TOLEDO.- Cinco años han pasado desde que las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaran por unanimidad la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, pionera en España en materia de garantía y protección de los derechos de las mujeres y los menores víctimas de violencia machista.
Una ley impulsada por el Ejecutivo de Emiliano García-Page que supuso una ampliación del concepto de violencia de género y su adaptación al Convenio de Estambul, recogiendo así otras formas de violencia ejercida contra las mujeres, no únicamente por sus parejas o exparejas, haciendo 'visibles' conductas que no siempre se identificaban como expresión de violencia de género, como la violencia económica, la restricción de los derechos sexuales o reproductivos mediante la violencia, o a aquella que se produce a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
Un quinto aniversario en el que desde el Gobierno regional se ha hecho balance de los resultados de la aplicación de esta ley, pero sin apartar la mirada de los pasos que es necesario seguir dando para la erradicación de la violencia machista.
Así lo ha subrayado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, quien ha recordado que la normativa contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios en las Cortes, de ahí que haya querido mostrar su preocupación por los retrocesos en materia de igualdad que se están produciendo en el nuevo escenario político, con la entrada de la ultraderecha en muchos ayuntamientos.
Entidades fundamentales en la aplicación de las políticas de igualdad, al ser las más próximas a la ciudadanía en su ámbito de actuación -ha recalcado Padilla-, pero en las que, sin embargo ahora, "muchas concejalías ya no están al pie del cañón, e incluso algunos ediles niegan la existencia de esta clase de violencia".
Por otra parte, Padilla ha destacado que, al igual que en su momento lo fue la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas, la Ley 4/2018 para una Sociedad Libre de Violencia de Género fue una de las normativas más adelantadas en la protección de los derechos de las mujeres y menores víctimas de la violencia machista en el conjunto del país.
Una ley que entiende esta violencia como una manifestación de la desigualdad, la discriminación y las relaciones de poder asimétricas entre mujeres y hombres, por lo que, desde Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, "se sostiene firmemente el compromiso con la consecución de una sociedad en la que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y libertades fundamentales".
Así, ha puesto el foco en uno de los avances más importantes de esta ley, que recogió por primera vez otras formas de violencia ejercida contra las mujeres: el feminicidio; las diferentes manifestaciones de violencia sexual; la trata y la explotación sexual, así como el matrimonio o emparejamiento a edad temprana, concertado o forzado; la mutilación genital femenina y el acoso sexual o por razón de sexo en el ámbito laboral.
Del mismo modo, la ley que este 4 de octubre cumple cinco años, contempla también ayudas económicas para los menores en caso de asesinato de la madre, así como asistencia psicológica especializada.
Desde el Gobierno regional consideran que sería "muy interesante" que en el resto del país se siguiese el ejemplo de Castilla-La Mancha, ensanchando el concepto de violencia de género, "no limitándola a aquella que ocurre en el seno de una pareja o expareja, y reconociendo también a los menores hijos de mujeres maltratadas como víctimas".
Respecto a las medidas y acciones puestas en marcha en la región tras la aprobación de esta ley en 2018, Esther Padilla ha destacado, por una parte, el trabajo realizado en materia de concienciación y sensibilización, destinando cerca de 800.000 euros a financiar 75 proyectos.
Asimismo, se han blindado las ayudas económicas tanto a las mujeres víctimas, como a sus hijas e hijos. "Concretamente, en este año 2023 hemos concedido hasta el momento 20 ayudas de orfandad, de unos 7.200 euros anuales; si bien, están en trámite cuatro más, incluyendo entre ellas a los dos menores cuya madre fue asesinada el pasado jueves", ha añadido. Además, es compromiso del presidente Page el ampliar las ayudas para menores huérfanos hasta que cumplan los 25 años.
En otro orden de las cosas, la ley también garantiza la atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género para lograr su completa recuperación y autonomía, asegurando como mínimo el asesoramiento jurídico y psicológico. Dentro de esta red de recursos, se integran los 87 centros de la mujer de la región que apoyan a una media de 20.000 mujeres al año, así como los recursos de acogida, que han atendido a 1.814 mujeres y a 1.636 menores desde 2018.
La consejera portavoz también ha querido destacar que esta Ley permite a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha personarse, "sin ningún tipo de complejo", ejerciendo la acción popular en los procedimientos penales por violencia de género.
"Deseo de que esta ley sea ejemplo y se siga el camino marcado por Castilla-La Mancha, puesto que es una ley muy positiva y, a lo largo de estos 5 años, se han podido comprobar sus efectos", ha sentenciado Esther Padilla.
