TOLEDO.- El próximo 28 de mayo casi 1,6 millones de electores están llamados a las urnas en Castilla-La Mancha para elegir a quienes representarán sus intereses, gobernarán y legislarán en la comunidad autónoma durante los próximos cuatro años.
Son en total 33 escaños los que repartirán los habitantes de la región con sus votos, tres de base por cada una de las cinco provincias y los restantes distribuidos en proporción a la población de cada una de ellas. De este modo, la provincia que mayor número de representantes tiene en la Cámara autonómica es Toledo, con un total de 9 diputados; seguida por Albacete y Ciudad Real, para las que se elegirán siete diputados por cada una, mientras que de las circunscripciones electorales de Cuenca y Guadalajara saldrán de las urnas elegidos cinco diputados, al ser ambas provincias la que menor población tienen.
Cortes castellanomanchegas que, junto al parlamento de La Rioja, son las que cuentan con menor número de diputados, aunque con la diferencia de que los 33 de Castilla-La Mancha representan a una población de más de 2 millones de habitantes, frente a una población riojana que no llega a los 320.000. Y es que, mientras que en esta a cada escaño corresponderían algo más de 9.600 habitantes, en la Cámara castellanomanchega son más de 62.000 habitantes los que habría por representante.
Un número exiguo de escaños, "ridículo" como se ha subrayado en numerosas ocasiones, que si bien contrasta al plantear la comparación con otros territorios como la Comunidad de Madrid, Cataluña o Andalucía, que triplican y cuadruplican en población a Castilla-La Mancha, cuyos parlamentos autonómicos superan el centenar de diputados (136, 135 y 109, respectivamente); es aún más llamativo si se confronta con comunidades autónomas cuyo número de habitantes es similar al castellanomanchego.
Así, por ejemplo, mirando a la vecina Castilla y León, con una población ligeramente superior a la castellanomanchega, en total 2.372.640 habitantes (según los datos del INE a 1 de enero de 2022), su parlamento regional cuenta con 81 diputados; o País Vasco, donde el número de representantes es de 75, para una población de 2.213.993 habitantes.
Diferencias que aumentan y ponen sobre la mesa si sería necesario volver a aumentar la representatividad en la sede del antiguo Convento de San Gil, si la comparación se establece con regiones a las que Castilla-La Mancha duplica en población. Comunidades autónomas como el Principado de Asturias, en cuyo parlamento se reparten 45 escaños; Baleares con 59 diputados o Extremadura, donde los representantes de la ciudadanía son 65.
Cuestión relativa al reducido número de diputados de las Cortes castellanomanchegas que aun siendo recurrente en intervenciones y discursos a lo largo de los últimos años, criticando la modificación de la ley electoral planteada por el Partido Popular de forma unilateral, no se ha planteado seriamente un nuevo cambio.
Y es que, cabe recordar, el actual número de escaños, los 33 que están en juego el próximo 28 de mayo, se fijó durante el gobierno de María Dolores de Cospedal, que sirviéndose de la mayoría absoluta con la que contó entre 2011 y 2015, llegó a ejecutar dos cambios de la ley electoral en una misma legislatura buscando beneficiar los resultados de su partido.
Un periodo en el que se pasó de 49 a 53 diputados primero, en 2012, y después se optó por una nueva modificación y drástica reducción la representación en el Parlamento castellanomanchego, en 2014, pasando de 53 escaños a los actuales 33. Un movimiento que se calificó de "pucherazo" y "cacicada", criticado por hacer que no todos los votos valieran igual en la comunidad y para cuya reversión se pedía "sentido común".
Sin embargo, la ley electoral no ha vuelto a ser modificada en las dos últimas legislaturas, ya con el Partido Socialista de vuelta en el Palacio de Fuensalida. Y es que aunque sí ha habido intentos para plantear una reforma tanto del Estatuto de Autonomía como de la ley electoral, no se han llegado en ningún momento a alcanzar los acuerdos necesarios para llevarlo a cabo.
Contactos para la reforma que se iniciaron en el año 2017, aunque sin conseguir avances; y que un año después llevó incluso a Podemos e Izquierda Unida a poner en marcha una campaña de recogida de firmas, reclamando de forma "urgente" e "inaplazable" la reforma, aunque tampoco tuvo mayor eco ni se logró el acuerdo.
En este sentido, hay que destacar, desde el gobierno de Emiliano García-Page se ha defendido la voluntad de llevar estos cambios con consenso, no solo de los partidos políticos con representación en las Cortes regionales, sino más amplio, y de no hacer uso del 'rodillo' que le permitiría la mayoría absoluta con la que ha contado en la última legislatura, como sí se hizo en otro momento por parte de los populares.
Sin embargo sí hubo entendimiento al principio de la misma para recuperar otra de las cuestiones relacionadas con el Parlamento regional suprimida durante la etapa de Cospedal: el sueldo de los diputados. PSOE y PP se pusieron de acuerdo para recuperar la remuneración a los parlamentarios, a cambio de eliminar la limitación de dos mandatos para el presidente del Ejecutivo. Una modificación, cabe destacar, gracias a la cual García-Page puede concurrir en estas elecciones autonómicas y volver a optar a la presidencia de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
De este modo, el próximo 28M el número de escaños en juego en Castilla-La Mancha sigue siendo 33, el mismo decretado en su día por el gobierno del PP y habrá que esperar a la XI Legislatura para ver si hay interés, voluntad y acuerdo para modificar la ley electoral y aumentar la representación parlamentaria de los castellanomanchegos.
