CUENCA.- Una decisión del Tribunal Supremo cierra el paso a la autorización de una nueva macrogranja porcina en la localidad conquense de Huerta de la Obispalía, al inadmitir a trámite el recurso presentado por la empresa promotora y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por incumplimiento de la normativa ambiental.
Una resolución de fecha 26 de junio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, que supone el tercer varapalo de la Justicia en relación a esta macrogranja promovida por la empresa Hermanos Matas de Huerta S.L., tras el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey contra la autorización ambiental integrada concedida por el Gobierno regional para la nueva explotación porcina, que supondría la sexta de la misma propiedad en su término municipal.
Un recurso planteado por este ayuntamiento conquense tras sufrir los efectos de otra explotación porcina intensiva de este empresa, que había contaminado el acuífero con nitratos, tal y como recoge la sentencia 10/2018 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dejando así de ser potables las fuentes de abastecimiento a la población.
Pese a ello, la Junta presentó recurso ante el Supremo, que ahora lo inadmite, al considerar que "falta fundamentación suficiente" y que no encaja en la figura legal del recurso de casación, puesto que estos hacen referencia a la valoración de los hechos y las pruebas, pero no a asuntos procesales.
Una resolución sobre la que ha informado el colectivo Pueblos Vivos Cuenca, en una nota de prensa en la que recuerdan que ya hubo una sentencia condenatoria por otra macrogranja de la misma empresa. Resolución judicial de enero de 2018, por la que se condenaba a la Junta por "otorgar de manera ilegal autorización ambiental integrada" a otra explotación porcina, y que, sin embargo, "fue incumplida" por la Consejería de Agricultura Agua y Desarrollo Rural, posicionándose "a favor de la empresa infractora" y acelerando a su vez los trámites para una nueva autorización ambiental integrada, lo cual hizo que en la práctica no hubiera "ni un solo día de paralización de la actividad de la macrogranja condenada".
Empresa, cabe recordar, que cuenta con cinco explotaciones porcinas en el término municipal de Huerta de la Obispalía, sumando 22.000 cabezas de cebo y 2.500 madres.
Para el colectivo Ecologistas en Acción de La Manchuela, Toni Jorge, el Gobierno regional, "rompiendo el principio de seguridad jurídica y de imparcialidad", en lugar de defender el bien común, se vuelve a poner "del lado de una empresa infractora".
Así, denuncian el "escaso compromiso" de la Junta en "en defender nuestros recursos naturales y, en especial, el agua de nuestros acuíferos que están altamente contaminados".
Algo, recuerdan, por lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España el pasado mes de marzo, al incumplir las obligaciones de la normativa de protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos en ocho comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, a la que se menciona "26 veces en la sentencia por diversos incumplimientos de directivas europeas".
