MURCIA.- En las próximas semanas el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dará a conocer su propuesta para la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y en las comunidades receptoras del agua de la cabecera del Tajo, con Madrid como añadido, comienza a aflorar el nerviosismo al dar por hecho que la posición del Gobierno central se decantará del lado de los intereses de la cuenca cedente, manteniendo la aplicación de los caudales ecológicos, tal y como recogen diversas sentencias del Supremo y la normativa europea.
Contexto en el que Andalucía, Madrid, Valencia y Murcia han celebrado este lunes una cumbre para reclamar al Ejecutivo central que recapacite sobre su decisión de "aniquilar" el trasvase. Interpretan así las manifestaciones realizadas a finales de junio por el secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien confirmaba la incorporación de los caudales ecológicos a la propuesta del Ministerio.
Un planteamiento por parte del departamento que dirige Teresa Ribera, el de acabar con el trasvase, que dan por hecho en estas comunidades autónomas y al que se llega con meses de retraso -en febrero de este año ya debería haberse comenzado a aplicar la nueva regla de explotación, según lo estipulado en el Plan Hidrológico aprobado en enero de 2023-, y al que se llega, sin embargo, después de haber escuchado a las partes implicadas en el marco de un proceso de consulta pública previa.
El Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de la Región de Murcia, ha sido el escenario de esta cumbre en la que han participado el presidente murciano, Fernando López Miras, y su consejera de Agua, Sara Rubira; el consejero de Agricultura de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo; su homólogo valenciano, Miguel Barrachina, así como el secretario general de Agua de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, a los que se ha sumado el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez.
Desde Murcia se ha vuelto a acusar al Gobierno central de llevar a cabo la modificación de las reglas de explotación del trasvase "con opacidad", al tiempo que se ha alertado de las "graves consecuencias" que para el sector agrario levantino acarrearía.
Asimismo, Rubira ha cifrado en torno a 100 hectómetros cúbicos al año los que dejarían de salir de la cabecera del Tajo rumbo a Levante a través del canal del trasvase, debido a que en 2027 el caudal ecológico deberá situarse en los 8,65 metros cúbicos por segundo, lo que supone "el fin definitivo" de la infraestructura.
Por su parte, el consejero de Agricultura de la Comunidad Valenciana ha criticado lo que consideran un "ataque político", mientras que Novillo ha acusado al Gobierno de España de "desatender" un bien esencial como el agua, al tiempo que ha lamentado que la modificación del Plan Hidrológico del Tajo afecte a la Comunidad de Madrid para el trasvase de agua del río Alberche.
Y es que, cabe recordar, el pasado mes de abril, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidía dar la espalda al Tajo y sumarse al frente común planteado por sus compañeros del PP que dirigen los ejecutivos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, y reclamar que los caudales ecológicos no sean tenidos en cuenta.
Por su parte desde el Ejecutivo andaluz de Moreno Bonilla, su representante en la cumbre ha asegurado que las autonomías de la cuenca receptora no tendrán futuro sin agua, ya que es vital no solo para la agricultura, sino también para el turismo y la industria.
Destino para el agua que, precisamente, también se defiende desde Castilla-La Mancha, como cuenca cedente, que no está dispuesta a seguir viendo cómo el agua pasa de largo por su territorio y la reclama para su propio desarrollo.
Por su parte, desde el SCRATS, su presidente defiende que "el daño ya está hecho", debido a una "planificación política" para acabar con el trasvase del Tajo, no obstante confía en que haya una reversión en el punto de los caudales ecológicos aprobados para el Tajo, al considerar que son una medida "desmesurada".
Esta cumbre autonómica se ha cerrado con la firma de una carta dirigida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a la que acusan de haber llevado a cabo desde octubre de 2018 un total de 26 recortes al trasvase, que han supuesto 190 hectómetros cúbicos de agua menos para el Levante.
Defienden así un trasvase que "vertebra España" y que ven como "ejemplo de solidaridad y de compromiso", que "mantiene vivo al campo y es la mejor muestra de cómo un uso racional, compartido y sensato de los recursos naturales puede frenar el avance del desierto y luchar contra el cambio climático", tal y como ha señalado López Miras.
De esta forma, las comunidades autónomas del PP se lanzan a la desesperada a tratar de forzar la marcha atrás del Gobierno central respecto a los caudales ecológicos, a cuyo cumplimiento, cabe recordar, obligan las sentencias del Tribunal Supremo y sobre los cuales ya se cedió por parte de Castilla-La Mancha al admitir, en el marco de la negociación del Plan Hidrológico del Tajo que se aplicaran de forma progresiva y no de golpe, a la vez que se apostaba por una mayor inversión en depuración de aguas -con más de 900 millones para la Comunidad de Madrid- y así como en la desalación como alternativa al agua del trasvase.
