TOLEDO.- Las Cortes regionales han aprobado con los votos a favor de PSOE y PP, y la abstención de Vox en buena parte del articulado -han rechazado aquellas que habían llegado vivas al pleno enmiendas y votos particulares- la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha.
Una norma, consensuada también entre ambas formaciones en el marco de las negociaciones para la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, con la que la comunidad autónoma se sitúa "en el nivel de exigencia más alto" del país e introduce novedades como la regulación de los conflictos de interés, informes de evolución sobre el patrimonio de los altos cargos o una prestación tras el cese para quienes no puedan reingresar en su trabajo anterior.
Punto este que ha sido el de mayor polémica en los últimos días y durante al debate, después de que desde Vox se haya reducido el contenido de esta nueva norma a una supuesta "paguita" que habrían acordado socialista y populares.
Un planteamiento que ha rebatido desde la tribuna de oradores el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, quien ha tildado de "falso" lo argumentado por la formación ultra, puesto que esta ley supone más transparencia y con ella se cierra la estructura jurídica en materia de integridad pública.
Martínez Guijarro ha defendido, frente a las acusaciones lanzadas desde Vox, que esta norma impulsa y garantiza la integridad en la gestión de la Administración de la Junta, sus organismos y entidades, y ha recordado que este tipo de normativa ya comenzó a aplicarse en la región en el año 1984, con sucesivas modificaciones y nuevas leyes, lo cual ha contribuido a que "la corrupción no haya sido noticia nunca".
Respecto a la prestación por cese, cuestión en la que Vox se ha esforzado en centrar el debate con sus críticas y "bulos" -tal y como los ha calificado el vicepresidente primero del Ejecutivo-, Martínez Guijarro ha negado que vaya a suponer un coste de 20 millones de euros como señala la formación ultra, puesto que a ella se podrán acoger únicamente quienes no puedan reingresar a su puesto de trabajo anterior.
En este sentido, ha precisado que de los 132 altos cargos existentes en la actualidad, el 54 por ciento son funcionarios, por lo que tienen puesto de trabajo asegurado, y del resto el 45 por ciento tiene derecho a volver a su anterior puesto de trabajo en empresas o entidades cuando cesen en sus funciones.
Se trata de un sistema de prestación similar al regulado en la Administración General del Estado y en otras comunidades autónomas para compensar las limitaciones en materia de incompatibilidades para aquellos que ejercen la política en la región. Una prestación que se extiende a los miembros de las Cortes de Castilla-La Mancha, supliendo así la inexistencia del derecho a prestación por desempleo de los mismos al finalizar su mandato.
Ha contrastado así con datos las mentiras de Vox, a cuyos parlamentarios ha pedido "coherencia" tanto en la vida como en la política, puesto que -ha recordado- votan en contra de la Ley de Integridad Pública con la excusa de la prestación por cese de actividad y, sin embargo, los cuatro diputados cobran por dedicación exclusiva en las Cortes "cuando no es obligatorio solicitarla", e igualmente perciben la subvención por los gastos electorales que también critican.
Pero las críticas a la "paga VIP" o "retiro dorado" para altos cargos realizadas por el diputado de Vox Luis Juan Blázquez, quien ha tildado la medida de "indecente e inmoral", también han tenido contestación por parte de los grupos parlamentarios socialista y popular, que han criticado la "demagogia" del partido ultra.
Así, por ejemplo, la portavoz del grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha recordado al presidente del grupo Vox, David Moreno, que no solo cobra de las Cortes, sino que también lo hace del Ayuntamiento de Talavera, donde es vicealcalde, al tiempo que también le ha afeado que utilice dependencias municipales para aparcar la furgoneta de campaña electoral de su partido.
Por su parte, la diputada del PP Tania Andicoberry ha subrayado que "lo indecente y lo inmoral es tanta demagogia de Vox", y ha reivindicado que todas las personas, también las que se dedican a la política, tengan derechos.
Asimismo, la parlamentaria popular ha considerado que esta Ley de Integridad Pública constituye una buena herramienta de lucha contra el fraude y la corrupción en el seno de la Administración regional, y pone "luz y transparencia" a todos los gestores de la vida política.
NUEVAS OBLIGACIONES
Entre las novedades que incorpora esta nueva ley, ahondando en el control a los altos cargos, se encuentra la obligación de presentar una declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad que pueda afectar a su dedicación exclusiva a la gestión pública, la cual se sumará a las declaraciones de actividades, bienes y rentas que ya se exigen.
Asimismo, los miembros del Consejo de Gobierno tendrán la obligación de presentar una declaración de patrimonio en el mismo momento de la convocatoria electoral, la cual servirá para comprobar que no exista un incremento de patrimonio irregular durante el tiempo que haya ejercido ese cargo público.
Por otra parte, y en relación con los conflictos de intereses, la Ley de Integridad Pública establece que los altos cargos deberán abstenerse en la toma de decisiones que puedan favorecer a empresas o entidades privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses, bien por estar relacionados con las mismas familiares o personas que puedan condicionar la toma de decisión.
Pero esta nueva norma contempla también un papel clave para la Oficina de Integridad, dependiente de la Vicepresidencia Primera, la cual se encargará de llevar a cabo una labor de control y vigilancia para el cumplimiento de lo establecido por la ley. A este órgano se le asigna también la gestión del sistema interno de información, "protegiendo a las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción".
Tras la aprobación en diciembre de 2016 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en la que ya se establecían, por ejemplo, sanciones para aquellos altos cargos que no declarasen sus ingresos -como sucedió en 2015 con medio centenar de exaltos cargos del gobierno del PP tras cesar en sus funciones-, o la creación de un registro de grupos de presión; y la Ley de Participación en diciembre de 2019, a través de la que se regulaban mecanismos de participación individual e institucional, la Ley de Integridad Pública viene a cerrar la estructura jurídica en esta materia en la comunidad autónoma.
Normas las dos primeras, aprobadas por unanimidad de los grupos políticos representados en la Cámara, la primera con Podemos como tercera fuerza junto a PSOE y PP, y la segunda con Ciudadanos como tercer partido, algo que no ha sido posible con la Ley de Integridad Pública, tras la negativa de Vox a cambiar su sentido del voto con la prestación por cese como excusa.
