Imagen de la exposición 'Mujeres referentes de Castilla-La Mancha', durante estancia en Argamasilla de Calatrava el pasado mes de agosto. - ARCHIVO

TOLEDO.- La conmemoración este 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en España viene marcada por el envite del negacionismo y los retrocesos que, como derivada de los resultados electorales del pasado mes de mayo (y los pactos de gobierno cerrados por PP y Vox), se han producido en los últimos meses en materia de políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género en distintos territorios. Pasos atrás que empezaban a darse con la eliminación de las consejerías de Igualdad en Extremadura, Aragón, Baleares y La Rioja, o como haría Vox en Castilla-La Mancha, tal y como han reiterado este miércoles en las Cortes.

Una propuesta ya planteada en el marco de la enmienda a la totalidad a los presupuestos para 2024 presentada por la formación ultra hace unas semanas -y que fue rechazada, como la del PP, por la mayoría absoluta socialista-, sobre la cual ayer volvía insistir su portavoz en la Cámara autonómica, Iván Sánchez, mientras trataba de justificar que su grupo no haya presentado ninguna enmienda parcial a las cuentas de la Junta.

Planteamiento que choca frontalmente con lo defendido por el Ejecutivo de Emiliano García-Page en los últimos años. Y es que, mientras que en otras comunidades autónomas se suprime la Consejería de Igualdad, en Castilla-La Mancha se encuentra en el ámbito de la Presidencia de la Junta, lo que demuestra no solo el compromiso con estas políticas por parte del presidente, sino que se aplican "de manera muy transversal, en todas las consejerías y en todas las actuaciones", subrayaba la consejera portavoz, Esther Padilla.

Una región en la que "siempre" se tienen en cuenta las políticas dirigidas a la mujer, muestra de ello que en los presupuestos de 2024, en los que las políticas de igualdad tendrán "un presupuesto histórico", con 48 millones de euros, "tres veces y media más de lo que se destinaba en la época de Cospedal".

De este modo, en Castilla-La Mancha habrá el próximo año 34 millones más para políticas de igualdad, mientras que en Castilla y León Vox, que está al frente de la Consejería de Empleo, elimina partidas dirigidas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, como las bonificaciones a empresas para la contratación de mujeres víctimas de malos tratos.

Una comunidad autónoma que, además, es la única que se ha quedado "al margen" del acuerdo con el Gobierno de España sobre violencia de género.

Y frente a ello, Castilla-La Mancha además de contar con un presupuesto histórico para igualdad, va a destinar 27 millones de euros a la lucha contra la violencia de género a través de todos los centros y recursos de la Consejería de Igualdad.

Pero el caso de Castilla y León no es único, puesto que también se han producido retrocesos en esta materia en otros territorios. Así, por ejemplo, en Aragón "los acuerdos pasan por negar la propia existencia del machismo" y se ha procedido a la retirada de ayudas públicas a las asociaciones y organizaciones que trabajan por la igualdad.

Frente a ello, en Castilla-La Mancha, la entrada en vigor de los nuevos presupuestos -el 1 de enero de 2024-, supondrá un refuerzo de las políticas en materia de prevención, que contarán con 2 millones de euros.

O el punto en el que se encuentra Extremadura, donde también gobierna el PP de la mano de Vox. Una comunidad autónoma en la que su ahora presidenta "llegó a decir que nunca pactaría con quien niega la violencia machista", y sin embargo, no tardó mucho en claudicar a las premisas de la ultraderecha, rompiendo el consenso que había sobre este tema crucial.

Así, este será el primer 25N en el que no haya una declaración institucional contra la violencia de género con un discurso conjunto por parte de todos los grupos políticos condenando la violencia y apoyando a las víctimas. Y no la habrá porque PP y Vox "han roto el consenso".

Una conmemoración ante la que hay quien parece echar de menos "esa etapa negra del 'Spain is different', en la que el país era señalado por estar a la cola del resto del mundo en materia de derechos y en igualdad de oportunidades". Muestra de ello lo que ha sucedido en varias comunidades autónomas.

Por ello, Padilla ha insistido en que cada vez toma más importancia la mayoría absoluta con la que cuenta García-Page en la región, al estar convencidos de que el candidato del PP, Paco Núñez, "se hubiera unido con Vox para gobernar en Castilla-La Mancha y hoy estaría claudicando, como hacen el resto de comunidades autónomas, recortando los derechos de las mujeres y negando la violencia que se ejerce contra nosotras".

Sin embargo, mientras que todo esto ocurre en otras regiones, en Castilla-La Mancha se tiene claro que "las políticas de igualdad son una prioridad, que van a seguir siendo ejemplares y pioneras" en el país, como hasta ahora.

En este sentido, la consejera portavoz ha recordado el carácter pionero de la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha, aprobada en 2018 por unanimidad. Una norma que protege a las mujeres víctimas de la violencia, pero también a sus hijos e hijas, "algo que fue novedoso hace cinco años y que aún sigue siéndolo", al ser la única comunidad que reconoce a los menores como víctimas de la violencia machista, blindando además para ellos ayudas económicas.

Pero no solo en este sentido fue importante, puesto que también con ella se ampliaba el concepto de violencia a sus distintos tipos, adaptando la normativa regional al Convenio de Estambul.

"Si tuviéramos que aprobarla hoy no podría aprobarse por unanimidad", ha subrayado Padilla, "porque tendríamos a un PP y Vox en contra de estas políticas, y que votaría en contra de la aprobación de esta ley".

Discursos y acciones de los gobiernos de PP y Vox en otros territorios que "están debilitando a las víctimas", denunciaba la consejera portavoz, quien considera "muy graves" estos planteamientos negacionistas y llamadas, como la realizada por el líder de Vox, Santiago Abascal, a los cargos de su partido para "boicotear" los actos oficiales de condena de la violencia contra las mujeres, apartándose de la celebración de esos actos y pidiéndoles mostrar carteles contra el Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de pancartas que condenen la violencia de género.

Un boicoteo que también se ha sentir en Castilla-La Mancha, que se ha vuelto a quedar también este año -el segundo consecutivo- sin declaración institucional en el Parlamento autonómico ante la imposibilidad de consensuar el texto. Propuestas había, tanto por parte del PSOE como del PP -no así de Vox que se ha quedado al margen aunque condicionando ya el resultado-, que finalmente tampoco han sido capaces de cerrar un único texto entre acusaciones de politización y utilización de las víctimas.