TOLEDO.- La crisis energética y las propuestas para hacerla frente de forma más o menos próxima en el tiempo han hecho que vuelvan a sobrevolar sobre Castilla-La Mancha dos amenazas, una en ciernes de ser superada y otra que ya se daba por hecho: la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) y la fractura hidráulica.
Planteamientos que ha vuelto a poner sobre la mesa el Partido Popular con sus 'Propuestas para un Pacto Energético que proteja a familias y empresas' que ha remitido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un documento en el que de forma explícita los populares proponen como una de las medidas "para mejorar el mix energético" el desbloqueo inmediato de la construcción del ATC, junto a otras iniciativas como prolongar la vida útil de las centrales nucleares y valorar su repotenciación o agilizar los trámites de las renovables
Un proyecto el de la construcción del ATC en la localidad conquense al que los populares no han renunciado en ningún momento, ni ante la existencia de informes técnicos contrarios a su instalación en esa zona, ni a raíz de la oposición ciudadana generada en torno al proyecto.
Construcción del ATC que también se ha encontrado con la oposición del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, desde el que durante los últimos años se han desplegado todo tipo de actuaciones para dar carpetazo a esta iniciativa fraguada por los gobiernos del PP a nivel nacional y regional, y que por el momento se encuentra en stand-by a la espera de lo que resulte en la versión definitiva del 7º Plan General de Residuos Radiactivos.
Cabe recordar que en el borrador inicial, publicado el pasado abril y sometido a información pública durante dos meses, planteaba como opción a la gestión de residuos nucleares dos alternativas, por una parte mantener el proyecto para Villar de Cañas y por otra abría la puerta a la instalación de siete almacenes temporales descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares.
Un documento que si bien desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se interpretó desde el primer momento como un claro "descarte" del proyecto del ATC en la localidad conquense en la hoja de ruta del Ministerio para la Transición Ecológica, entre las plataformas contra la instalación del cementerio nuclear -que llegaron a denunciar el "cocinado" del Plan de Residuos-, los ecologistas y algunas formaciones políticas como Podemos, los cuales vieron en el borrador "muchas papeletas" para la reactivación del proyecto en Villar de Cañas, no estaba tan claro.
La puntilla llegaría en julio, cuando tras un supuesto "descuadre" en la lista de votos, hacía que los diputados de Unidas Podemos se abstuvieran en la votación de una propuesta de resolución al debate sobre el estado de la nación planteada por Foro Asturias y pactada con Vox, que convertía de nuevo la construcción del ATC en Villar de Cañas en una petición firme aprobada por el Congreso de los Diputados.
Una situación que suscitó polémica, al haber tenido como resultado todo lo contrario a lo argumentado hasta entonces por los partidos de la confluencia, y que les llevó a registrar en el Congreso una iniciativa instando al Ejecutivo central a paralizar de forma oficial y definitivamente el proyecto de almacén temporal centralizado de residuos radiactivos en la localidad conquense. Una iniciativa planteada vía proposición no de ley con la intención de "quitar el yugo" del ATC a Cuenca.
Pero desde el Partido Popular no solo se mantiene abierta la puerta del basurero nuclear, sino que también ahora se plantea volver a la fracturación hidráulica (fracking) para aumentar la extracción de reservas "que pueden ser objeto de estudio al efecto de su explotación".
Así lo ha apuntado el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien durante una entrevista en el programa Herrera en la Cope y preguntado en concreto al respecto, señalaba este lunes que habría que hacer "un debate más serio" para estudiar esta posibilidad.
Una técnica, cabe recordar, prohibida expresamente en la ley de Cambio Climático, pero que sin embargo el líder de los populares justificaría para hacer "un alto en el calendario de la transición energética" en un contexto de guerra como el actual.
Algo que en Castilla-La Mancha ya se había 'desterrado' cuatro años antes de que viera la luz la normativa a nivel estatal, cuando en marzo de 2017, con los votos a favor de PSOE y Podemos, y la abstención del PP, salía adelante en las Cortes la ley 'antifracking', que hacía "prácticamente imposible" la práctica de esta técnica de extracción de gas en la región.
No la prohibía, al exceder las competencias de la comunidad autónoma, pero sí establecía medidas adicionales de proteción ante ella, en su apuesta por "garantizar el medio ambiente y la salud pública frente a la temeridad".
Una ley contra la que no votaron los populares en la región, pero que sí se encontró con la oposición frontal por parte del entonces jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, quien pidió al Constitucional su suspensión, al considerar que al plantear la elaboración de un plan estratégico para la utilización de la fractura hidráulica ses estaba vulnerando la ley del sector de hidrocarburos y la ley de evaluación ambiental.
Era enero de 2018 cuando quedaba en suspenso la ley, a la que siguió el posterior recurso por parte del Gobierno regional, pero no sería hasta casi cinco meses después, ya en junio, cuando el Tribunal Constitucional daba la razón a Castilla-La Mancha y avalaba la norma autonómica que Rajoy había intentado vetar.
Ahora los populares, tras dos cambios en la dirección al frente del partido a nivel nacional, vuelven a abrir la puerta a esta posibilidad como alternativa para hacer frente a la crisis energética. Un planteamiento sobre el que el PP en Castilla-La Mancha, que meses después del espaldarazo del Constitucional también cambiaba de presidente tras la marcha de María Dolores de Cospedal, deberá posicionarse ahora y mostrar si sigue sin oponerse al fracking en la región como manifestó con su abstención en 2017 o si por el contrario ha cambiado de opinión como Feijóo.
