GUADALAJARA.- La "aceptable" situación de los embalses de la cabecera del Tajo, que en la última semana 46,74 hectómetros cúbicos y acumulan 881,06 hectómetros situándose al 34,99 por ciento de su capacidad total, debe ser considerada como una oportunidad de recuperación y "no de expolio".
Así lo defienden desde la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, que reclama una lámina mínima de 1.000 hectómetros cúbicos y recuerda que esa agua pertenece al Tajo y es necesaria para la gestión plurianual de los embalses.
Y es que, argumentan, la "ligera" recuperación experimentada por los embalses de cabecera del Tajo, "gracias no solo a un episodio leve de lluvias y nieve, sino también a que el trasvase ha permanecido un tiempo cerrado", ha hecho que en Levante se cuente con que el agua pertenece al Segura y no al Tajo.
Un escenario ante el que el presidente de la asociación, Borja Castro, recuerda la "obligada necesidad" de cambiar con urgencia las reglas de explotación del trasvase, "la oportunidad que se nos brinda de no ser nuevamente expoliados, sino de comenzar un nuevo ciclo de gestión sostenible, acorde a los retos a los que nos enfrentamos ya en este escenario de cambio climático".
Desde la asociación recuerdan que los embalses son de gestión plurianual y deben cumplir una función reguladora, gracias a su capacidad para aguantar hasta cinco años de sequía. Por ello se reclama una lámina "estable" que permita "satisfacer nuestras necesidades como cuenca cedente", tal y como señala la ley, "pero también para garantizar la demanda de consumo humano y la salud del Tajo con sus caudales ecológicos en los periodos de sequía que están por venir".
Perspectivas ante las que Castro reclama una gestión "más eficiente", que no obligue a trasvasar agua cuando en el Levante tienen otras alternativas que funcionan, y que a su vez "nos permita crecer con un uso no privativo del agua, que es propiedad del Tajo, no de los regantes industriales".
Para el también alcalde de Alcocer, es importante que el Ministerio para la Transición Ecológica y la sociedad en su conjunto empiecen a tener en cuenta el "coste social marginal" de la agroindustria a la hora de ponderar las repercusiones económicas del cierre o disminución del trasvase.
