GUADALAJARA.- Tras diez años de dura batalla judicial, tres juicios, una demolición decretada y la amenaza de prisión para seis repobladores si no pagan los 110.000 euros en los que se ha valorado tirar lo reconstruido, los impulsores del proyecto Fraguas Revive han decidido ponerle punto y final. Las trabas puestas desde la Administración a lo largo de los últimos años, las batallas en los tribunales y las sentencias en contra les han llevado a tomar esta decisión.
Y aunque ni el espacio ni el proyecto con el que se trataba de reconstruir un pueblo abandonado, enclavado en la Sierra Norte de Guadalajara, expropiado por el franquismo y destruido con prácticas militares, basando el proceso en valores como la autosuficiencia, ecología, recuperación del patrimonio y vida en comunidad, vayan a seguir adelante, consideran que Fraguas ha sido una victoria, al haber conseguido situar el tema de la despoblación en la opinión pública y hacer de trampolín para que personas y proyectos regresen al mundo rural.
Un proyecto que nacía en el año 2013 con el objetivo de reconstruir el pueblo de Fraguas, que llevaba abandonado desde 1968 tras la expropiación forzosa y fraudulenta llevada a cabo. Sin embargo, a pesar del impacto positivo tanto en la demografía como en la economía local, al estar enclavado en una de las zonas más despobladas de Europa, y de contar con un fuerte respaldo de la sociedad civil, los propietarios de los terrenos, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no lo llegó a ver en ningún momento "con buenos ojos", lamentan.
De ahí, que seis de los repobladores fueran condenados como "especuladores inmobiliarios" pese a que no se cumplieran los requisitos para ello. Y es que, subrayan desde Fraguas Revive, ni se había edificado de nueva planta, ni se había urbanizado y todo era "autorizable".
Consideran además que su derecho de defensa fue vulnerado, al no tener opción de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, a la par que tampoco se ha escuchado a la comunidad científica y los avisos lanzados, tanto a la Administración como a la jueza, en relación a la "ilegalidad" de la sentencia que pretende demoler Fraguas, lo que supondría una "pérdida irrecuperable del patrimonio".
En este sentido, apuntaban desde el claustro científico del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) la existencia de elementos susceptibles de ser protegidos por la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, tanto en la categoría de patrimonio histórico como en la de patrimonio etnográfico, llegando a afirmar que "el pueblo en su conjunto" podría ser considerado como parte del patrimonio arqueológico.
Sin embargo, hace poco más de un mes, el 11 de enero, recibían respuesta de la Audiencia Provincial de Guadalajara al último recurso presentado contra el presupuesto y demolición de Fraguas. Recurso que también ha sido denegado, aprobándose así los 110.000 euros presupuestados, que de no ser pagados por los repobladores encausados conllevarían la pena de 2 años y 3 meses de prisión para cada uno de ellos.
Lamentan que no se haya tenido en cuenta "ni la voz de un equipo arqueológico independiente ni otro presupuesto independiente que tasa la demolición muy por debajo del presentado por la Junta de Comunidades", valorándolo en 67.000 euros.
Pero además, otro de los procesos judiciales que siguen abiertos, que ya permite desalojar, amenaza a otras diez personas con "cobrarles el 5 por ciento del valor de la finca usurpada", de más de 1.000 hectáreas, por cada diez días de permanencia en el pueblo.
Una situación que ha llevado a Fraguas Revive a desistir del proyecto. No obstante, los costes de la demolición, contemplados como responsabilidad civil, no prescriben y de no pagarse los 110.000 euros no solo llevarían a los 6 de Fraguas a la cárcel, sino que la deuda quedaría pendiente de por vida.
Por ello han decidido intentar hacer frente a la pena económica. Tras muchos años de apoyo y solidaridad ya han conseguido reunir 40.000 euros, aunque el próximo lunes, 27 de febrero, se pondrá en marcha un crowdfunding a través de goteo.org, para recaudar el resto.
De este modo, y tras haber agotado todas las vías que consideran posibles, desde el colectivo hacen un llamamiento a la solidaridad para evitar la entrada en la cárcel de los 6 de Fraguas.
