TOLEDO.- Buena disposición por parte de todos, acuerdo en el fondo y en los plazos, pero no aún en las formas. Así se cerraba este miércoles la primera reunión entre el Ejecutivo castellanomanchego y los tres partidos políticos con representación en las Cortes -PSOE, PP y Ciudadanos-, de cara a la redacción del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Un marco legislativo que confían pueda ser aprobado en las Cortes en torno al verano, de modo que pueda ser presentado como proposición de ley en el Congreso este mismo año.
Coinciden todos en la necesidad de que el nuevo Estatuto blinde derechos sociales y económicos, se incorporen asuntos relacionados con la regeneración institucional y se mejore la capacidad legislativa de Castilla-La Mancha. Premisas que en general comparten, aunque en ese amplio marco habrá que ver qué considera "imprescindible" cada una de las partes.
Para poner en común cuáles son estos asuntos se han emplazado a una nueva reunión, a celebrar en quince días.
De momento, en la reunión celebrada este miércoles en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, el Gobierno regional ponía sobre la mesa su propuesta para que el nuevo Estatuto sea impulsado como un proyecto de ley, que redacte el Ejecutivo con el compromiso de que se presente en las Cortes con el consenso de todos los grupos políticos, o bien sea una proposición de ley por los grupos parlamentarios. Algo sobre lo que no se llegaba a ningún acuerdo y que deberá ser objeto de debate en futuras reuniones.
Así lo señalaba tras el encuentro el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, quien apuntaba que los participantes en la reunión sí habían acordado darse unos días para ver qué asuntos consideran que deben estar en el nuevo Estatuto.
Desde el Gobierno que preside Emiliano García-Page las propuestas pasan por la incorporación de un sistema de blindaje de derechos sociales y económicos; abordar asuntos relacionados con la regeneración institucional, como lo relacionado con los aforamientos, así como lo relativo a la legislación electoral y la arquitectura institucional de la comunidad autónoma, de modo que se recoja qué organismos deben existir.
Respecto a la ley electoral y el número de diputados en las Cortes, que en el Estatuto actual se recoge una horquilla de 25 a 35 parlamentarios, el vicepresidente apuntaba que aún no hay ninguna propuesta, y añadía que el asunto se puede plantear desde que no se incluya el número concreto de diputados, de modo que sería algo a desarrollar en la ley electoral, a que se recoja un número mínimo, un número máximo o una horquilla mucho más amplia.
Aun siendo variadas las opciones, desde el Ejecutivo consideran que "existe la necesidad de mejorar la representatividad de las Cortes".
En este sentido cabe recordar que tras la reforma aprobada en solitario por el Partido Popular en 2014, cuando gobernaba con mayoría absoluta María Dolores de Cospedal y a solo unos meses de distancia de la convocatoria electoral, el Parlamento autonómico veía reducido su número de diputados de 49 a 33.
Por otra parte, Martínez Guijarro explicaba que otra de las novedades del nuevo Estatuto puede ser la mejora de la capacidad legislativa de la comunidad autónoma, y expresamente la capacidad de elaborar decretos ley para resolver cuestiones puntuales, algo que en estos momentos no es posible. Del mismo modo también se podría mejorar el régimen competencial actual, para adaptarlo a las nuevas realidades económicas del siglo XXI, como la economía circular.
Asimismo desde el Gobierno se propone regular las relaciones con otras comunidades autónomas, el Estado y la UE, incorporar planteamientos en materia de financiación autonómica y competencias en materia de agua en las cuencas que discurren por la región.
"Empezamos desde cero para empezar a hacer un nuevo Estatuto", subrayaba Martínez Guijarro, que en la reunión estuvo acompañado por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el director general de Coordinación y Planificación del Ejecutivo regional, Julio García.
Por parte del PSOE acudían a esta reunión el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos, Sergio Gutiérrez; el presidente del grupo socialista en las Cortes, Fernando Mora, y la portavoz del PSOE en el parlamento autonómico, Ana Isabel Abengózar.
En representación del PP participaban la portavoz de los populares en las Cortes, Lola Merino; el presidente del PP de Ciudad Real y senador por esta provincia, Francisco Cañizares, y el exconsejero de Administraciones Públicas con el gobierno presidido por María Dolores de Cospedal y actualmente asesor del grupo popular en las Cortes, Leandro Esteban.
Por su parte, representando a Ciudadanos, acudían la portavoz de Cs a nivel autonómico y diputada regional, Carmen Picazo; el presidente de esta formación en las Cortes, Alejandro Ruiz, y el diputado de Cs en el Parlamento David Muñoz.
"UNA OCASIÓN ÚNICA"
Aunque se han dado un plazo para fijar qué es lo que consideran esencial para el nuevo Estatuto y poder a partir de ahí buscar consensos, cada formación llegaba a este encuentro con una premisas claras de lo que debe ser el nuevo texto.
Así, desde el PSOE abogan por la elaboración de un nuevo Estatuto que garantice los derechos sociales y las libertades de todos los ciudadanos, con independencia de dónde vivan, así como que promueva la cohesión del mundo rural y urbano.
Lo avanzaba el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, quien tras este primer encuentro consideraba que "se tienen todos los mimbres para llegar a un buen acuerdo" en lo referente al Estatuto y a la defensa de los intereses de la financiación autonómica, "dos debates que van de la mano".
Gutiérrez se mostraba así confiado en que el nuevo Estatuto sirva para diseñar un modelo de región "para las próximas décadas" y aseguraba que los socialistas ven este proceso de diálogo abierto como "una oportunidad única" para elaborar "un modelo social estable y que perdure", que "no sea vulnerable a los caprichos de las crisis económicas o de las voluntades políticas de recortar o imponer determinados modelos en la región".
En este sentido, subrayaba que el primer objetivo debe ser garantizar los derechos sociales, tanto el derecho a vivir en zonas urbanas o rurales, como los derechos de los mayores, los menores, los jóvenes y las mujeres, así como de cohesionar el mundo urbano y el rural.
También se mostraba partidario de "impulsar los derechos de participación ciudadana y políticos", con el objetivo de trabajar en pos de la regeneración democrática, con medidas como la eliminación de aforamientos para políticos y otras medidas "más del siglo XXI".
En cuanto al agua, Gutiérrez proponía que la región avance en la "coparticipación de la región" en el debate nacional sobre el agua, al tiempo que ha planteado que se mejoren la gestión y las competencias que tiene Castilla-La Mancha sobre el tema.
"CON ALTURA DE MIRAS Y SIN LÍNEAS ROJAS"
Y mientras tanto desde el Partido Popular aseguran estar dispuestos a trabajar "con altura de miras y sin líneas rojas" en la elaboración del nuevo Estatuto, aunque con el elemento indispensable de que salga por consenso de las Cortes regionales, "para que tenga vocación de permanencia y de mejora" de la sociedad.
Los populares quieren "un Estatuto de tercera generación" que sirva a Castilla-La Mancha para "afrontar el futuro" y en el que los ciudadanos vean reflejado "lo importante", como es la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.
Así lo destacaba el presidente del PP de Ciudad Real y senador, Francisco Cañizares, quien subrayaba la importancia para el futuro de la región la elaboración de un nuevo Estatuto, no de reformar el actual, para que "se puedan concretar las necesidades que 40 años después son importantes que aparezcan".
Por su parte para Ciudadanos lo importante de la reunión celebrada este miércoles ha sido constatar que los tres grupos parlamentarios y el Gobierno están de acuerdo en ponerse de acuerdo.
"CUESTIONES VITALES"
Lo destacaba tras el encuentro la portavoz de la formación naranja en la región, Carmen Picazo, quien al igual que los populares aseguraba que su partido llega a esta negociación "con la mano tendida" con el objetivo de alcanzar un consenso y "poniendo sobre la mesa cuestiones vitales" para la región.
Quieren así un nuevo Estatuto "del siglo XXI", en el que Cs propone que se recoja el derecho al acceso a internet o la mejora de la financiación para los ayuntamientos, así como facilitar la iniciativa empresarial.
Plantean también medidas de regeneración, de lucha contra la corrupción y de garantía de transparencia en la gestión pública, además de la limitación de aforamientos.
Para Picazo lo importante es que el nuevo Estatuto sea aprobado por consenso, que no sea "abanderado por ningún partido político" y que se vea como un instrumento útil para los castellanomanchegos.
