TOLEDO.- Todas las encuestas coinciden: la única opción del Partido Popular de volver al Gobierno de Castilla-La Mancha sería (si dieran los números) sumando con Vox. Una posibilidad que planea en estos últimos coletazos de la campaña electoral, en los que las llamadas a la movilización para evitar esa conjunción no dejan de repetirse.
Posible coalición de gobierno que de seguir el modelo puesto en práctica en la vecina Castilla y León, con la agenda ultra de Vox marcando el ritmo, pondría en jaque numerosas políticas, leyes y medidas de las que viene haciendo gala Castilla-La Mancha desde hace años.
Uno de los puntos en esa agenda castellanoleonesa de Vox era la ley de violencia intrafamiliar, con la que se pretendía disociar el género de la violencia al abogar por "tratar a todas las víctimas por igual".
Algo que de trasladarse a Castilla-La Mancha con un hipotético gobierno entre el Partido Popular y Vox supondría acabar de golpe con una de las banderas de las que hace gala est comunidad autónoma, su lucha contra la violencia de género.
Y es que, cabe recordar, esta región fue la primera en abordar por ley la violencia de género en el ámbito de la pareja y garantizar la asistencia a las víctimas. Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Maltratos y Protección a las Mujeres Maltratadas, poniéndose así a la vanguardia de la lucha contra la violencia machista.
Ley castellanomanchega que abrió paso a normas similares en otros territorios y fue referente para la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Pero Castilla-La Mancha no se conformó, y en el año 2018 daba un paso más con la aprobación por aclamación de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. Una norma con la que se ampliaba el ámbito de aplicación a todas las manifestaciones de violencia de género, en cualquier ámbito, recogiendo además todas las formas de violencia que se ejerce contra las mujeres e identificando aquellas conductas que no siempre se consideran como expresión de esa violencia, aunque lo son. La violencia económica, la violencia simbólica o la restricción de derechos sexuales, así como la que se produce a través de las tecnologías de la información y la comunicación, quedaban recogidas en esta ley.
Pero una hipotética entrada de Vox en el Gobierno de Castilla-La Mancha no solo podría poner en riesgo los avances conseguidos en esta materia, sino también otros avances en materia de igualdad, como fue la aprobación hace algo más de un año de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI.
Una ley que era aprobada por unanimidad en las Cortes regionales con el objetivo de avanzar hacia una sociedad cada día "más abierta, plural, respetuosa y tolerante", que sirviera de "blindaje" de los derechos y libertades de este colectivo y a la vez sirviera de impulso para la puesta en marcha de políticas efectivas, tal y como subrayaba aquel día la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, quien también llamaba la atención sobre la polémica que desde Vox se había pretendido generar en torno a este texto.
Otro de los temas en la agenda ultra de Vox en Castilla y León ha sido la pretendida reducción del gasto superfluo. Un discurso que en tierras castellanomanchegas suena bastante parecido al esgrimido en su día por María Dolores de Cospedal, quien a base de recortes en los servicios públicos y despidos trató de justificar su intención de salvar unas supuestamente maltrechas cuentas regionales, mientras que por la puerta de atrás el dinero público se destinaba a impulsar una faraónica Cumbre del Vino o a sufragar gastos en hoteles, restaurantes y compras varias sin justificar por parte del entonces director general del ente público, Nacho Villa.
Gasto superfluo entre el que Vox en la vecina Castilla y León situó también el Servicio de Relaciones Laborales (Serla), encargado de la mediación en conflictos colectivos, planteado inicialmente su supresión y después un 'tijeretazo' presupuestario que posibilitará su funcionamiento solo durante unos meses.
Una medida duramente criticada por los sindicatos, también desde Castilla-La Mancha, al temer que si el PP pudiera sumar con Vox para formar gobierno la próxima legislatura, fuese esa una de las premisas sobre la mesa, en un contexto en el que desde hace meses se reclama la recuperación del Jurado Arbitral, pero también potenciar la intermediación laboral o el asesoramiento en materia de empleo.
Y en esa agenda ultra que podría exportarse a tierras castellanomanchegas tampoco falta el negacionismo climático, exhibido por el vicepresidente del Ejecutivo castellanoleonés, Juan García-Gallardo, quien tras invitar a unos adolescentes a cuestionarse la peligrosidad del CO2, durante una visita de precampaña en Toledo negaba su existencia, afirmando que "el clima lleva cambiando desde el origen de la Tierra" y defendiendo un modelo en el que prime la explotación de los recursos naturales y construcción de infraestructuras.
Planteamiento que contrasta con la apuesta decidida en la lucha contra el cambio climático emprendida por el Gobierno de Castilla-La Mancha en las dos últimas legislaturas, y de forma especialmente visible en la que ahora termina, durante la cual la comunidad autónoma se ha consolidado como líder en instalación de energías renovables y multiplicado su producción eléctrica.
Negacionismo climático que se ponía también frente a frente con la realidad el pasado verano, con el incendio que arrasó 25.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra y que puso de manifiesto la precariedad de los dispositivos de la lucha contra incendios en esta comunidad, al considerar el Gobierno de PP y Vox que no es necesario aumentar los meses de trabajo al año y potenciar el carácter público del servicio.
Modelo que contrasta con el de Castilla-La Mancha, con su apuesta por un dispositivo que se mantiene operativo los 365 días del año, la incorporación de nuevos medios y alta tecnología auxiliar.
Cuestiones todas ellas sobre las que Castilla-La Mancha podría dar un giro de 180 grados si el próximo 28 de mayo el resultado que salga de las urnas abre la puerta a la entrada de Vox -invitada por el Partido Popular- en el Gobierno regional, puesto que como ya han dejado claro, su modelo a seguir es el experimentado en Castilla y León.
