TOLEDO.- El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) da carpetazo definitivamente al proyecto de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad conquense de Villar de Cañas, al considerar "inviable" esta opción, tras no haberse logrado "el necesario grado de consenso social, político e institucional" para la construcción de una instalación de esta naturaleza. De este modo se decanta por la segunda de las opciones que contemplaba el borrador inicial del 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), la puesta en marcha de siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales existentes.
Así lo recoge la versión revisada del 7º PGRR publicada por el Ministerio y consultada por PeriódicoCLM, en el que se expone la decisión adoptada tras el análisis y la toma en consideración de las alegaciones formuladas en el trámite de información pública y de consultas al que se sometió la versión inicial del documento entre los meses de abril y junio. Un documento que es el instrumento para establecer la política sobre gestión de residuos radiactivos y sobre el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares.
En él, además de la puesta en marcha de estos siete almacenes temporales descentralizados, se incluyen las respectivas instalaciones complementarias o medidas adicionales para el mantenimiento de los contenedores del combustible gastado.
Residuos -combustible y de alta actividad- para los que también se prevé un destino definitivo en un almacenamiento geológico profundo.
Con esta decisión del Ministerio que dirige Teresa Ribera, se confirma lo que ya se apuntaba desde el Ejecutivo regional en el mes de abril, cuando se abría el proceso de información pública del borrador inicial del nuevo PGRR, al considerar que en él ya se dejaba claro que la construcción del ATC en Villar de Cañas no estaba ya "en la hoja de ruta" de Transición Ecológica.
Algo que no quedaba tan claro, sin embargo, para las plataformas contrarias a la construcción del cementerio nuclear y los colectivos ecologistas que llegaron a alertar del posible "cocinado" del Plan y de la amenaza que seguía sobrevolando a la provincia de Cuenca con este proyecto.
Tampoco han faltado alegaciones en el sentido contrario, puesto que desde el Ayuntamiento de Villar de Cañas también se plantearon alegaciones al borrador del 7º PGRR, poniendo así de manifiesto que no estaban dispuestos a renunciar a la construcción del cementerio nuclear y su centro tecnológico asociado en la localidad.
Un emplazamiento que fue seleccionado, cabe recordar, por acuerdo del Consejo de Ministros celebrado el 30 de diciembre de 2011, con la complacencia de la entonces presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a pesar del rechazo social generado por el proyecto.
Tras esta decisión, en enero de 2014, Enresa solicitaba al entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo la autorización previa y de construcción de esta instalación, ante lo cual el Consejo de Seguridad Nuclear emitía un informe favorable a finales de julio de 2015.
A pesar de ello, sin haberse llegado a conceder por parte del Ministerio ninguna de las dos autorizaciones solicitadas, en julio de 2018 la Secretaría de Estado de Energía solicitaba al CSN y a la Secretaría de Estado de Medioambiente la suspensión, tanto de la emisión del informe preceptivo sobre la autorización de construcción como de la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental, respectivamente, hasta la aprobación del 7º Plan General de Residuos Radiactivos.
Un documento que ahora, una vez resueltas las alegaciones, da un paso más en su tramitación, dando ya por descartada la posibilidad de construcción del ATC en Villar de Cañas.
Así, una vez finalizado el proceso de información pública y resolución de alegaciones, tenidas en consideración algunas de ellas, desde el Ministerio se ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear el informe sobre la versión revisada del 7º Plan General de Residuos Radiactivos. Un informe que es independiente de los informes vinculantes relativos a la seguridad nuclear, la protección radiológica y la protección física, tal y como han precisado desde el Ministerio, y que debe ser emitido con carácter previo a las autorizaciones que el Ministerio Concede para el ejercicio de las actividades de Enresa que se contemplan en el 71 PGRR.
Por otra parte, desde el departamento que dirige Teresa Ribera, se han solicitado también a las comunidades autónomas los correspondientes informes en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.
Un 7º PGRR en el que además de la puesta en marcha de siete ATD en las centrales para el combustible gastado y los residuos de alta actividad hasta su traslado al almacenamiento definitivo, también se contemplan otra serie de medidas, como el cese de la operación de las centrales nucleares entre 2027 y 2035, en coherencia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios.
Otro de los puntos contemplados en este escenario es el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto la de Vandellós I, cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.
Igualmente se establece la continuidad de las actuaciones para ampliar la capacidad de los almacenes temporales individualizados para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento; así como dar continuidad a la operación del centro de almacenamiento de El Cabril, en Córdoba, para residuos de muy baja, baja y media actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales.
Una vez que el Ministerio reciba todos los informes solicitados, se elaborará la propuesta final del 7º PGRR, que será remitida al órgano ambiental para que formule la Declaración Ambiental Estratégica. Tras ello, el paso definitivo será la aprobación por el Consejo de Ministros y se dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales y a la Comisión Europea, en cumplimiento de la Directiva de gestión de residuos radiactivos.
