TOLEDO.- Cascada de reacciones a los datos de la Encuesta de Población Activa correspondiente al primer trimestre de 2021, en la que se señala que la región ha ganado 13.200 nuevos empleados con respecto al comienzo del año anterior, que coincidió con la declaración del primer estado de alarma a causa de la pandemia.
Mientras que el Gobierno regional, en palabras de su portavoz Blanca Fernández, ha valorado los datos como "positivos dentro de un contexto excepcionalmente negativo", asegurando además que la "economía de Castilla-La Mancha ha aguantado mejor que la media nacional", los agentes sociales han mostrado cierto escepticismo a la hora de vislumbrar la futura recuperación económica.
Desde la UGT han destacado la bajada del paro en la comunidad autónoma, que beneficia a 5.400 personas, pero han afirmado que no es suficiente "para hablar de una recuperación del mercado de trabajo".
El sindicato socialdemócrata ha puesto el foco en la brecha existente entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las más perjudicadas en la crisis del covid-19. Según los datos del INE, las mujeres castellanomanchegas casi doblan a sus compañeros varones en el número de personas desempleadas. De los 171.200 parados y paradas de la región, más de cien mil son mujeres.
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha señalado que la reducción trimestral del desempleo está vinculada con la reducción, en el mismo periodo, de la población ocupada.
"Algunos dirán que baja el desempleo, pero hay menos parados porque hay menos población activa", ha declarado el líder regional del sindicato. Entre los sectores que consideran que han renunciado a encontrar un trabajo, De la Rosa sitúa a las mujeres, "que no ven posible conciliar vida laboral y personal" y a los "jóvenes que han decidido marcharse" de la comunidad autónoma.
Ambas organizaciones sindicales coinciden en las soluciones a aplicar por parte de las distintas administraciones públicas a la hora de iniciar la senda de la reactivación económica. Entre ellas, UGT y Comisiones mencionan la subida del salario mínimo interprofesional, la derogación de la reforma laboral o el refuerzo de las políticas activas de empleo. Medidas que defenderán el próximo primero de mayo.
Por otro lado, el CSIF se ha enfocado en el número de ocupados que ha perdido el sector público en la región, 7.100 de las 7.800 personas que han dejado de trabajar con respecto al cuarto trimestre de 2020.
El sindicato de funcionarios ha denunciado que Castilla-La Mancha presenta la cifra más baja de ocupación en el sector público desde el segundo trimestre de 2018, situándose actualmente en 156.500 personas, y han subrayado que las respuestas de los distintos gobiernos han sido "insuficientes".
El CSIF ha lamentado "la falta de memoria hacia el papel crucial que han jugado los trabajadores de ámbito público" desde el primer momento de la pandemia, y han advertido que "la destrucción de empleo ha sido paulatina en los dos últimos trimestres". Igualmente, han criticado la precariedad y la temporalidad que se da en parte del sector público.
Finalmente, la patronal castellanomanchega ha sido la más crítica en sus declaraciones sobre la EPA. En un comunicado, la CECAM ha valorado "con preocupación" los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, que desde su punto de vista reflejan "la difícil situación que sigue atravesando el tejido productivo regional".
La confederación de empresarios ha achacado la ligera reducción del paro al levantamiento paulatino de las restricciones por la tercera ola de la covid-19, aunque han recordado que la tasa de paro en Castilla-La Mancha, de más del 17 por ciento, sigue siendo superior a la media nacional.
Eso sin sumar los cerca de 15.000 trabajadores que se encuentran en ERTE, algo que para la CECAM "pone de manifiesto que la recuperación económica queda todavía muy lejos".
Entre las soluciones que proponen para minimizar el impacto económico del coronavirus en las empresas, destacan la supresión de la cláusula de mantenimiento del empleo en los ERTE, que "sigue siendo una losa que pesa sobre miles de empresas en nuestra región". De no suprimirse, aseguran que se podría producir "una caída inevitable de un gran número de empresas".
