Mañana se celebra en el juicio por la demanda contencioso-administrativa presentada por Comisiones Obreras en octubre de 2014 contra el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por las numerosas ilegalidades en las que, a juicio del sindicato, incurrió el SESCAM en la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regula “la licitación de la contratación de la concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo”
CCOO fue la única organización en presentar una demanda contencioso-administrativa contra la privatización de los hospitales públicos de Toledo impulsada por el Gobierno de Cospedal. Lo hizo en octubre de 2014, cuando su secretario general, José Luis Gil, subrayó que “al margen de que se haya abierto la plica para la adjudicación de las obras y explotación del futuro hospital, no está todo dicho ni hay nada perdido”.
Gil recordó que la responsabilidad de que Toledo no cuente aún con un nuevo hospital es exclusivamente de Cospedal, que nada más llegar al Gobierno de Castilla-La Mancha decidió paralizar las obras, renunciando a la financiación entonces disponible -475 millones de euros aportados por el BBV (202 millones), el Banco Europeo de Inversiones (BEI, 205 millones), CCM (20 millones) y la Empresa Publica ‘Servicios Generales Hospitalarios’ (19 millones)-, y dedicándose durante más de tres años a preparar su privatización.
El recurso de CCOO impugna en concreto las cláusulas del Pliego que se refieren a personal, mediante las cuales el SESCAM pretende transferir a una empresa privada la “gestión funcional” de 307 trabajadores estatutarios que ahora trabajan en el Compleo Hospitalario Virgen de la Salud y en Parapléjicos.
