TOLEDO.- Socialistas y populares se han puesto de acuerdo en el Parlamento regional para impulsar una modificación del Reglamento de la Cámara con la que devolver la dedicación exclusiva y la posibilidad de recibir un sueldo fijo por ello para los diputados castellano-manchegos.
De este modo se revierte la medida implantada desde 2013 por la entonces presidenta regional, María Dolores de Cospedal, después de que el Partido Popular aprobara en solitario que los parlamentarios castellano-manchegos percibieran únicamente dietas por asistencia. Entonces eran 49 los diputados regionales con los que contaba la Cámara y que suponían un gasto anual de 1,5 millones.
Una medida que calificada entonces de "demagógica" desde la bancada socialista, más aún cuando de quien partía había estado cobrando "tres o cuatro sueldos anuales durante años".
Una propuesta que sin embargo ahora ambos grupos presentan de la mano, que fue calificada favorablemente por la Mesa de las Cortes el pasado 12 de julio y que este viernes recoge el Boletín Oficial, en la que se plantea que el régimen general para los parlamentarios regionales sea la dedicación exclusiva, salvo renuncia expresa por su parte, terminando así con "una anomalía" respecto al resto de parlamentos o asambleas legislativas en España y en la Unión Europea.
Una dedicación a la actividad parlamentaria en exclusiva para la que se establece una retribución dividida en 14 pagas anuales, la cual se fija como mínimo en el 45 por ciento de la retribución de un consejero, aumentando dicho porcentaje en función de los cargos que pueda desempeñar el parlamentario dentro de la Cámara.
Así, según la tabla que contiene la propuesta que previsiblemente será aprobada -al menos con los 29 votos que suman PSOE y PP- en el pleno fijado para el próximo 22 de julio, quienes ostenten la vicepresidencia de una comisión cobrarán la mitad que un consejero, mientras que si se preside una comisión será el 55 por ciento del salario.
Por su parte para los presidentes y portavoces de grupo se establece una retribución equivalente al 75 por ciento de la percibida por un consejero, misma cantidad que para los secretarios y vicepresidentes de la Mesa de las Cortes. Por su parte el presidente de la Cámara percibirá el cien por cien de la retribución de un consejero.
Cantidad que, precisa también el texto, será la fijada en la ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para los consejeros del Gobierno, y que para este 2019 con presupuestos prorrogados, está fijada en 73.524,78 euros anuales.
Además de ello, socialistas y populares incluyen también en la propuesta que la indemnización a percibir por los parlamentarios quede establecida en 16.425 euros anuales, distribuidos en 12 mensualidades a criterio de la Mesa de las Cortes, en atención al grado de actividad de la Cámara. Una cuantía, precisan, que podrá ser modificada por acuerdo de la Mesa al inicio de cada legislatura.
Una indemnización a percibir por los gastos derivados de sus funciones representativas, y a la que se podrán sumar los gastos efectivos de transporte para asistencia a las sesiones de los órganos de la Cámara, previa convocatoria oficial, cuando usen transporte público, o a la indemnización por kilometraje en la cuantía que determine la Mesa.
Tendrán derecho a esta retribución cuando desarrollen sus responsabilidades parlamentarias en régimen de dedicación exclusiva, algo que "necesariamente" deberán hacer los miembros de la Mesa, los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios, así como presidentes y vicepresidentes de las comisiones.
En el caso de que un diputado ostente más de un puesto de responsabilidad, solo percibirá la retribución asignada al puesto de máximo nivel.
Por su parte aquellos diputados que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones del Pleno y de las comisiones de las que formen parte, cuya cuantía será del 0,5 por ciento del sueldo de un diputado con dedicación exclusiva.
Si en un mismo día se asiste a dos o más sesiones, sin embargo, solamente tendrá el derecho a percibir el importe equivalente a una única asistencia.
Además de recuperar la exclusividad y la retribución para los diputados, la propuesta planteada recoge que los diputados tendrán derecho a asistir a las sesiones plenarias y a las comisiones de que formen parte, y a votar en las mismas, así como a asistir con voz y sin derecho a voto a las sesiones de aquellas comisiones de las que no formen parte.
Asimismo tendrán derecho todos ellos a formar parte, "al menos", de una comisión, ejercer las facultades y desempeñar las funciones que les atribuye el Reglamento.
Con estas medidas, señala la propuesta en su exposición de motivos, se pretende establecer un sistema retributivo "adecuado" al grado de responsabilidad que cada parlamentario desarrolle en el seno de la Cámara, lo cual se acompaña de "un exigente y estricto sistema de incompatibilidades" equiparable al de los miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Por otra parte, establecen también, que para garantizar la seguridad jurídica de los derechos de los diputados y diputadas, así como el adecuado respeto a las minorías, se considera necesario establecer una mayoría cualificada de tres quintos de los miembros de la Cámara para alterar los derechos de los parlamentarios regionales, estableciendo así una mayor garantía para el libre ejercicio de sus funciones como representantes de los ciudadanos.
ADIÓS A LA LIMITACIÓN DE MANDATO
Pero no solo en devolver la exclusividad y el sueldo a los diputados se han puesto de acuerdo PSOE y PP en las Cortes, puesto que también ambos grupos han presentado una proposición de ley para modificar la ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, mediante la cual se modifican dos artículos de la misma.
Uno de ellos hace referencia a la limitación de mandatos del presidente de la Junta, señalando que será "la que establezca la Constitución para los presidentes de las comunidades autónomas o las leyes del Estado que resulten aplicables".
De este modo se suprime el punto segundo del artículo 4 de dicha ley, que señala que "no podrá ser elegido presidente de la Junta de Comunidades quien ya hubiese ostentado este cargo durante al menos ocho años, salvo que hayan pasado cuatro años desde la terminación de su mandato".
Consideran que esta limitación, al no estar regulada constitucionalmente, puede "cercenar o vulnerar" derechos de la ciudadanía al constituir una causa de inelegibilidad, al poder afectar a los derechos fundamentales de las personas como es el derecho al sufragio pasivo.
De ahí que consideren las Cortes "la necesidad de encuadrar las limitaciones del derecho fundamental al sufragio pasivo en un debate general y nacional que ordene, coordine e incluso dé cobertura constitucional al mismo, a las limitaciones a los mandados de los presidentes y demás miembros del gobierno nacional o autonómicos", así como en caso necesario a las limitaciones en los parlamentos o asambleas legislativas.
Limitaciones que, subrayan, "sólo se pueden establecer en la propia Constitución o en una ley orgánica", que únicamente pueden aprobarse por las Cortes Generales.
