El Gobierno de Castilla-La Mancha urge por carta a la ministra Ribera a actualizar las reglas de explotación del trasvase

Recuerdan que ya han pasado los doce meses establecidos en el plan hidrológico del Tajo para modificar las normas y reclaman "transparencia" sobre los caudales ecológicos.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la rueda de prensa ofrecida en Toledo. - A. PÉREZ | JCCM
photo_camera La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, durante la rueda de prensa ofrecida en Toledo. - A. PÉREZ | JCCM

TOLEDO.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido por carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la actualización "cuanto antes" de las normas reguladoras de la explotación del trasvase Tajo-Segura, de modo que la normativa sobre esta infraestructura se adecúe a la nueva planificación.

Una misiva en la que la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, traslada a Ribera, la preocupación del Gobierno regional ante la "falta de información" tras la entrada en vigor del plan hidrológico del Tajo que contempla la actualización de las normas reguladoras del trasvase.

Así lo ha señalado Gómez durante la rueda de prensa que ha ofrecido en Toledo tras la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha recordado que el 10 de febrero de 2023 entraron en vigor los planes hidrológicos, entre ellos el del Tajo y según recoge la disposición final segunda del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, en el plazo de doce meses el ministerio tendría que someter al Consejo Nacional del Agua la actualización del Real Decreto (773/2014), que regula las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura tras el conocido como 'Memorándum de Cospedal', con el que se blindó por ley la obligatoriedad de trasvasar.

Desde el Ejecutivo castellanomanchego muestran así su preocupación por la falta de información respecto al resultado de los informes técnicos solicitados por el ministerio al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), los cuales "no solo son necesarios para los ajustes que hayan de realizarse en las normas de explotación, sino que además tenemos mucho que decir", ha señalado Gómez.

Y es que, ha insistido la consejera, "en Castilla-La Mancha sabemos la importancia y la necesidad de tomar una decisión "escuchando a todas las partes", lo cual, sin embargo, "no puede servir para retrasar una modificación que debe hacerse cuanto antes, como recoge la ley que obliga a cumplir con los caudales mínimos establecidos en el plan hidrológico del Tajo".

Así, desde el Gobierno regional se acoge "positivamente" la futura reunión técnica que mantendrá el Ministerio para la Transición Ecológica con las comunidades autónomas: "Allí estaremos, participaremos y aportaremos". Una reunión, ha recalcado, en la que confía "no se tenga en cuenta" la petición de cambiar los caudales ecológicos, como avanzó ayer la ministra, puesto que "ya están aprobados y no hay vuelta atrás, pese al recurso de comunidades como Valencia y Murcia".

Un contexto en el que la consejera de Desarrollo Sostenible ha vuelto a recalcar que Castilla-La Mancha "es solidaria y lo lleva siendo muchos años", pero es una región que "tiene necesidad de agua" y por ello "este Gobierno no va a dejar pasar la oportunidad de arreglar la situación existente".

Por otra parte, Gómez ha recordado que el Ejecutivo castellanomanchego ha conseguido hitos importantes. Uno de ellos, ha señalado, la implantación de los caudales ecológicos en varios tramos del río, lo cual está permitiendo la recuperación de unos niveles aceptables, "pero no suficientes". Datos sobre los caudales ecológicos que, sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Tajo "no publica" desde mayo de 2023, situación ante la que ha reclamado "mayor transparencia".

Asimismo, otro de los hitos logrados por el Gobierno regional ha sido la modificación de la regla de explotación, que ha supuesto una reducción del 29 por ciento -pasando de 38 a 27 hectómetros cúbicos mensuales- de los trasvases cuando los embalses de cabecera se encuentran en nivel 2 de "normalidad". Gómez ha recordado que en 2013 fueron Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y María Dolores de Cospedal en la región, quienes "blindaron el trasvase" en detrimento de los intereses de Castilla-La Mancha.

Por tanto, ha argumentado la consejera, desde Castilla-La Mancha se espera ahora el cumplimiento de la planificación hidrológica vigente y la implantación progresiva, hasta 2027, del régimen de caudales ecológicos propuesto y que, con todo ello, "se hagan unas nuevas normas de explotación del acueducto" de los excedentes del Tajo acorde con la nueva planificación, "sin disminuir nuestros recursos y las disponibilidades de la cuenca cedente".

DERROCHE DE AGUA PARA REGADÍO

En este contexto, la consejera de Desarrollo Sostenible ha criticado las "lecciones" que pretenden dar desde Valencia, Murcia y Andalucía, al seguir pidiendo agua del Tajo. Así, refiriéndose a un informe de la Universidad de Alicante publicado por el diario El País, ha recalcado que estos territorios son, precisamente, "los que tienen un mayor derroche en el uso de agua para regadío, que no son capaces de comercializar sus producciones, tirando a la basura unos 20,8 hectómetros cúbicos de agua en el caso de Valencia; 17,3 hectómetros cúbicos en Murcia y otros 11,6 en Andalucía". Esto, ha continuado, supone "desperdiciar 48 hectómetros cúbicos al año, equivalente a casi el doble de un trasvase mensual de 27 hectómetros cúbicos en régimen de normalidad".

"En Castilla-La Mancha necesitamos esa agua para beber, para nuestro desarrollo y para la protección de los espacios naturales. Hasta ahora nadie habla del daño ecológico que provoca no solo en el entorno de los embalses de cabecera, sino en toda la cuenca del Tajo", ha recalcado, enfatizando que en esta región "no queremos renunciar a nuestras masas forestales, ni tampoco a nuestros espacios naturales porque ofrecen riqueza a nuestros municipios en zonas con riesgo de despoblación pues el agua es un elemento fundamental para estas comarcas".

Por último, la consejera se ha referido también a la activación del trasvase Júcar-Vinalopó que está provocando una restricción de 49 hectómetros cúbicos al año sin tener ninguna consideración técnica a La Mancha oriental. "También es un atropello del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que demuestra una vez más que solo quieren agua para ellos y su regadío", ha señalado.

Por todo ello, cree que "es necesario hablar y modificar las reglas que tengan en cuenta la necesidad clara de los territorios; que se piense más en las personas, en la protección ambiental y de cara al futuro porque el cambio climático es implacable, ya que vemos que cada vez vamos a tener menos capacidad de contar con un recurso como el agua".

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