TOLEDO.- Nuevo varapalo judicial para un ex alto cargo del Gobierno autonómico que presidió María Dolores de Cospedal. Concretamente para el que fuera su secretario general de la Consejería de Hacienda, Eliseo Gómez Velasco, al que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla‑La Mancha ha vuelto a desestimar el recurso contencioso-administrativo que presentó tras habérsele denegado la devolución de la paga extra que en 2012 suprimió el propio Ejecutivo del que formaba parte.
Gómez Velasco, que actualmente sigue al lado de la expresidenta regional en el Ministerio de Defensa, como subdirector general de Régimen Interior, ya veía frenadas sus intenciones de cobrar la extra el pasado mes de febrero, cuando el alto tribunal castellano‑manchego desestimaba su petición al considerar que no tenía derecho a la misma.
Ahora, de nuevo, esta sentencia viene a refrendar lo ya dictaminado, recordando que no existe una norma del mismo rango a la que ordenó la supresión de la paga extraordinaria en 2012 que establezca su devolución, por lo que "no se comprende" la pretensión del demandante de que el Consejo de Gobierno, que está sujeto a esa ley 6/2012 de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales, pueda acordar esa devolución.
En este sentido, cabe recordar que en su recurso Gómez Velasco reclamaba 1.245 euros que, en concepto de paga extraordinaria, habría cobrado en diciembre de 2012 si el Ejecutivo regional del Partido Popular no la hubiese suprimido, como hizo de forma generalizada también para los funcionarios de la Administración autonómica.
Empleados públicos que sí han recuperado esa extra perdida bajo el gobierno del PP tras el acuerdo alcanzado entre la Junta y los sindicatos en febrero de 2016, y que quien ocupara un puesto de responsabilidad en la Consejería de Hacienda cuando se ejecutó la medida de eliminar la paga, ahora pretendía recuperar de manos de los tribunales.
Algo que ya se le había negado tanto desde la Administración regional como por parte de los tribunales, a pesar de lo cual Gómez Velasco ha insistido en seguir recurriendo.
Y es que, en su argumentación, el ex secretario general de la Consejería de Hacienda consideraba que con esa negativa a su pretensión estaba siendo objeto de un trato "discriminatorio por motivos políticos", al no permitirse a los que fueron altos cargos del PP cobrar esa paga extraordinaria que sí habían recuperado los funcionarios.
Además de denegarle la devolución de la paga extraordinaria de 2012 que solicitaba, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha mantiene la condena a pagar las costas del proceso, por valor de 1.500 euros.
Pero Eliseo Gómez Velasco no ha sido el único ex alto cargo del Ejecutivo de Cospedal que ha solicitado vía judicial cobrar la extra que su jefa de filas suprimió cuando estaba al frente de la Junta de Comunidades.
También lo hacían el que fuera director general de Relaciones con las Cortes entre 2011 y 2015, Rafael Eduardo Huerta, quien al igual que Gómez Velasco, también ocupa un puesto en el Ministerio que dirige Cospedal, en este caso como director de gabinete del secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde.
El hermano de éste, Antonio Conde Bajén ‑que también formó parte del Gobierno regional como director general de Economía‑, así como el ex director general de Tributos, Manuel Aguilar; el ex director general de Montes, Javier Gómez Elvira, y la ex directora general de Salud, María del Sagrario Gómez de Vivar, también han reclamado por la vía administrativa ante los juzgados de Toledo el pago de la extra de Navidad de 2012.
Sin acudir a la Justicia también pidió por carta esa paga perdida el exconsejero de Hacienda, hoy actual subsecretario de Defensa, Arturo Romaní. Una petición dirigida al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en la que consideraba que se estaba cometiendo una "exclusión" al no devolvérsela, ya que la extra no era "privilegio ni prebenda alguna propia de alto cargo", sino "simple y llanamente salario", por lo que consideraba debían percibirlo "como todos los trabajadores públicos".
