TOLEDO.- La Ley de Eutanasia cumple tres años desde que fuera aprobada, aunque su aplicación queda lejos de lo previsto por la legislación, con una duración media del procedimiento de 75 días frente a los 35 que marca la ley. Plazos que en el caso de Castilla-La Mancha están por debajo de la media nacional, aunque desde el Ejecutivo regional se admite que "se deberían aligerar" puesto que en ocasiones el avance de las enfermedades es muy rápido.
Así lo ha señalado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, al ser preguntado por la aplicación de esta ley y las críticas de la asociación Derecho a Morir Dignamente que denuncia que denuncia una duración media del procedimiento que supera el doble del máximo establecido por ley.
En Castilla-La Mancha a lo largo de 2023 solicitaron la eutanasia 58 personas y se llevaron a cabo 17, según ha explicado el consejero, quien se ha mostrado partidario de que se reduzcan los tiempos en la ley, puesto que entre las primeras razones por las que finalmente no se completó el proceso se encuentra el fallecimiento del paciente a la espera de resolución. Junto a ello también fueron motivo para no llevarse a cabo el no darse las condiciones oportunas para ello según los criterios profesionales y en otras ocasiones porque el paciente decidió no llevarla a cabo.
Por otra parte, y respecto a las críticas realizadas desde Derecho a Morir Dignamente en relación a la no publicación de los datos por parte de las comunidades autónomas, Fernández Sanz ha precisado que, según está recogido en la ley, corresponde al Ministerio de Sanidad aportar los datos del país y por comunidades autónomas, ya que las autonomías deben facilitar sus respectivos datos en una plataforma telemática al terminar el año, tal y como hizo Castilla-La Mancha los últimos días de 2023.
Otro de los puntos contemplados en la ley era la creación de un registro de médicos objetores de conciencia. Una cuestión que si bien fue objeto de polémica en febrero de 2022, cuando profesionales del Hospital Universitario de Toledo una presunta criticaron la falta de confidencialidad en la recogida de datos, a efectos prácticos ha quedado sin efecto, puesto que, según ha explicado este martes el consejero de Sanidad, en Castilla-La Mancha ningún profesional sanitario se ha declarado objetor de conciencia para no aplicar la eutanasia.
