el factor de los "criterios técnicos" con los que pide que se apliquen las decisiones en materia de agua.

Mientras, desde Unidas Podemos señalan como su "propuesta estrella" del programa electoral "descontaminar y depurar el río Tajo para que llegue limpio desde Madrid", y plantea para contribuir a ello la imposición de una tasa ecológica a las actividades económicas que contaminan las aguas. Todo ello con el fin último, tal y como explicaba hace unas semanas el candidato de la coalición, José Luis García Gascón, de que el Tajo a su paso por la ciudad de Toledo llegue limpio y sea "apto para el baño". Todo un clásico en periodo electoral.

Posiciones y propuestas diversas para una batalla por el agua que se lucha en varios frentes, también en las urnas el próximo 28 de mayo.