Albacete se propone erradicar la prostitución: sanciones para proxenetas y puteros, y otras medidas para desincentivarla

La actual ordenanza contempla sanciones tanto para quienes ofrecen como quienes solicitan o aceptan servicios sexuales, por lo que al pasar a considerar a la mujer víctima de explotación sexual, no tendría sanción.
La actual ordenanza municipal establece sanciones de entre 121 y 3.000 euros para quienes ofrecen y aquellos que solicitan servicios sexuales. -ARCHIVO
photo_camera La actual ordenanza municipal establece sanciones de entre 121 y 3.000 euros para quienes ofrecen y aquellos que solicitan servicios sexuales. -ARCHIVO

ALBACETE.- Erradicar con la prostitución es uno de los objetivos que se ha propuesto el Ayuntamiento de Albacete y en esa lucha contra la explotación sexual que esta supone, ha aprobado una resolución en este sentido. Se trata de una de las más de cuarenta resoluciones aprobadas por el pleno durante el debate sobre el estado del municipio celebrado hace unos días.

Una resolución que contempla la necesidad de adoptar medidas para erradicar la prostitución en la ciudad, sirviéndose para ello acciones que estarán dirigidas a la protección social a la mujer víctima de la prostitución, pero también a desincentivar el consumo, sirviéndose para ello de medidas como campañas informativas, pero también vía sanciones.

Un paso más en la lucha contra este tipo de violencia de género, reconocida como tal en el artículo 4 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha -aprobada por unanimidad en el Parlamento regional-, que por otra parte ya se encuentra prohibida vía ordenanza municipal en la ciudad de Albacete, desde abril de 2015 (antes, en 2011, ya se había prohibido ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero y demandarlos).

Una prohibición que recoge en su capítulo XIV, la ordenanza reguladora de los espacios públicos de Albacete para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana y el civismo, con el objetivo también de "prevenir la explotación y trata de determinados colectivos".

Así, en su artículo 61, se prohíbe "el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales y prácticas sexuales retribuidas en el espacio público" en todo el término municipal, recogiendo además una "especial" prohibición a que se lleve a cabo "a menos de quinientos metros de distancia de centros residenciales, centros educativos sanitarios o cualquier otro lugar donde se realice actividad comercial o empresarial alguna".

Prohibiciones cuyo incumplimiento conllevaría en primer lugar una "advertencia" por parte de la Policía Local de Albacete o de los servicios municpales competentes, y ya en caso de persistir en la actitud, se procedería al levantamiento de un acta para iniciar el correspondiente procedimiento administrativo sancionador y aquellas actuación que legalmente correspondiera tras la identificación de las personas implicadas.

Si cumplidos esos trámites se negaran a abandonar el lugar, se consideraría un agravante en la sanción a aplicar, con multas que oscilarían entre los 121 y los 1.500 euros en el primer caso, y como infracción muy grave podrían alcanzar los 3.000 euros.

Sanciones que, según esta ordenanza municipal, se aplicarían "tanto a la persona que ofrece como la que acepta o solicita los servicios sexuales, imponiéndose a cada uno la sanción que corresponda".

Es precisamente en este último punto en el que desde el Gobierno municipal se pretende ir más allá y pasar a considerar a la mujer víctima de la explotación sexual, por lo que no se sancionaría, e incidir en la persecución al proxeneta y al putero.

Una figura en torno a cuyo rechazo se centraba la campaña contra la prostitución lanzada hace unos meses desde la Concejalía de Igualdad del Consistorio albaceteño, enmarcada en su V Plan Municipal de Igualdad, bajo el lema 'Putero, si consumes prostitución, lo eres'. Una iniciativa con la que se pretendía hacer entender a estas personas que "con su actitud, fomentan que exista la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual".

Ahora todo ello se verá complementado con otra serie de medidas, alguna de las cuales ya se contempla en la propia ordenanza, en la que se señalan expresamente "intervenciones específicas" para quienes "ejerzan el trabajo sexual en la ciudad y en especial a aquellas que quieran abandonar su ejercicio".

Recoge así que los servicios municipales competentes, con el auxilio de los agentes de la autoridad si fuera necesario, informarán "a todas las personas que ofrecen servicios sexuales retribuidos en espacios públicos" sobre las depedendencias municipales y los centros de atención institucional o de carácter privado a los que poder acudir para recibir el apoyo necesario "para abandonar estas prácticas".

Junto a ello, y atendiendo a lo contemplado en la resolución aprobada por el pleno municipal, se plantearán también medidas de protección social a la mujer víctima de la prostitución, junto con otras para disuadir de su consumo.

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