TOLEDO.- La financiación autonómica cobra protagonismo de cara a las negociaciones para la investidura, con presiones desde distintos territorios e incluso exigiendo la promesa de acabar con la deuda existente en esta materia como condición imprescindible para dar su apoyo.
Exigencia esta que ha planteado el exdiputado y portavoz de Compromís en las Cortes valencianas, Joan Baldoví, quien considera que en esta materia el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pone palos en las ruedas y ha considerado que en cuestión de financiación autonómica "se parece más a Ayuso que a un barón socialista".
Algo ante lo que no se ha hecho esperar la respuesta del PSOE de Castilla-La Mancha, desde el que han recordado que la posición castellanomanchega sobre la financiación autonómica pasa por pedir que "se financien justamente los servicios públicos, sea cual sea la población".
Así lo ha señalado a través de las redes sociales el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado por Toledo en el Congreso, Sergio Gutiérrez, quien rebate a Baldoví y señala que mientras Ayuso, como Andalucía o Compromís, "quiere que la financiación autonómica vaya por número de habitantes, García-Page quiere, como Asturias o Aragón, que se financien justamente los servicios públicos, sea cual sea la población". Una posición que es, subraya, "lo más socialista y justo".
En este sentido, cabe recordar que Castilla-La Mancha fue una de las ocho comunidades autónomas que firmaron en 2021 una declaración institucional en la que consensuaron que, ante una eventual reforma del sistema de financiación autonómica, el coste de los servicios públicos debía primar entre los factores a tener en cuenta, pero acompañándolo de otros factores como la superficie, la dispersión de la población, la baja natalidad y el envejecimiento, la baja densidad demográfica o la orografía.
Declaración del Foro de Santiago que suscribieron los presidentes autonómicos de Galicia, Cantabria, Principado de Asturias, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Extremadura, además de Castilla-La Mancha.
Un planteamiento que también llevaba a Bruselas el pasado mes de junio el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien durante su intervención en la Conferencia del Pacto Rural Europeo abogaba por que el coste efectivo de la prestación de los servicios sea un elemento "clave" en el diseño del nuevo sistema de financiación autonómico.
