Acompañada por Julio de la Parra, representante de asociación ciudadana ‘Gavilla Verde’, y por Rafael Priego, portavoz de ‘Ciudadanos por la República’, la responsable del área de cultura de la formación morada castellano-manchega, Ana Navarrete, ha desvelado que su partido estudia proponer "un Proyecto de Ley democrática de memoria histórica de ámbito regional", al tiempo que reconocía que "espera" que el resto de grupos políticos se sumen para poder llevar a cabo esta Ley porque es "muy importante, ya que habla de derechos humanos".
Según ha manifestado Navarrete, esta actuación está encaminada a "generar garantías de no repetición y de justicia para las víctimas del franquismo". A preguntas de los medios, ha añadido que la idea es que se apruebe la Ley en Castilla-La Mancha, al igual que se ha hecho, ha señalado, en Andalucía, y que más tarde "se vayan sumando otras comunidades porque la Ley estatal se quedó coja".
Por ello, ambas asociaciones han pedido, junto a Podemos, que se eleve esta propuesta a las Cortes de Castilla-La Mancha para, según Priego, realizar "una profunda reforma" de la Ley de Memoria Histórica para que se adapte a "los convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas".
¿Qué finalidad tendría esta legislación regional?
Este Proyecto de Ley iría en la dirección de la Ley de Memoria Histórica, pero, según Priego, "recogiendo los principios del derecho de verdad, justicia y reparación en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la época fascista".
Así, entre las iniciativas legislativas que incluiría esta Ley, tal y como ha continuado el representante de Ciudadanos por la República, se encontraría el "promover políticas públicas para localización, exhumación e identificación de toda las víctimas con la debida dotación presupuestaria; y establecer protocolos para la localización, exhumación e identificación de restos a través de la creación de un mapa integral de todas las fosas comunes y un plan integral de exhumaciones".
Además, se encontraría el declarar la "nulidad de pleno derecho de las sentencias de tribunales y órganos franquistas; prohibir la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y que haya una sanción para las administraciones que no cumplan; restituir el patrimonio documental y el libre acceso a archivos; incluir la memoria en la enseñanza primaria, secundaria, de adultos y universitaria; y, por último, crear una Comisión de la verdad que investigue la violación de derechos humanos durante el franquismo.
Por su parte, Julio de la Parra ha hecho hincapié en que en 2012 la oficina para familia de víctimas del franquismo, que se establecía en esta Ley de Memoria Histórica estatal fue suprimida y, por tanto, ha añadido que muchos familiares están muriendo, "se hace muy difícil cumplir los principios de verdad, justicia y reparación". "Creo que puedo representar a los 138 familiares de desaparecidos que nos han pedido y, por desgracia, no podemos atenderles".
