TOLEDO.- Castilla-La Mancha estrenará cuentas este 1 de enero, después de que hoy haya quedado publicada en el Diario Oficial de la región la Ley de Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2024. Unos presupuestos que ascienden a 12.473 millones de euros, con una variación del 0,3 por ciento respecto al ejercicio anterior, y que están enfocados a seguir reforzando los servicios públicos, generando riqueza y empleo, así como a impulsar la Estrategia frente a la Despoblación.
Unos presupuestos que fueron aprobados por las Cortes regionales el pasado 20 de diciembre, y que resultan fundamentales "para seguir avanzando con el conjunto de la ciudadanía para hacer de Castilla-La Mancha una tierra cada vez más rica y cohesionada", tal y como subrayaba entonces el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Unos presupuestos que se han elaborado y tramitado en un marco de estabilidad institucional y política con el horizonte puesto en tres grandes objetivos, garantizar el sistema de bienestar y protección social, reforzando los servicios públicos fundamentales, pilares del Estado de Bienestar; promover la modernización y transformación de la economía regional e impulsar la generación de empleo estable y de calidad, contribuyendo a que la comunidad avance hacia una economía del siglo XXI, con la transformación digital y la transición energética como motores del crecimiento; e impulsando la Estrategia Regional frente a la Despoblación.
En este último punto, se ha hecho especial énfasis en la financiación de políticas dirigidas en el ámbito rural al emprendimiento, la innovación y las pymes, además de a la consolidación y ampliación de los servicios públicos o la mejora de sus infraestructuras. En definitiva, tres grandes líneas para seguir generando riqueza y empleo para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
RESPONSABILIDAD FISCAL Y PRUDENCIA FINANCIERA
Desde el comienzo de la elaboración de estas cuentas, el Gobierno regional ha mostrado su compromiso con la responsabilidad fiscal y la prudencia financiera. Es un presupuesto equilibrado, ya que no va a generar nuevo endeudamiento en un contexto de subida de los tipos de interés. Este esfuerzo se suma al que ya realizó el Ejecutivo autonómico en el presupuesto de 2023 con una reducción del déficit del 70 por ciento.
En otra línea, se ha destacado la seriedad y rigor a la hora de diseñar este presupuesto, que tiene el doble respaldo en el marco de diálogo social que se ha mantenido desde el inicio con los agentes sociales, así como el aval de la AIReF tanto de las previsiones macroeconómicas que sustentan el límite de gasto no financiero para 2024, como el propio presupuesto, precisando que se ha elaborado con prudencia en cuanto a la estimación de ingresos y con moderación a la hora de determinar los gastos.
En relación al gasto social, se destinarán 7.304 millones de euros para fortalecer los servicios públicos fundamentales y atender a las personas más vulnerables. Son 340 millones más que en 2023, un 4,4 por ciento más para sanidad, educación y los servicios sociales. Estos recursos siguen la línea ascendente de incrementar las cuantías destinadas a consolidar el estado del bienestar para cumplir el compromiso adquirido con la ciudadanía de situar cada año el gasto social en torno al 70 por ciento.
Desde el año 2015, con el primer Gobierno de Emiliano García-Page, el gasto destinado a sostener el estado del bienestar se ha incrementado en más de un 60 por ciento, pasando de un volumen de 4.500 millones de euros a los 7.304 que se contemplan para el próximo ejercicio.
Por otro lado, las actuaciones de carácter económico contarán con 2.190 millones de euros, lo que supone una variación del 6,8 por ciento respecto a 2023. Esta cuantía irá encaminada a la modernización del tejido productivo, a políticas de empleo, a la dotación y desarrollo de infraestructuras básicas, al impulso de la I+D+i y de nuevas tecnologías en los diferentes sectores productivos y al avance en sostenibilidad ambiental.
Además, se vuelve a contemplar en las políticas presupuestarias el impacto del reto demográfico. Así, la Estrategia Regional frente a la Despoblación dispondrá de 1.992 millones de euros, un 12,1 por ciento más que las dotaciones previstas en 2023. Se distribuirán en cuatro ámbitos, servicios públicos, ámbito social, económico y territorial.
Las operaciones de capital, es decir, las inversiones, ya sean realizadas por la propia Administración regional o por terceros, aumentan hasta los 1.705 millones de euros; una variación del 7,6 por ciento y 121 millones más que en el presente ejercicio. Este volumen de recursos va a permitir incidir en la modernización del tejido productivo, la transición ecológica y la transformación digital e I+D, también continuar invirtiendo en infraestructuras dirigidas a la mejora de la calidad de los servicios públicos y continuar con el desarrollo de infraestructuras básicas, para acercarlas a la ciudadanía.
