TOLEDO.- Los 70.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha recuperarán el próximo 1 de enero la jornada laboral semanal de 35 horas, después de que las Cortes, por unanimidad, hayan dado luz verde a la proposición de ley presentada por el Partido Socialista para ello.
Una propuesta, aprobada mediante el procedimiento de lectura única, que viene a modificar la ley de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales, impuesto en 2012 por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal y por el que se estableció la jornada laboral de los empleados públicos en 37,5 horas semanales.
De este modo, este jueves, con la aprobación parlamentaria de esta proposición de ley, se cumple con uno de los compromisos del Gobierno de Emiliano García-Page, revirtiendo una de las medidas más polémicas adoptadas durante la pasada legislatura hacia los empleados públicos, las conocidas como 'horas Cospedal'.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, subrayaba así que la recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Administración regional es una medida "legítima y justa".
Según el consejero, la aprobación unánime de esta medida en el Parlamento autonómico lanza un mensaje importante a la ciudadanía, puesto que no se está hablando de una reducción en la jornada de estos trabajadores, sino de "una mejora de la calidad de la prestación de los servicios públicos, de una mejora en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos y de una actuación que, además, genera empleo".
Considera así que con esta medida se pone "el broche de oro" al cumplimiento de la mayoría de los compromisos adquiridos por el presidente García-page con los empleados públicos en su programa electoral, en el debate de investidura y en los debates sobre el estado de la región, dejando siempre claro que "había que conciliar la recuperación de los derechos de quienes tienen empleo con quienes no lo tenían".
En total más de sesenta iniciativas aprobadas por el Gobierno regional a lo largo de la legislatura dirigidas a la recuperación de los derechos laborales de los empleados públicos, que han supuesto 362 millones de euros de presupuesto.
Asimismo, ha recordado que esta vuelta a las 35 horas semanales no es una medida que el Ejecutivo autonómico haya tomado "en el último minuto", puesto que ya fue puesta en marcha en 2016 pero después fue rechazada por el Tribunal Constitucional, tras el recurso planteado por el Gobierno de Mariano Rajoy, argumentando que una ley regional no podía contravenir una nacional.
Y es que, mientras que otras comunidades autónomas han podido recuperar la jornada de 35 horas mediante otras fórmulas al no tenerla regulada por ley, sino por órdenes de sus respectivas consejerías en materia de personal, en Castilla-La Mancha ha sido necesario recurrir a su derogación por ley, puesto que mediante ley fue implantada durante la pasada legislatura.
De este modo, y puesto que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 sí posibilitan la implantación de esta jornada laboral, no se puede volver a producir lo ocurrido hace dos años.
Durante su intervención, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas hacía referencia al voto favorable del Partido Popular a esta medida, lo cual sospecha es un intento al final de la legislatura de "quitarse la cara de verdugos", al haber sido el anterior Ejecutivo del PP el que aprobó mediante ley la ampliación de la jornada laboral en dos horas y media semanales, antes incluso de que se pusiera en marcha a nivel nacional.
NÚÑEZ APROVECHA PARA HACER CAMPAÑA
Por su parte, desde el Partido Popular castellano‑manchego, su presidente y diputado autonómico, Francisco Núñez, justificaba el voto favorable de su grupo a esta proposición socialista "por responsabilidad y compromiso con quienes realizan un trabajo fundamental", a pesar de considerarlo como una medida "electoralista".
En este sentido, Núñez se ha preguntado por qué la propuesta ha llegado a las Cortes en la Navidad de 2018, "en época preelectoral", aunque cree que "afortunadamente, los empleados públicos de Castilla-La Mancha son más inteligentes que el Gobierno bipartito" y "saben discernir el apoyo a la función pública de medidas electoralistas".
Sin embargo, tras criticar el oportunismo electoralista de esta medida, él mismo aprovechaba para hacer uno de sus anuncios de campaña, y asegurar que si resulta vencedor de las elecciones del próximo mes de mayo hará "una cosa más seria, como es crear una mesa permanente de diálogo para que las mejoras de las condiciones laborales de los empleados públicos que aún están pendientes sean una realidad a partir de 2020".
APOYO CRÍTICO DE PODEMOS
Desde Podemos, su portavoz en las Cortes, David Llorente, manifestaba su "apoyo crítico" a esta proposición de ley, puesto que si bien su grupo es partidario a mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos, ha considerado que el texto propuesto "está plagado de incertidumbres y omisiones". Se preguntaba así si existe la posibilidad de que nuevamente el Tribunal Constitucional tumbe la recuperación de las 35 horas semanales y, en caso de que ocurra, si Ruiz Molina tiene previsto "un plan B o C" para que puedan seguir aplicándose.
Además, exigía al Ejecutivo autonómico que inicie "inmediatamente" las negociaciones con los sindicatos para "clarificar" estas dudas y para que se presenten informes jurídicos que avalen la vuelta a las 35 horas mediante este procedimiento.
Por último, en el Grupo Parlamentario Socialista el encargado de defender la proposición de ley ha sido Fernando Mora, quien ha celebrado el apoyo del PP a la medida, lo cual ha supuesto una "rectificación" en relación a la acción del anterior Ejecutivo regional.
No obstante, ha reprochado a los conservadores que durante la pasada legislatura utilizaran a Castilla-La Mancha "como cobaya", lamentando que las medidas "lacerantes y ominosas" del Ejecutivo de Cospedal supusieran la contracción en nueve puntos de la economía castellano‑manchega entre 2012 y 2014.
Destacaba por su parte el cambio "para bien" que ha experimentado la región y consideraba que los empleados públicos merecen "que se devuelvan sus derechos y no se busquen subterfugios" ante una norma que es "justa y necesaria".
